miércoles, 12 de junio de 2013

Amaiur, ‘abogado’ de los etarras

Pide en una carta a Interior que no deje a los detenidos en manos de la Guardia Civil
 
Artur Mas ha construido una imagen que estigmatiza a las empresas catalanas, a los productos catalanes y a los propios catalanes y  es fomento de la catalanofobiaNo tardaron mucho. A las pocas horas de que la Guardia Civil detuviera a dos presuntos miembros de la organización terrorista ETA, la coalición abertzale legalizada Amaiur trató de convertirse en su mejor aliado, en su mejor abogado defensor.
Uno de sus diputados, Iker Urbina, remitió ni corto ni perezoso un escrito, con membrete del Congreso de los Diputados, al Ministerio del Interior; más concretamente, a su titular, Jorge Fernández. En ella pedía al ministro que ordenara que los dos presuntos terroristas, que formaban parte de un comando legal (no fichado) de ETA autor de varios atentados, fueran conducidos directamente al juez de la Audiencia Nacional responsable de la actuación, Ismael Moreno, y que evitara que quedaran en poder temporal de la Guardia civil, cuerpo responsable de su captura.
En su carta habla de malos tratos y de torturas. Desliza que con su petición trata de evitar que la Guardia Civil se los inflija a los detenidos. Y habla de Europa. Y habla del Comité anti Tortura para justificar su, cuando menos, novedosa petición. Es la primera vez que Amaiur se pronuncia así en una misiva directa al jefe de la Guardia Civil.
«A la luz del reciente dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de María Atxabal, al informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas (CPYT) de fecha 30 de abril y las diferentes resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a denuncias de torturas por parte de la Guardia Civil, por ejemplo en el caso de Martxelo Otamendi, me dirijo a usted para solicitarle que no se proceda a la aplicación del régimen de detención incomunicada de las dos personas detenidas y se les ponga de manera inmediata a disposición judicial», solicita Urbina al Ministerio del Interior. Se refiere a Jon Lizarribar Lasarte, vecino de Urnieta, de 37 años, y Rubén Guelbenzu González, de 39, vecino de Andoain, detenidos como presuntos integrantes del comando Izarbeltz. A este comando se le atribuye, entre otros, la comisión de dos atentados con coche bomba en Pamplona y Zaragoza en el año 2002 y otros dos con pequeños artefactos explosivos en sendas empresas de las localidades navarras de Azagra y Arguedas que eran objeto de extorsión por parte de la banda terrorista. La aplicación de la ley antiterrorista sigue vigente y para los investigadores es una pieza clave para lograr seguir tirando de los hilos, de las relaciones de los detenidos con más miembros de ETA.
El Ministerio del Interior recibió con sorpresa y estupefacción esta inaudita solicitud. Los responsables del Departamento dirigido por Jorge Fernández no tuvieron la menor duda a la hora de tomar una decisión y optaron por archivar la carta sin atender la curiosa y poco ortodoxa petición.

Dos detenidos por cuatro atentados sin esclarecer

Su jefe les alabó en una carta por una bomba en un supermercado «que pudo ser terrible»

El presunto jefe de Jon Lizarribar y Rubén Guelbenzu se deshizo en elogios sobre su trabajo y consideró oportuno informar a la superioridad en una carta. Aunque la verdad es que lo hizo en términos un poco prosaicos: «Como sabéis, pusieron el coche como era debido. Como no les salió la anterior – «los mejores nos fallan ¡kaguendios!» (sic)– juntaron los 10,5 kilos de plastilina con los 95 kilos que les pasamos nosotros». El resultado, según los agentes de la Guardia Civil que les detuvieron durante la madrugada de ayer, fue el atentado contra las instalaciones del Corte Inglés de Zaragoza en 2002.

El presunto jefe de los dos presuntos terroristas –que se refiere a ellos como el comando de «Los dos», oficialmente Izarbeltz (Estrella Negra)– continua la misiva poniendo empeño en explicar a la dirección de ETA los motivos por los que no murieron decenas de personas como hubiese sido su propósito: «Cuando aparcaron, la primera y segunda planta estaban cerradas con vallas y tuvieron que aparcar en la tercera. En consecuencia, la acción provocó menos daños... Si hubiese sido posible colocar [el coche bomba] donde nosotros queríamos, la destrucción hubiese sido terrible. Recordad, además, que [las autoridades] tuvieron tiempo de sacar casi todos los vehículos del parking pero no de cerrar todas las tiendas. Aun así, quedó muy bien».

El jefe etarra finaliza explicando que piensa «poner» a sus subordinados «en otro trabajo», en el «asunto de los morosos» y que puede hacerse en otoño. Efectivamente, Los dos-Itzarbeltza perpetraron ese atentado, el realizado contra la Universidad de Navarra, también en 2002, y colocaron dos artefactos explosivos en dos empresas «morosas», es decir, que se negaban a pagar la extorsión etarra.
Y hasta la madrugada de ayer, como otros muchos terroristas, se comportaban como si jamás nadie pudiese molestarles por ello. En estos momentos, sólo desde 2006, hay 20 atentados cuya autoría se desconoce. Los terroristas que los cometieron están tranquilamente en sus casas o, en el mejor de los casos, en prisión pero cumpliendo condena por otros delitos. En total hay más de 300 atentados por esclarecer mientras los dirigentes de Sortu trabajan para impedir que se detenga a sus autores.
Por ahora, la Guardia Civil está convencida de que puede demostrar que los miembros del comando Los dos-Itzarbelt son Lizarribar y Guelbenzu después de años de una minuciosa investigación que ocupa más de 300 folios y que se remonta a 2002, el momento en el que la carta le fue incautada al entonces jefe del aparato militar de ETA, José Antonio Olarra Guridi.

Guridi había sido el destinatario. Se la había mandado el jefe del complejo Basajaun compuesto por cuatro comandos cuyo cometido también viene recogido en el informe de gestión remitido a la cúpula: Finolis (oficialmente Ezkaurre), Nuevo y Muy Nuevo, Los Dos y Equipo de Rugbi.
La prueba de que hay mucho pendiente es que se desconoce quién fue el redactor de la carta y que, de los 16 etarras que formaban parte del complejo, hay 11 por identificar. Y eso que se sospecha que son los autores de los asesinatos de Manuel Giménez Abad, el presidente del PP aragonés, del sargento José Luis Veiga, o de los policías Bonifacio Martín y Julian Embid.

Para las dos últimas detenciones, los agentes primero se fijaron en esa carta. Después comprobaron que en los famosos papeles de Susper, con los sobrenombres Itzarbelt1 e Itzarbel2, se identificaba a Lizarribar y Guelbenzu. Y finalmente, han investigado decenas de agendas de dirigentes etarras detenidos, cuyos acrónimos e iniciales les delatan. Ha sido un difícil encaje de bolillos pero desde hace dos meses los guardias civiles creen que ya no hay duda sobre su culpabilidad.

Lizarribar y Guelbenzu habían pasado por prisión por otros asuntos. Cuando Lizarribar regresó a España en 2007, tras cumplir una corta pena por pertenencia a ETA en Francia, nadie se preguntó por qué se había ido en 2003 porque, tras los rescoldos de la negociación, no era el momento. Tampoco se disponía de tanta documentación. El juez decidirá si acaba su presunta impunidad.
Sortu reclama que no los arresten
Hay en estos momentos más de 300 atentados por esclarecer, entre ellos, varios cometidos por el ‘complejo Basajaun’ al que Jon Lizarribar y Rubén Guelbenzu – en la foto – , presuntamente pertenecían. Ayer, no obstante, los portavoces de Sortu, en lugar de pedir a los etarras que colaboren, aseguraron que las detenciones son «una agresión al proceso de construcción de la paz» y reclamaron la aplicación de la «justicia trasnacional» para que no se efectúen más arrestos. Varios simpatizantes se enfrentaron a los ‘ertzainas’ en el momento de los registros efectuados por la Guardia Civil.

Cierran la causa contra Pikabea

La Audiencia archiva la investigación al etarra arrepentido que reabrió una víctima
 
La Audiencia Nacional confirmó ayer el archivo de la causa abierta contra el etarra arrepentido Joseba Pikabea Ugalde. La Sección Tercera de lo Penal ha concluido que sigue sin haber indicios suficientes para llevarle a juicio por su participación en el atentado contra la casa cuartel de Andoain en 1979, que dejó a un guardia civil muerto y otro herido.

Este último, Miguel Ángel Madariaga, lleva años luchando para que se termine de aclarar el atentado. Tras dos archivos previos, el año pasado logró una nueva reapertura del caso. Pero el tribunal presidido por Alfonso Guevara coincide con la Fiscalía y con el juez instructor, Fernando Andreu, en que «se han practicado cuantas diligencias de instrucción han sido precisas para la investigación de los hechos y procede confirmar el auto de conclusión».

El único indicio, dice, es que se usó en el atentado un arma empleada por el comando que actuaba en la zona y del que Pikabea era miembro.

En estos últimos meses fueron interrogados en la Audiencia los miembros del comando Adarra: José María Aramburu Lete, Francisco José Lujambio y el propio Pedro Pikabea. En su declaración por videoconferencia, Pikabea se negó a responder a la preguntas y alegó que era un hombre nuevo y que no entendía por qué se volvía sobre el asunto. Fue una respuesta peliaguda, teniendo en cuenta que disfruta de salidas de prisión por cumplir condiciones como la de colaborar con la Justicia.

Consciente de las posibles consecuencias, Pikabea mandó rápidamente un escrito al juez de vigilancia penitenciaria. «Mi intención no fue en ningún momento la de negarme a declarar ante la Justicia, sino decirle que no tenía nada que declarar ya que no participé en el atentado al que se hacía referencia. Por lo tanto, tampoco tengo conocimiento de quién o quiénes pudieron ser los partícipes en el mismo», redactó. Acababa así la esperanza de Madariaga de que, al estar en la vía Nanclares, Pikabea se decidiera a hablar.

Madariaga ha dirigido dos cartas pidiendo a Pikabea que colabore. En la segunda, entregada en mano por Consuelo Ordóñez al director de la cárcel, Madariaga le expresaba su disposición a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y el juez para que no recibiera una pena extra si reconocía su responsabilidad. No recibió respuesta. Madariaga sí la tiene a las últimas palabras de Pikabea en la Audiencia: «Yo también era un joven idealista con la vida por delante, pero me la destrozó. Necesito justicia para cerrar la herida».

Urkullu lanzará su plan de paz para presos de ETA

Exige a la Ertzaintza un ‘compromiso’ con los derechos humanos

El Gobierno nacionalista de Iñigo Urkullu promoverá su propio plan de «reinserción social» de los presos de ETA que procurará atraer tanto al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que es quien ostenta en exclusiva la competencia de las cárceles, como a los reclusos, que podrían inscribirse en diferentes itinerarios dentro de la ley. El Ejecutivo, que llamará a este programa Hitzeman (dar la palabra), considera que es un instrumento necesario para «la paz y la convivencia» y pretende elaborarlo este año y aplicarlo a partir de 2014.

Su gabinete sabe que será un brindis al sol si no cuenta con el apoyo del Gobierno popular, pero espera que la respuesta del PP pueda variar si ETA se desarma.

Urkullu anunció ayer esta iniciativa en la presentación del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 que ha redactado el ex fundador de Elkarri y hoy secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. Contiene 18 iniciativas que resumen las intenciones del Gobierno a lo largo de la legislatura en lo que respecta al ocaso de ETA y a las otras violencias relacionadas con ella, que engloba en el concepto de «contraterrorismo ilícito»: desde los GAL hasta los abusos policiales y torturas en la lucha contra la banda.

En lo referido a los presos de ETA, Fernández se propone diseñar varios «itinerarios» que «dentro del marco legal» puedan asumir los condenados por terrorismo según su «perfil». Estos deberían asumir un compromiso con la «paz», mientras que el Gobierno español les garantizaría un acceso más fácil a los beneficios penitenciarios.

Tampoco pasa desapercibida la intención de impulsar para finales de 2015 un «Compromiso Social de la Ertzaintza por la Convivencia y los Derechos Humanos», para «renovar y reforzar» el compromiso de la Policía con los principios democráticos y «profundizar» en su «relación de identificación con la sociedad vasca».

Cuando este diario preguntó por qué el Gobierno no atiende una de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas como es impulsar el esclarecimiento de los 326 crímenes de ETA sin resolver, el lehendakari respondió que aparecerá reflejado en los informes.

Autovía a la paz


Urkullu tiene un plan que ha elaborado su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández. Soy un seguidor, casi un admirador de este hombre, un artista de la mediatriz desde sus comienzos. En Lurraldea, con un trazado para la autovía de Leizarán equidistante entre la posición de ETA y la de las instituciones. En Elkarri, entre las víctimas y los victimarios, in medio virtus.
Tras su paso por el Centro por la Paz de Aranzazu, Baketik, el lehendakari lo ha llamado a su lado. En los últimos 20 años, Jonan ha ido perdiendo equidistancia y hoy se encuentra lejos del concejal batasuno que fue. A él se debe la idea de formar a la Ertzaintza en Derechos Humanos, como si albergara dudas sobre el respeto de los policías autonómicos a los detenidos. Curiosamente, no se proponen formar en esa materia y otras adyacentes a los cargos de Bildu, EH Bildu y Amaiur, que están mucho más necesitados.

Prevé un plan de reinserción y cambios en la política penitenciaria, asuntos en los que la CAV carece de competencias. Propone una investigación sobre los casos de torturas y la adopción de las medidas pertinentes, pero, en cambio no propone nada para aclarar y castigar los 326 asesinatos de ETA impunes y sin esclarecimiento policial; no se puede estar en todo.

La propuesta cita en tres ocasiones un plazo concreto: «Los acontecimientos violentos y traumáticos de los últimos 80 años». ¿Por qué 80?, se preguntará cualquier lector desprejuiciado. ¿Qué pasaba en 1933? Hubo en mayo de aquel año una sangría por los choques armados de pistoleros socialistas, –protegidos por las autoridades, según Tierra Vasca–, y peneuvistas, en Sestao y Baracaldo, según cuenta el historiador José Luis de la Granja. Tal vez un pellizco de monja al PSE.

Lo fascinante de Jonan es que ha pasado de encabezar la facción ecologista del MLNV a mediador e ideólogo de la paz y a constructor de la convivencia, con el mismo lenguaje, germanía de un perito de caminos entreverada con una logorrea de vendebragas de baratillo. Lean cómo se explicaba en sus tiempos de Elkarri (1994): «El objetivo se centra en dar un impulso determinante al momento actual». Algo mejorada su prosa, cultiva la misma voluntad de estilo, idéntica la sintaxis caprichosa en el plan que presentó ayer: «Arrastramos inercias que nos devuelven una y otra vez a los bucles del pasado».

Después de todo, en un país que no distingue las metáforas del lenguaje recto, quien ha trazado una autovía de Irurzun a Andoain ha de saber trazar un camino que nos lleve desde el conflicto hasta la paz.

No le darán el Príncipe de Asturias de las Letras, pero tal vez sí el de la Concordia, además de ser un ejemplo de indudable superación personal que acertó a subrayar el lehendakari al nombrarlo: «¿Acaso preferimos que todos sigan siendo de Herri Batasuna?».

Investiga torturas pero no asesinatos de ETA. No puede estar en todo

1 comentario:

  1. Han tardado poco, en saltar diciendo improperios como siempre, y a favor de los asesinos, espero que el ministro nio les haga ni caso.
    Y los del pene en uve, a sacar tajada como siempre del terrorismo.

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