lunes, 30 de abril de 2012

Vitoria podrá excarcelar etarras enfermos


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 30/04/2012 ESPAÑA/El Mundo
  • El País Vasco tiene en exclusiva la competencia en sanidad penitenciaria desde 2011
    .Hay que plantar cara a la desvergüenza de los sindicatos y de la izquierda que pretenden ganar con algaradas callejeras lo que han perdido en las urnasEl pasado 24 de junio, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero cedió al País Vasco las competencias en materia de sanidad penitenciara. En aquel momento, la responsable de Prisiones, Mercedes Gallizo, aprobó esta cesión en el marco de un proyecto más amplio encaminado a que el resto de comunidades asumieran la sanidad penitenciaria.

    Las decisión del entonces Ministerio del Interior del PSOE no tenía visos de estar vinculada con la política antiterrorista o con los presos de ETA. Pero han pasado los meses, casi un año, y la cesión de estas competencias no se ha ampliado a otras comunidades autónomas. Las llaves para posibles maniobras con internos en aras de su salud quedan así en manos del Ejecutivo vasco.

    Los informes médicos internos de las prisiones han sido, son y serán claves de cara a la evolución de la condición penitenciaria y del cumplimiento de las penas.

    Así, ahora, con el nuevo plan integral de reinserción de presos de ETA anunciado por el ministro del Interior, esta cesión de competencias cobra mucha más relevancia. Porque la propia evolución está demostrando que con el resto de comunidades no se ha suscrito a esta cesión sanitaria. Es decir, desde el Ejecutivo de Zapatero se cedió las competencias sanitarias al País Vasco en una clara maniobra política de largo alcance.

    Como explican fuentes penitenciarias, las opiniones médicas sobre los internos suelen ser «palabra sagrada». Es decir, los centros penitenciarios suelen atender los criterios de los especialistas y sus recomendaciones sobre los presos.

    Recuerdan que esos médicos dependen del Gobierno vasco y que, aunque la decisión que se adopte sobre la situación penitenciaria de un interno enfermo debe contar con el visto bueno del Ministerio, que sigue teniendo las competencias generales, no pasa casi nunca que una gestión médica se rectifique por parte de la autoridad gubernativa.

    El nuevo plan encaminado a la reinserción de presos terroristas desvelado por el ministro Jorge Fernández facilita a los reclusos de ETA que se desmarquen de la organización un camino que, vía cursillos de educación cívica, les permita acercarse a cárceles vascas para, posteriormente, optar a la reinserción.

    Si se produce un importante cauce de apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo, la llegada a prisiones del País Vasco durante los próximos meses puede ser importante. Y este flujo de internos de ETA tendrá que acceder al sistema interno sanitario de los recintos carcelarios, que ya estará en manos del Gobierno vasco, cuyo lehendakari se ha mostrado partidario, por activa y por pasiva, de un acercamiento masivo de presos de ETA a las cárceles vascas. Patxi López, durante las últimas semanas, ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy un movimiento claro, en política penitenciaria, que permita «consolidar» el mal llamado proceso de paz.

    Se da la circunstancia, también, que desde la izquierda abertzale también se ha presionado al Ejecutivo para que excarcele a cerca de una veintena de presos enfermos. Las asociaciones cercanas a ETA han insistido en esta petición.

    Si se avanza en este nuevo plan integral de reinserción y se produce el previsible acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, esa excarcelación por motivos de salud podría estar más cercana.

    Las reacciones tanto del Gobierno vasco como del PNV aplaudiendo este nuevo plan integral del Ejecutivo llevan a la conclusión de que este movimiento era el gesto que se estaba esperando por parte del Gobierno, un movimiento que no sorprendió ni al PSOE ni al PNV.

    Especialistas en política vasca contextualizaron este movimiento del Ejecutivo con la cesión de competencias sanitarias en prisiones llevado ya a cabo hace casi un año por el Gobierno socialista. A esta cesión y su proyección futura ante un previsible acercamiento importante de presos de ETA tampoco fue ajena ni el PP ni el PNV.

    Estos analistas entienden que estos movimientos estratégicos responden a un proyecto más amplio en el ámbito carcelario llevado a cabo ya a finales de la legislatura pasada. Recuerdan cómo el PP, en la última etapa del Gobierno de Zapatero, levantó la presión en sus críticas por la negociación con ETA. De hecho, no preguntó ni una sola vez en el Congreso, ni por escrito ni de forma oral, por los movimientos penitenciarios con los presos de ETA.

    Tras el cambio electoral, la política se centró en la «generosidad y la inteligencia», palabras utilizadas por el ministro del Interior para definir los parámetros con los que actuaría en la lucha antiterrorista, en su política penitenciaria.

    EL MUNDO desveló el encuentro entre el ministro y el presidente del Gobierno saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la propia sede del Ministerio del Interior. En aquel encuentro, el ministro tomó nota a mano en no menos de una docena de folios de los datos que le aportaba el saliente inquilino de La Moncloa.

    Durante ese peculiar y discreto encuentro, sobre la mesa, la política antiterrorista contra ETA. Tras develarse el encuentro, el ministro aseguró que su Departamento no tenía ninguna hipoteca y que no tenía líneas de actuación marcadas, descartando así que Zapatero le estuviera entregando datos sobre su hoja de ruta con ETA.

    Ahora, desde mediados de la anterior legislatura, la cercanía entre el PSOE y el PP en la política penitenciaria era clara y la comunicación intensa. Estas voces recuerdan la primera reacción de Rajoy cuando ETA hizo público su comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia: se había logrado esta situación «sin concesiones políticas»

    JUANFER F. CALDERÍN VITORIA

    30/04/2012 ESPAÑA


    .Covite cree que el Gobierno central promueve ya los puntos que contempla el acuerdo de Guernica, firmado entre otros por la ilegalizada Batasuna. Así lo evidenció ayer el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «asumir» la hoja de ruta diseñada por la banda terrorista con el nuevo plan de reinserción esbozado desde Madrid.

    «No es éste el camino. No se puede estar hablando de que hemos derrotado a ETA y asumir, al mismo tiempo, la hoja de ruta que dicha banda ha diseñado a través del denominado acuerdo de Guernica», argumentó.

    A juicio de Covite, el Gobierno «está cediendo» en todos los apartados del acuerdo. Entre ellos, la no aplicación de la Ley de Partidos; la legalización de formaciones políticas «proetarras»; el impulso de la participación de agentes internacionales «en el denominado conflicto con la conferencia de Aiete»; el reconocimiento de la violencia del Estado y la flexibilización de la política penitenciaria


  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 30/04/2012ESPAÑA

  • PSE y Batasuna negociaron en 2011 la política penitenciaria

    .Covite cree que el Gobierno central promueve ya los puntos que contempla el acuerdo de Guernica, firmado entre otros por la ilegalizada Batasuna. Así lo evidenció ayer el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco. En un comunicado, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «asumir» la hoja de ruta diseñada por la banda terrorista con el nuevo plan de reinserción esbozado desde Madrid. «No es éste el camino. No se puede estar hablando de que hemos derrotado a ETA y asumir, al mismo tiempo, la hoja de ruta que dicha banda ha diseñado a través del denominado acuerdo de Guernica», argumentó. A juicio de Covite, el Gobierno «está cediendo» en todos los apartados del acuerdo. Entre ellos, la no aplicación de la Ley de Partidos; la legalización de formaciones políticas «proetarras»; el impulso de la participación de agentes internacionales «en el denominado conflicto con la conferencia de Aiete»; el reconocimiento de la violencia del Estado y la flexibilización de la política penitenciaria

  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 30/04/2012 ESPAÑA

  • PSE y Batasuna negociaron en 2011 la política penitenciaria

    Pactaron antes de las elecciones generales del 20-N un plan escalonado de acercamientos y excarcelaciones de etarras
    . Los socialistas vascos y los dirigentes de la izquierda abertzale negociaron en el verano de 2011 el cambio de la política penitenciaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Se trataba de una suerte de plan escalonado de acercamientos de los presos de ETA a las cárceles vascas y de salidas en diferentes fases de una cantidad que podía rondar el centenar. La celebración anticipada de las elecciones generales impidió que los compromisos que se habían alcanzado se llevasen a la práctica, pero el Gobierno vasco y los dirigentes del PSE han seguido defendiendo ante el Ejecutivo de Rajoy las medidas entonces pactadas.

    Los socialistas y los dirigentes de Batasuna pusieron encima de la mesa una flexibilización general de la política penitenciaria basada en tres puntos fundamentales: el acercamiento progresivo de los reclusos de la organización a las cárceles vascas, la puesta en libertad de los presos enfermos y una interpretación flexible de las condiciones para acceder a la libertad condicional.

    A pesar de que la organización terrorista en sus comunicados y algunos de los dirigentes de la izquierda abertzale sostienen que la única salida que conciben para el colectivo de reclusos es la amnistía, los dirigentes de Batasuna no realizaron esa exigencia.

    El primer punto, y que consideraron que debía ser tratado de un modo más urgente, fue el de la excarcelación de los presos que la izquierda abertzale asegura que están enfermos. En aquellos momentos, en el listado presentado había unos nueve, de los que ahora quedan unos siete: Jesús Mari Hernando, Gotzone López, Inmaculada Berriozabal, José Ángel Biguri Camino, Iñaki Etxeberria, Jesús Mendinueta Flores y José Arizkuren Ruiz Kantauri.

    La solicitud de la libertad de los presos enfermos es una exigencia recurrente en la izquierda abertzale y en ETA. En el proceso de negociación iniciado en 2005, los dirigentes de la organización pusieron encima de la mesa la excarcelación de varios reclusos, entre los que se encontraba Uribetxeberria Bolinaga. Cuando el enviado del Gobierno preguntó con aprensión si ese era el secuestrador de Ortega Lara, el representante de ETA le respondió: «Dirás el que tiene cáncer, ¿no?».

    La cuestión es considerada tan importante por los radicales que, cuando el Gobierno hizo público el llamado plan integral de reinserción, una parte de la izquierda abertzale lo consideró una demostración de que el Ejecutivo se movía, pero no suficiente. «Pensábamos que lo primero que iba a ocurrir es que iban a ser excarcelados tres presos enfermos», aseguraron en alusión a las conversaciones que habían mantenido con los socialistas.

    Cuando se abordó el asunto del acercamiento progresivo de penados a las cárceles vascas, los abertzales aceptaron la posibilidad de que éste se produjese por fases y de que, en la primera de ellas, no todos los presos fueran instalados en los centros de Vitoria, Bilbao o San Sebastián, sino que se les permitiera estar en otras instalaciones cercanas. Los negociadores de la izquierda abertzale aceptaron asimismo que los presos que estuvieran en situación de reclusión preventiva se quedaran en los centros de Madrid, para facilitar su traslado a los juicios que tuvieran pendientes en la Audiencia Nacional. Aceptaron así que fuera modificándose de forma progresiva el mapa de la dispersión.

    El tercer punto abordaba una flexibilización de la aplicación de la ley similar a las posibilidades que ofrece el plan integral de reinserción, pero que iba mucho más allá. Se estuvo abordando la posibilidad de aplicar de un modo menos riguroso la ley, para que pudieran salir de prisión quienes habían cumplido las tres cuartas partes de la condena. La izquierda abertzale calcula que unos 125 presos podrían encontrarse en esa situación.

    Entre los asuntos abordados también se trató la doctrina Parot. Los abertzales daban prácticamente por hecha su desactivación y no era la primera vez. También en las negociaciones con ETA, los enviados del Gobierno aseguraron que se estaba hablando con los miembros del Alto Tribunal para intentar arreglar la situación. Esta expectativa, no obstante, se ha visto defraudada, porque el Constitucional ha confirmado la doctrina establecida en una decisión que ha provocado el enfado de un grupo numeroso de reclusos. Algunas fuentes señalan que el anuncio del plan de reinserción del Ejecutivo cuando todavía no estaba finalizado ha tenido que ver con esta situación.

    Convocadas y perdidas las elecciones por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Vitoria ha venido defendiendo la continuidad de los planteamientos que se realizaron en esas reuniones. Sus protagonistas no han trascendido, aunque, en reuniones previas a esa fecha, estuvo presente el portavoz socialista en la Cámara vasca, José Antonio Pastor. Después de las pasadas Navidades, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y Jesús Loza, comisionado para la Convivencia y la Memoria del Gobierno vasco, han venido manteniendo reuniones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para consensuar el plan integral de reinserción anunciado por el Gobierno. Los socialistas vascos lo acogieron manifestando que era un primer paso del Ejecutivo en la buena dirección.

    domingo, 29 de abril de 2012

    El ministro tiene un Plan


  • VICTORIA PREGO
  • 29/04/2012ESPAÑA/El Mundo


  • Que por la cuota catalana te salga un Ministro del Interior 'tonto del bote', es la cosa más fácil del mundo

    El Plan Integral de Reinserción de los Terroristas, anunciado de aquella extravagante manera el jueves pasado por el Ministerio del Interior, cogió a todos con el paso cambiado. Pero a todos, todos. Empezando por el mismísimo presidente del Gobierno.

    A primera hora de esa mañana, apenas media hora antes de que la agencia Efe distribuyera la noticia, un miembro de la dirección del Partido Popular recibía una llamada urgente procedente del círculo más próximo a Mariano Rajoy. El mensaje era el siguiente: «Voy a ver si consigo proporcionaros algún argumentario rápidamente porque está a punto de declararse un incendio, y un incendio grave, además. El ministro del Interior va a lanzar esta iniciativa...».

    En esos momentos el mentado ministro del Interior ni siquiera estaba en España. Estaba en Luxemburgo. Horas después, tras haber celebrado desde allí una rueda de prensa, Jorge Fernández cogía un avión hacia Madrid, de modo que los responsables de la calle de Génova tampoco pudieron hablar con él para ver cómo encaraban una información que sabían de sobra que iba a abrir a toda página los informativos de ese día y los periódicos del día siguiente.

    Y, para colmo, estaba previsto que ese jueves el presidente Rajoy compareciera en rueda de prensa después de su entrevista oficial con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Y, ahora que se sabe que Mariano Rajoy se enteró esa misma mañana de lo que su ministro había decidido anunciar sin encomendarse a nadie, se explica la evidente incomodidad del jefe del Gobierno a la hora de responder a la prensa y se explica también la manifiesta contradicción entre sus palabras y el contenido de la noticia que ya la agencia Efe había distribuido. Rajoy dijo que «el Gobierno no varía su política antiterrorista y no la va a variar». Y dijo más: «Es mucho mejor que haya gente que, al final, pida perdón, que se arrepienta. Pero eso, insisto, no supone ningún beneficio penitenciario».

    Claro, pero es que lo llamativo del plan del ministro es precisamente que, para que el Gobierno los acerque a las cárceles del País Vasco, los presos etarras ya no van a tener que reconocer sus culpas, pedir perdón por ellas y colaborar con la Justicia. Basta con que declaren que quieren dejar de pertenecer a la banda. Y, con eso, antes no bastaba.

    Imposible, pues, cuadrar las palabras del presidente con la iniciativa del ministro. Imposible también, y por el mismo motivo, cuadrar con el plan de Fernández la interpretación que Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, hacía ante los periodistas minutos después de que hubiera hablado el presidente. Y es que Floriano repitió casi punto por punto las mismas frases que acababa de pronunciar Rajoy. Era el mismo argumentario, el que había sido armado a primeras horas de la mañana a toda prisa y sin más alternativas. Sencillamente, Jorge Fernández les había dado una sorpresa monumental y estaban reaccionando como podían, sobre todo atándose al palo mayor de los principios de la política antiterrorista defendida hasta ahora por el Gobierno.

    ¿Con quién había pactado entonces el ministro del Interior el anuncio de esta iniciativa que, sin disimulo posible, rebaja las condiciones a los presos etarras para que puedan estar en cárceles próximas a sus casas en el País Vasco? Con el PNV ya se ha dicho que no. Y con el secretario general del PSOE tampoco, por más que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo apoyen totalmente la medida.

    Eso no quita para que se sepa -y EL MUNDO lo ha publicado- que los contactos entre Batasuna y emisarios del Partido Socialista vasco se han estado produciendo durante meses siendo el PP el partido de la oposición y estando perfectamente enterado de esas conversaciones, sin que conste que se haya opuesto a ellas ni que las haya denunciado. Ahora que está en el Gobierno, el PP debería pronunciarse y decir si las aprobaba o no.

    Pero, volviendo a Fernández, ni siquiera pactó su anuncio, ni tampoco informó de él, a los dirigentes del PP en el País Vasco, que mantienen una posición política muy alejada de la que, diga lo que diga ahora el Gobierno, acaba de esbozar el ministro del Interior, quien, como dice uno de estos dirigentes, ha actuado «con buena intención y con el propósito de ayudar». Pero no hay más que revisar la intervención que el fin de semana pasado hizo en San Sebastián el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, para comprender que el anuncio del ministro les ha hecho un roto en su discurso y en su estrategia.

    Porque resulta que Basagoiti insistió el pasado día 21 en que, si ETA desaparece, se abrirá un escenario distinto para quienes soliciten la reinserción, siempre que -y esta es una cuestión esencial- reconozcan su culpa y se arrepientan de lo hecho.

    Y si ninguno de los políticos mencionados estaba al tanto de la intención del ministro, tampoco lo estaban las víctimas. Y no sólo no estaban avisadas: es que tampoco el ministro tenía el menor propósito de entrevistarse con ellas y darles explicaciones. De hecho, desde el jueves por la mañana, a Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, se le dijo que todas las asociaciones y plataformas cívicas serían recibidas por la directora general de la Oficina de Apoyo a Víctimas, Sonia Ramos. Pedraza rechazó la invitación y exigió ser recibida ella sola por el ministro. Después de esto, se sucedieron numerosas llamadas que fueron variando el lugar y también el nombre de su posible interlocutor. Y no fue hasta las 15.30 horas del viernes -es decir, al término del Consejo de Ministros- cuando recibió una respuesta positiva: sería recibida por el responsable de Interior. «Yo creo que para entonces alguien le había leído ya la cartilla», dice ella.
    Hasta aquí, los datos de lo sucedido el jueves. Y ahora, las consideraciones.
    La pretensión del ministro del Interior de que la oferta que acaba de hacer a los presos etarras va a provocar un debilitamiento de las posiciones entre el colectivo de reclusos no se sostiene en ninguna experiencia anterior.

    De hecho, la vía Nanclares, abierta por el anterior Gobierno del PSOE para facilitar el acercamiento a la prisión alavesa a los miembros de ETA que decidieran desvincularse de la banda, pedir perdón por sus crímenes -ante las autoridades penitenciarias, no ante sus víctimas- y comprometerse a pagar la responsabilidad civil, ha obtenido un resultado muy pobre. Apenas 20 presos etarras de los más de 500 se han acogido a esa fórmula. Los demás se han reafirmado en su pertenencia a la organización criminal después del anuncio de la banda de no volver a asesinar. Y eso es porque todavía esperan una solución colectiva, y política, a su caso.

    No hay, por lo tanto, motivos que permitan pensar que una relajación de las condiciones va a provocar ni una desbandada de los presos en pos de la ruptura con la banda, ni una división interna entre los reclusos acuciados por el cebo que el Gobierno les acaba de poner. Por el contrario, es mucho más probable que suceda lo que ha venido sucediendo siempre hasta ahora: que los terroristas interpreten como un signo de debilidad cualquier concesión del Gobierno. Y esta nueva generosidad del plan integral lo es. Aunque la ley no se modifique y su aplicación tampoco.

    Por otra parte, el acercamiento de presos era hasta ahora una potestad administrativa que, puesto que no tenía relación con la aplicación de beneficios penitenciarios -que está regulada por ley- era discrecional. Y ahora resulta que el ministro le da una categoría superior y la incorpora a un plan integral con condiciones tasadas. Con lo que sólo consigue atar las manos del Gobierno reglando sus decisiones. Y, encima, sin tener en absoluto garantizado el éxito. Y si se espera que ETA haga algún anuncio, que lo haga a pelo porque su situación se lo demande, no porque pueda venderlo como premio a una concesión de nuestra democracia.

    Porque si se permite a los terroristas que se beneficien de la generosidad del Estado sin que previamente hayan reconocido su culpa y se hayan arrepentido ética y políticamente de ella, estaremos dando pie a que los asesinos concluyan que hicieron lo que había que hacer. Y que ha merecido la pena porque, gracias a la estrategia sangrienta de la banda, ahora es posible que su objetivo político tenga presencia y fuerza en el Parlamento vasco. En ese escenario de argumentación, los votantes de Batasuna crecerán como la espuma. Y eso es lo que cualquier Gobierno democrático tiene la obligación de combatir.

    El resultado, de momento, es que el plan del ministro ha irritado a las víctimas; ha provocado la desconfianza de una parte muy importante de la sociedad española; y da pie a que los jefes de ETA interpreten que el Estado puede ceder aún más. Mal balance.

    Rajoy va a ir dentro de 15 días al Congreso del PP vasco. Pero, por mucho que lo intente, por muy contundente que sea su discurso político ese día, no va a poder sacar la pata de donde la ha metido su ministro de Interior.
     victoria.prego@elmundo.es

  • J. M. ALONSO IRÚN
  • 29/04/2012 ESPAÑA

  • La izquierda 'abertzale' dice «no» a Rajoy

    Etxeberria rechaza que los presos de ETA se vean sometidos a «nuevas exigencias»

    . El Plan Integral de Reinserción de los Terroristas, anunciado de aquella extravagante manera el jueves pasado por el Ministerio del Interior, cogió a todos con el paso cambiado. Pero a todos, todos. Empezando por el mismísimo presidente del Gobierno.

    Primero fue acogido con frialdad. Ahora, es rechazado abiertamente. El plan integral para la reinserción de los terroristas propuesto por el Gobierno español no satisface las demandas de la izquierda abertzale porque se enmarca en «una política de excepción» contra los presos de ETA que se desarrolla «con criterios exclusivamente políticos».

    Para fundamentar su rechazo a esta iniciativa, el histórico dirigente Rufi Etxeberria denunció ayer que los derechos que les «corresponden» a los reclusos de ETA «no pueden estar sometidos a nuevas exigencias» del Gobierno español para proceder a su traslado al País Vasco, caso del necesario perdón a las víctimas del terrorismo. En primera instancia, según enfatizó, hay que «levantar esta situación de excepción» y acercar a los reclusos etarras para, en una segunda fase, «responder al llamamiento» al diálogo con ETA que se recoge en la Declaración de Paz de Aiete.

    Que por la cuota catalana te salga un Ministro del Interior 'tonto del bote', es la cosa más fácil del mundoDe este modo, la izquierda abertzale sigue sin apreciar ningún tipo de avance del Gobierno en materia penitenciaria, como por contra así lo perciben el PNV y el PSE. Los radicales ya se negaron a abrazar la denominada vía Nanclares con la que el Ejecutivo del PP ofrece una salida a los reclusos etarras que se arrepientan de sus actuaciones criminales y pidan perdón a sus víctimas. La respuesta a este inicial planteamiento ha sido en forma de advertencia de que la solución será generalizada y afectará a los más de 700 presos que sitúa en el saco. Ahora, la antigua Batasuna rechaza el nuevo movimiento del Gobierno para presionar a Mariano Rajoy en su objetivo de lograr el acercamiento de todos los reclusos al País Vasco con la amnistía general como telón de fondo.

    Su portazo al plan de reinserción de los terroristas, que también cuenta con el repudio de las asociaciones de víctimas de ETA, se plasmó en un acto en el que las fuerzas abertzales rubricaron un compromiso para impulsar la construcción nacional vasca. Las formaciones que integran Amaiur (la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba) y el partido del País Vascofrancés Abertzaleen Batasuna (AB) suscribieron en Irún un acuerdo para desarrollar una estrategia basada en la «acumulación de fuerzas» que derive en el «reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir» y la consecución de la independencia.

    Una vez «superados el conflicto político y la violencia en Euskal Herria», demandan un «diálogo sin exclusiones» para avanzar en la consecución de una paz que pasa por el fin de la política de «dispersión» con los presos de ETA. En su estrategia, las cinco fuerzas urgen al «reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepción», ya que es un «paso que servirá para reconocer todo el sufrimiento y conocer todas las verdades». El documento de trabajo conjunto, ideado a corto plazo para abordar el asalto abertzale a Ajuria Enea, tiene la defensa de «Euskal Herria como nación soberana» como finalidad.

    Por otra parte, el colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira volvió a exigir ayer el fin de la «dispersión» tras el accidente de tráfico sufrido por los allegados de los pamploneses Txetxu Barrios e Iñaki Beaumont cuando regresaban de visitarles en la prisión de Granada.

    Por su parte, el parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria afirmó ayer que el plan de reinserción es un «paso positivo, pero insuficiente y de muchísima menor entidad» que las medidas que José María Aznar adoptó durante la tregua de 1998 y 1999, cuando acercó a Euskadi a 135 presos y excarceló a 300 presos, 30 de ellos con delitos de sangre. «En un contexto político en el que ETA ha anunciado que desaparece definitivamente y la tregua es definitiva, cómo vamos a actuar con menos visión de futuro que cuando hubo la tregua temporal», dijo, según Europa Press.

    sábado, 28 de abril de 2012

    El ministro acusa a la mujer de Alcaraz de 'buscar venganza'


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 28/04/2012 PORTADA/El Mundo


  • Jorge Fernández pierde los nervios y rehúsa retirar su plan para etarras
    Parar la bola de la quiebra socialista puede retrasar la remontada hasta el 2.016 . El ministro del Interior, Jorge Fernández, mantuvo ayer tres reuniones con víctimas del terrorismo para explicarles su nuevo plan de reinserción. Y en una de ellas perdió los nervios y acusó a Mamen Álvarez, mujer del presidente de Voces contra el Terrorismo, José Alcaraz, de «buscar venganza». El ministro, que después le pidió disculpas, rehusó retirar su plan.
    Las víctimas exigieron ayer al Gobierno la retirada de su Plan de Reinserción Integral de presos terroristas. Pero se encontraron con un rotundo no. Tuvo que ser el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se reuniera con las asociaciones de víctimas del terrorismo. El malestar que existía entre ellas tras conocer por los medios de comunicación los nuevos planes del Ejecutivo respecto a los presos de ETA era enorme.
    Pero las reuniones de Fernández no lograron calmar el temporal. Las espadas siguen en alto porque las víctimas se han sentido y se siguen sintiendo «traicionadas».
    En uno de los tres encuentros que el ministro mantuvo con las víctimas del terrorismo perdió incluso los nervios. Fue cuando trataba de justificar por «razones humanitarias» algunas de las decisiones adoptadas con los presos de ETA. A lo que Mamen Álvarez, portavoz de Voces contra el Terrorismo, le recordó la «humanidad» que tuvo ETA con sus víctimas. Álvarez es la mujer de Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, que perdió a sus dos sobrinas y su cuñado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

    Parar la bola de la quiebra socialista puede retrasar la remontada hasta el 2.016En ese momento, el ministro acusó a Álvarez de buscar «venganza». A lo que, en un tenso diálogo, la representante de las víctimas le dijo que lo que reclama es «justicia». Al finalizar el encuentro, Fernández Díaz, le pidió disculpas al entender que no había estado acertado en sus apreciaciones. Álvarez le trasladó también un mensaje de Encarnación Carrillo, viuda de Manuel Indiano, concejal del PP asesinado por ETA. Le dijo que había recaído en su depresión tras conocer las intenciones del Gobierno de reorientar su política penitenciaria. Carrillo le pidió que trasladara el mensaje al presidente Rajoy.
    La tensión fue enorme. En este grupo estaba, además, la representante de Foro Ermua Inma García de Cortázar, que se mostró también muy dura con la nueva línea de Interior en política penitenciaria, y que aseguró que el plan refuerza esa «gran victoria de ETA».

    Tras conocerse el nuevo plan que elude la petición de perdón a las víctimas para comenzar a acceder al proceso encaminado a la reinserción, éstas levantaron la voz con rotundidad. Hablaron de «amnistía encubierta», de «impunidad», de «traición». Interior les convocó a una reunión urgente para el mismo día en que se conoció el plan, el pasado jueves, pero tuvo que ser aplazada hasta ayer. Hubo debate entre las principales asociaciones sobre si acudir a la cita o hacer un plante al ministro. Entendían que Interior no había jugado limpio con ellas.

    Ayer, le pidieron la retirada del plan, a lo que el ministro se negó en redondo; le reclamaron que recupere la exigencia de pedir perdón a las víctimas para acercar a los etarras a prisiones del País Vasco, pero de nuevo se encontraron con la negativa del ministro. Fernández Díaz insistió en que el Gobierno no está negociando con ETA, que este plan no significa una modificación de la política penitenciaria y que los presos, para ser reinsertados, deberán cumplir con todos los requisitos de la ley.
    Y hubo quien, parafraseando al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, le preguntó que, si no se cambia nada, para qué se pone en marcha «un nuevo plan». El ministro enmarcó estas medidas en una batería de actuaciones encaminadas a tratar de romper las estructuras de la banda. De hecho, según Interior, esta iniciativa pretende llevar «al sendero de la ruptura con ETA» a esa veintena de etarras que se encuentra en las prisiones de Zuera (Zaragoza) y Villabona (Asturias), consideradas los laboratorios de Instituciones Penitenciarias. Esos presos no terminaban de dar el paso para acogerse a la vía Nanclares, pero habían mostrado síntomas de alejamiento. Con este plan se trata de empujarles del todo a dar el paso. En este grupo están algunos de los etarras más destacados, como Pakito o Santi Potros.

    Fernández se reunió en solitario con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, quien aseguró sentirse «traicionada y engañada». «Me temo que ese requisito [la petición de perdón] no va a estar», reconoció. «Antes no estábamos de acuerdo con la vía Nanclares y no estamos de acuerdo ahora con el plan integral», indicó Pedraza, que teme un acercamiento «masivo» de presos.


  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 28/04/2012 ESPAÑA

  • El Gobierno podrá liberar a etarras que deben cumplir íntegramente sus penas

    El Plan de Reinserción Integral conocido el jueves permite que el Gobierno ponga en libertad a los etarras obligados a cumplir íntegramente sus condenas y que sortee así el endurecimiento del Código Penal aprobado por el Gobierno de Aznar en 2003. El Ejecutivo se guarda la potestad de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, utilizado por el Gobierno socialista para conceder la libertad de facto a aquellos etarras que se hubieran acogido a la vía Nanclares y que no cumpliesen los requisitos temporales para acceder al tercer grado penitenciario.

    La posibilidad de que el Gobierno use el 100.2 con este fin está totalmente asumida y considerada natural por los miembros del Ejecutivo vasco que han estado reuniéndose con el ministro del Interior para elaborar el proyecto.

    La primera vez que se puso en práctica este artículo fue con el objetivo de excarcelar al etarra Iñaki de Juana Chaos. Los populares criticaron la medida por múltiples razones, entre las que se encontraba el hecho de que, en ese caso, se estuviera cediendo al chantaje de un terrorista, pero también porque desnaturalizaba una medida jurídica que estaba pensada para otros fines. Dos años más tarde, el Ejecutivo socialista puso en marcha la vía Nanclares, que consistía en recompensar con el acercamiento a las cárceles vascas a los etarras que hubiesen verbalizado su ruptura con ETA y estuviesen dispuestos a pedir perdón a sus víctimas.

    Una veintena de miembros de la organización terrorista se sumó a esta vía, que también proporcionaba una flexibilización de su situación carcelaria. Consiguieron más permisos, algunos pudieron acceder al tercer grado, y otros pudieron salir a trabajar o a estudiar durante el día por decisión administrativa.
    La ventaja que confiere el 100.2 es que la decisión puede ser tomada por el Gobierno, aunque después tenga que ser ratificada por el fiscal y el juez de vigilancia penitenciaria. De ese modo salió de prisión hace unos meses José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el número 3 de la cúpula de ETA detenida en Bidart y cuya condena vencía el 22 de octubre de 2020.

    Los populares no protestaron con la instauración de esta vía de la que estaban informados por Rodríguez Zapatero. Al contrario, una vez en el Gobierno, una de las primeras tomas de posición por parte del ministro Fernández Díaz fue la de ratificar su conformidad y su validez.
    La interpretación del artículo 100.2 que se ha instaurado finalmente permite al Ejecutivo excarcelar de facto a presos que hubiera sido imposible de otro modo que no fuera el indulto que viesen la calle antes de cumplir 30 años de condena. En virtud, precisamente, de la modificación del Código Penal realizada por los populares en 2003 y que contemplaba el cumplimiento íntegro.

    Hasta ese momento, las reducciones de condena se hacían desde el periodo máximo que podía cumplirse en prisión, que eran 30 años. A partir de la modificación, las reducciones se aplicaban a la condena total, que podía ser de miles de años. Los etarras arrestados después de 2003 estaban destinados a cumplir 40 años o, como poco, 30 si un juez revisaba esta consideración. A menos que fueran indultados o, ahora, que se les aplique el 100.2 si cumplen los requisitos.

    Ayer, la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, se negó a responder a las preguntas que se le hicieron sobre el plan de reinserción. Se limitó a contestar a todas las cuestiones con el mensaje que quería colocar el Ejecutivo: que el Gobierno no negocia ni va a negociar con ETA y que, por lo tanto, los presos no pueden esperar nada de una negociación. Ni siquiera quiso entrar a valorar si el Ejecutivo pudo haber actuado de otro modo en la difusión de la iniciativa para molestar menos a las víctimas.

    Cuando se le pidió que aclarara si los etarras tenían que pedir perdón para ser acercados se ciñó a la fórmula: «Como exigencia previa se exige que el terrorista haga una declaración pública y solemne de abandono». Y volvió con lo de que el Gobierno no va a negociar. En resumen: se abaratan las condiciones del traslado a cárceles vascas y no hace falta pedir perdón a las víctimas.

    viernes, 27 de abril de 2012

    Sin perdón

  • ROSA DÍEZ
  • 27/04/2012 ESPAÑA/El Mundo

  • .En algo se equivoca el Gobierno en el Plan de Reinserción de asesinos cuando lo aplauden quienes sabotean sistematicamente todas sus iniciativas «No, no he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado (en los hechos: no de palabra, y no demasiado tarde) haber cobrado conciencia de las culpas y los errores del fascismo [...] y que esté decidido a condenarlo, a erradicarlo de su conciencia y de la conciencia de los demás. En tal caso sí, un no cristiano como yo está dispuesto a seguir el precepto judío y cristiano de perdonar a mi enemigo; pero un enemigo que se rectifica ha dejado de ser un enemigo». Primo Levi. Leo entre la perplejidad y el bochorno las aclaraciones del ministro del Interior en relación con el plan integral para la reinserción de terroristas que han anunciado que va a poner en marcha. Si por la mañana me sentí engañada al conocer la noticia, cuando he leído las explicaciones del ministro me he sentido completamente traicionada como ciudadana. O sea, que el Partido Popular, que llegó al Gobierno de la Nación prometiendo a los ciudadanos que iba a ser implacable con los terroristas y asegurando que exigiría el cumplimiento íntegro de las penas para los presos encarcelados por delitos de terrorismo, ahora nos dice que no sólo no exigirán los mínimos establecidos en la ley para optar a los beneficios penitenciarios -petición de perdón, desvinculación de la organización terrorista y colaboración con la Justicia-, sino que relajarán esas exigencias cuando los asesinos sean terroristas. Dice el Gobierno de Mariano Rajoy que los terroristas ya no tendrán que pedir perdón a sus víctimas para ser considerados reinsertables en una sociedad democrática a la que quisieron destruir; dice el Gobierno de Mariano Rajoy que los terroristas que quieran reinsertarse -o sea, que quieran acceder a beneficios penitenciarios- ya no tendrán que colaborar con la Justicia para resolver los más de 300 crímenes de ETA que aún no han sido esclarecidos ni juzgados. O sea, que el Partido Popular ha llegado al Gobierno para hacer aquello que ni siquiera el PSOE se atrevió a hacer con luz y taquígrafos. El PP ha llegado para hacer el trabajo sucio a quienes siempre quisieron tratar a los terroristas como si fueran unos chicos descarriados a los que hay que premiar por haber decidido que, de ahora en adelante y en tanto les demos la paga y les guardemos respeto, nos perdonarán la vida. Y dice el ministro del Interior que todo este plan es producto de aquella enmienda que presentaron conjuntamente PNV, CiU, PSOE y PP para rechazar la propuesta de UPyD de ilegalizar a Bildu y Amaiur. O sea, que la cosa era para eso; que no se trataba, como explicaron en la tribuna del Congreso de los Diputados, de reforzar el compromiso contra ETA, sino de ceder ante ETA en una de sus eternas reivindicaciones: que se trate a los terroristas como a presos políticos y se les aplique la Ley de forma más relajada que a otros asesinos. Qué cobardía la de este Gobierno, incapaz de explicar en sede parlamentaria su nueva estrategia en relación con la banda terrorista… Ahora nos dirán que no se han explicado bien. Pero su problema, señor Rajoy, es que lo hemos entendido perfectamente. Como dijo el ministro del Interior cuando le preguntaron por qué ahora hacían en esta materia cosa distinta que la que prometieron respondió, tan lacónico como sincero: «Ahora somos Gobierno». Ya lo dijo hace años Pilar Ruiz, la matrona de los Pagaza: «¡Qué solos se quedan los muertos!». Y los vivos también, diría yo. Al menos aquéllos que creyeron -entre los que me encuentro- que al menos en esta materia ustedes iban a comportarse. Qué vergüenza la de este Gobierno, que quiso enmascarar en un presunto pacto para fortalecer la unidad de los demócratas frente a ETA lo que no era otra cosa que una coartada para darle otro triunfo político… ¡Qué vergüenza, que cobardía y qué falta de honor! Qué quieren que les diga, su comportamiento es un fraude democrático para el conjunto de la sociedad, más allá de que hayan votado o no al partido que gobierna España. Sepan ustedes que, cuando renuncian a exigir que los terroristas pidan perdón, cuando renuncian a exigir a los terroristas que colaboren con la Justicia para esclarecer los crímenes impunes, cometen un acto de traición. ¿Se acuerdan de cuando le llamaban traidor a Zapatero? Pues aplíquense el cuento. Son ustedes, Gobierno de don Mariano Rajoy, señores del Partido Popular, los que no merecen perdón. Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión, Progreso y Democracia.

    El Gobierno acercará etarras que hagan cursillos cívicos


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 27/04/2012 PORTADA/El Mundo


  • Acogerse a la 'vía Nanclares' ya no exigirá que tengan que pedir perdón a las víctimas
    PSOE y PNV aplauden, pero Rajoy dice que no ha cambiado de política penitenciaria
    Mayor Oreja: «No se entiende bien que haya un plan y a la vez que no haya un cambio»
    En algo se equivoca el Gobierno en el Plan de Reinserción de asesinos cuando lo aplauden quienes sabotean sistematicamente todas sus iniciativas . El Gobierno lo pondrá en marcha de forma «inminente» y ya no será necesario pedir perdón a las víctimas. El nuevo plan integral para avanzar en la reinserción de presos de organizaciones terroristas no obligará a los internos a contactar con aquellos que sufrieron sus actuaciones.

    Los reclusos, fundamentalmente de ETA, deberán renunciar expresamente a la violencia y desmarcarse de su organización. A partir de ese momento, pasarán a realizar cursillos de ciudadanía en cárceles del País Vasco o de su entorno, es decir, se producirá el acercamiento. En una segunda fase, en la que obtendrían beneficios como permisos, terceros grados y libertades condicionales, el Ejecutivo sí exigirá que los terroristas pidan perdón.

    En algo se equivoca el Gobierno en el Plan de Reinserción de asesinos cuando lo aplauden quienes sabotean sistematicamente todas sus iniciativasLa iniciativa llega cuando desde el Gobierno vasco y la izquierda abertzale se ha aumentado la presión al Ejecutivo para que realice «gestos» sobre el colectivo de presos etarras que permitan «consolidar el actual proceso».
    Desde el Ministerio del Interior se insiste en que no se produce ningún cambio en la política penitenciaria, ningún tipo de relajación a la hora de exigir pasos claros a los presos de ETA para avanzar en su reinserción; que no se trata de conceder beneficios penitenciarios y que el objetivo es tratar de romper el bloqueo establecido por la banda terrorista para que sus presos no accedan a la vía Nanclares.
    Según Interior, bastará con que los terroristas muestren por escrito su renuncia a la violencia y a ETA para acceder a esta especie de educación para la ciudadanía en los recintos penitenciarios. El Gobierno asegura que esta política de generosidad se encuadra en la línea del acuerdo alcanzado en el Congreso el pasado 21 de febrero por PP, PSOE, CiU y el PNV, cuando consensuaron un escrito alternativo a la propuesta de UPyD que reclamaba la ilegalización de Bildu y Amaiur. Dicho texto apelaba a la unidad para buscar la disolución definitiva de ETA y reclamaba la construcción de la convivencia social «sobre los principios del Estado de Derecho» y la continuación de la lucha contra la violencia.

    El acercamiento a prisiones vascas es una decisión administrativa que se utiliza como un beneficio para aquellos presos que den claras muestras de arrepentimiento en todas las líneas. Hasta ahora, se accedía tras demostrar el alejamiento de las posiciones terroristas y, sobre todo, tras haber perdido perdón a las víctimas y haberse arrepentido de sus acciones criminales.

    En este proyecto de Interior se incluye también a los presos del Grapo, yihadistas e integrantes del crimen organizado. Pero el foco principal está en ETA.

    El ministro del Interior indicó ayer que los terroristas deberán mostrar su voluntad de dejar atrás el terrorismo de forma «clara, solemne y pública». Este nuevo plan de educación y pedagogía penitenciaria (similar a los talleres históricos que existen ya en prisiones) será de tratamiento individual.

    Hace no tanto tiempo, desde las filas populares, cuando estaban en la oposición, se apostaba por la dureza contra el terrorismo, el endurecimiento del Código Penal y el cumplimiento íntegro de las condenas. Ahora el mensaje del ministro es «generosidad e inteligencia» en la política penitenciaria en el «nuevo escenario».

    Hace apenas dos semanas, el propio ministro aseguró en el Congreso: «Los presos de ETA están cumpliendo sus condenas, que han sido establecidas por tribunales de Justicia de un Estado democrático, y los presos de ETA lo que saben es que la política del Gobierno se resume en el cumplimiento de la Ley Penitenciaria». Ya entonces defendió la «reinserción individualizada».

    Los internos que se sumen al programa participarán en «aulas» dirigidas a su educación en valores de convivencia. Además, tendrán formación para facilitar su inserción en la vida laboral. Los terroristas entrarán en el programa de forma voluntaria. No les eximirá, según Interior, de cumplir con los requisitos legales para poder acceder al tercer grado. Pero, en cualquier caso, el acercamiento al País Vasco es una decisión administrativa y política.

    Se pretende evitar así que los presos que no tengan voluntad de reinsertarse puedan sabotear el programa. «Quien no quiere reinsertarse no tiene sentido que forme parte del programa, ya que se requiere una actitud activa por parte del interno», indicó Interior. El Ministerio concedió el pasado mes de febrero el tercer grado al etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, y en abril a Joseba Andoni Díaz Urrutia.

    En cuanto al Grapo, como ya publicó EL MUNDO, siete de sus 38 presos en España han dado ya los primeros pasos hacia su reinserción, entre ellos el ex dirigente de la banda Fernando Silva Sande.
    Muchas cárceles españolas ya cuentan con talleres de reinserción para los presos a los que los miembros de ETA y el Grapo no suelen acudir al considerar estas actividades propias de presos comunes. Actualmente, en las cárceles españolas hay más de 500 presos de ETA, así como una treintena de grapos, alrededor de 50 es la cifra de presos islamistas y algo menos de 400 presos relacionados con delincuencia organizada.

    Ya durante la pasada legislatura, la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que se agrupan los disidentes, organizó talleres en los que participaron los propios terroristas con víctimas y representantes de la sociedad civil vasca. En la actualidad, hay una veintena de presos de ETA cumpliendo su condena en esta prisión alavesa.
    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Victoria Prego.


  • 27/04/2012 ESPAÑA

  • El PP les dice que nada ha cambiado

    Al vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, la comparecencia de Mariano Rajoy se lo puso fácil para repetir, apenas unos minutos después, el mismo argumento frente a las acusaciones de «traición» por parte de las víctimas: «No ha habido ni un solo cambio ni lo va a haber en la ley y el Estado de Derecho», fue su estribillo. A preguntas de la prensa, el 'número tres' comprometió sus explicaciones sobre el plan del Gobierno. De hecho, Iñaki Oyarzábal habló por teléfono con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. Sin embargo, el PP no propiciará ninguna reunión hasta conocer el resultado de las anunciadas por el propio ministerio. C. R. G


  • ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID
  • 27/04/2012 ESPAÑA

  • Perjuicios de un gesto 'fantasma'

    El plan no cambia los requisitos para la reinserción pero traslada la carga de la prueba al Gobierno, que parece tener que demostrar que no es inmovilista y no es el problema

    .El plan de reinserciones conocido ayer es el resultado de las reuniones habidas entre el Gobierno vasco -partidario del acercamiento de los presos a las cárceles vascas y de la legalización de Sortu- y el Gobierno español. En concreto, del «consenso» y el «diálogo» de ambas partes, según lo mantenido por una de ellas, que se inició aproximadamente en Navidad y que se ha desarrollado hasta ahora. En realidad, el plan global no está totalmente finalizado y, según las mismas fuentes, tiene una dimensión estratégica que es la de dividir al colectivo de presos de ETA e inocular la sensación de ansiedad y duda en éstos y en su entorno.
    Sus impulsores aseguran que son muchos los etarras que estaban convencidos de que, una vez declarado el cese definitivo, su situación se iba a resolver de forma rápida, pero han visto cómo esa inmediatez era un engaño. Y añaden que son muchos los familiares de los presos que se han acercado al Gobierno vasco solicitando una solución y que, una vez les ha sido ofrecida, no pueden desestimarla sin más y sin constatar que incurren en una contradicción. Es el modo, sostienen, de conseguir que «se cuezan en su propio jugo». «Nosotros les ayudamos a reinsertarse, ponemos todos los medios y los cursillos, pero la decisión es de la izquierda abertzale y de los etarras», dicen.
    El prediseño de este plan coincide también con un momento en el que los reclusos están discutiendo sobre todo lo que les atañe, incluido sobre si los 125 que tienen cumplidas las tres cuartas partes de la condena deben tomar actitudes individuales (adoptadas colectivamente y con permiso) para poder salir de la cárcel. Esta decisión implicaría, es cierto, un cambio de estrategia en ETA, que nunca ha aceptado salidas que no incluyeran a todo el colectivo, y confirmaría que necesita una espita de salida para bajar la presión en un sector que puede sentirse inquieto; pero, en realidad, plantearía un problema al Ejecutivo, que se vería ante la necesidad de decidir sobre decenas de casos más que delicados.
    Éste es el contexto en el que está concebido este plan. El hecho es que lo que ha trascendido de su configuración para la progresión de grados (el acercamiento es otro asunto), no introduce más novedades que las contenidas en el Código Penal y en la Ley Penitenciaria. De modo que la pregunta que se plantea es: ¿por qué elaborar un plan que sólo pretende ratificar las generales de la Ley?
    Puede que sea porque el Ejecutivo tiene datos que indican que hay presos tan hartos de su situación que, de forma masiva -ocasionando por tanto la degeneración interna del colectivo -, están dispuestos a acogerse a las reglas, y necesitan un cebo. Ésa sería probablemente la única razón que justificaría el planteamiento realizado.
    Pero si el plan no va a provocar esa descohesión nuclear sin precedentes (y a menos que el Gobierno tenga otros datos, no lo parece), el motivo de su elaboración parece ser el de dejar claro que el Gobierno no es el inmovilista -tal y como le acusan los radicales, los nacionalistas y los mediadores internacionales aleccionados por Batasuna- sino que, como ha dicho el PSE, «ha dado un paso en la buena dirección».
    Ese dato tan alabado puede tener, sin embargo, un efecto demoledor para el Estado, que no parece compensar las supuestas ventajas, porque hace que la carga de la prueba recaiga sobre él. ¿Por qué el Gobierno tiene que parecer poco o muy inmovilista? Los etarras y sus familias tienen todos los instrumentos para acogerse a la reinserción desde siempre. Si quieren una solución, tienen la oportunidad de ajustarse al Código Penal. Si no lo hacen y los presos se quedan en prisión, deberían ser ellos y la izquierda abertzale quienes se esforzaran en resolver su problema.
    Se alega que esa predisposición del Ejecutivo a recorrer un camino paso a paso, es una de las vías hacia la concordia. Parece que es el Gobierno el que ha de hacer demostraciones mientras quienes son el objeto de éstas siguen sin condenar a ETA, defienden la bondad estratégica de los atentados pasados y se resisten a pedir la disolución de la banda.
    Ayer, la izquierda abertzale se dividía entre quienes decían que no era el paso esperado, que lo deseable hubiese sido que el Ejecutivo hubiese puesto en libertad a tres presos enfermos «tal y como se comprometieron a hacerlo los socialistas en el Gobierno», y quienes lo saludaban como la demostración de que el Ejecutivo es capaz de moverse y que este gesto, en todo caso, tiene un valor pedagógico, porque sirve para mentalizar a las víctimas y a la prensa remisa de que hay un camino que se puede recorrer y al que se unirán tarde o temprano.

    El presidente Rajoy aseguró que no ha habido cambios en la política penitenciaria mientras sus socios de plan saludaban el paso dado. Los populares aceptaron la política del Gobierno socialista de dejar hacer a la izquierda abertzale para consumir a ETA, asumieron la vía Nanclares, la escenificación de Ayete y saludaron el cese definitivo apostillando que no se había hecho ninguna cesión política. Después, sólo han explicado que no se dará un paso hasta la disolución. Ayudaría que precisasen qué significa eso.
    ANÁLISIS


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 27/04/2012 ESPAÑA

  • Las víctimas hablan de «amnistía» y de «impunidad»

    El Ministerio del Interior convoca con urgencia a todas las asociaciones
    .Las víctimas del terrorismo recibieron ayer con profundo malestar los nuevos planes del Gobierno para acercar y reinsertar a presos terroristas. Las reacciones de las asociaciones de los que han perdido a los suyos a manos de ETA son de grueso calibre: van desde acusaciones de «amnistía encubierta» hasta «traición». Tan dura fue la reacción que el Ministerio del Interior trató de apaciguar los ánimos convocándolas a una reunión para hoy por la mañana.

    Al cierre de esta edición no estaba nada claro si las principales asociaciones acudirían a la convocatoria. Y es que, tras conocer las intenciones del Ejecutivo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) indicó que el plan para la reinserción de presos es «prematuro» porque ETA no ha dejado de existir, por lo que supone «una cesión a los intereses» de los terroristas.

    Considera que el mensaje que se traslada a los presos etarras con esta iniciativa es que «su lucha ha merecido la pena y que, gracias a su perseverancia, antes o después el Gobierno acabará cediendo a sus reivindicaciones».

    Por todo, la asociación calificó de «varapalo» para las víctimas este plan, sobre el que ya han pedido explicaciones a Interior y a Instituciones Penitenciarias, ya que no han sido informadas previamente. «Estamos en contra de cualquier programa basado en forzar reinserciones a cambio de beneficios penitenciarios o acercamientos, puesto que se forzarían reinserciones interesadas y no verdaderas reinserciones», indicó la asociación liderada por Ángeles Pedraza, que dice que la única ambición de las víctimas es que los presos cumplan íntegramente sus condenas y se consiga la derrota total de los terroristas. En declaraciones a la cadena Ser, Pedraza calificó la iniciativa de «amnistía encubierta».

    La asociación Voces contra el Terrorismo (VCT), liderada por Francisco José Alcaraz, expresó su más profundo rechazo a lo que califica como «un menosprecio a todos los asesinados y a los heridos por el terrorismo». En un comunicado indicó que la llamada víaNanclares «es un subterfugio creado por Rubalcaba en connivencia con ETA, al que se ha sumado Fernández Díaz al parecer con más entusiasmo».

    Según esta asociación, con esta vía «se pretende hacernos creer que hay una ETA mala y otra ETA buena».

    Para VCT, «toda esta cortina de humo quiere tapar un pago más a la banda para mantener vivo el proceso heredado de Zapatero con la banda». Califica de «deleznable» que el Gobierno de España ande más preocupado por contentar a ETA a través de sus presos que por encontrar al asesino de niños Josu Ternera, artífice de la negociación. VCT ha creado la plataforma Mujeres por la Justicia, que se presentará el próximo 10 de mayo en Madrid y anunciará movilizaciones mensuales para reivindicar que se cumpla la ley.

    Por su parte, la portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, aseguró que rechazarán este plan si no se exige a los reclusos que colaboren para esclarecer los 314 asesinatos de ETA pendientes. En declaraciones a Europa Press, la hermana del que fuera concejal del PP donostiarra Gregorio Ordóñez denunció que en la denominada vía Nanclares no se está cumpliendo la reclamación de las víctimas de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los atentados terroristas. Recordó que muchos de los que se han sumado a la citada vía son los «históricos» de la organización, «que son los que más crímenes tienen a sus espaldas».

    La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) exigió a Interior que rectifique su plan para la reinserción de terroristas porque considera «indignante» que dé su «beneplácito» a ETA para acercar a sus internos. DyJ acogió con «gran pesar y absoluta decepción» esta «inusual, inhabitual y decepcionante medida gubernamental». Para la asociación presidida por Daniel Portero, el hecho de que la iniciativa se extienda a otros grupos terroristas no persigue otra cosa que «encubrir el beneplácito gubernamental» a una de las exigencias «más antiguas» de ETA, la de acercar a sus presos al País Vasco. Acusó al Gobierno de continuar con la «impunidad penitenciaria» iniciada por el anterior Ejecutivo, pero de forma «más indignante», ya que ha rebajado «las exigencias» para los presos.

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt 'Las voces de las víctimas' .


  • PEDRO SIMÓN MADRID
  • 27/04/2012 ESPAÑA

  • Un laboratorio con 10 presos

    El plan se inspira en los talleres confidenciales entre víctimas y terroristas en Nanclares
    .El aula de informática como aforo, una pizarra al fondo, 25 metros cuadrados, un ponente venido de fuera carraspeando antes de hablar frente a un puñado de reclusos y 10 presos de ETA escuchando.

    La mitad de los oradores llevaba un escolta pegado a la espalda desde hacía 20 años. De la decena de internos, nueve tenían delitos de sangre, algunos con condenas que no podrían ser saldadas ni viviendo 30 vidas. Unos y otros, cara a cara.

    Así fue el laboratorio de la prisión de Nanclares.

    El plan integral del Gobierno para la reinserción de presos terroristas tuvo su primer mojón en la cárcel alavesa en octubre, cuando se pusieron en marcha de forma confidencial los llamados talleres de convivencia que reunieron a los presos más apartados de la banda y a diferentes personalidades que accedieron a reflexionar sobre las víctimas, el País Vasco, el terrorismo y el dolor causado.

    Por el lado de los reclusos participaron ex dirigentes como Urrusolo Sistiaga, Kepa Pikabea o Carmen Guisasola, entre otros. Entre las 13 personalidades de distintos ámbitos que fueron acudiendo a la prisión estuvieron el filósofo Manuel Reyes Mate, el ex rector de la Universidad del País Vasco Pello Salaburu, el periodista Gorka Landáburu o hijos de asesinados como el profesor Iñaki García Arrizabalaga. El desarrollo del proyecto corrió a cargo de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco y contó con el beneplácito de Instituciones Penitenciarias. Paralelamente, y con el mismo espíritu, tuvo lugar una docena de encuentros individuales entre terroristas y víctimas.

    Los talleres consistieron en 12 sesiones, a razón de una por semana, y respondían a la petición de determinados presos de la banda de «iniciar un proceso de reflexión crítica»: Euskadi, el proceso del fin de ETA, el reconocimiento del daño, las víctimas, la izquierda abertzale y un debate que duraba en torno a tres horas que podían haber sido cinco.
    Las comillas son de Xabier Etxebarria, coordinador de los encuentros, que recuerda que los ponentes salían «impactados» y que a los terroristas «les afectó muchísimo» el confrontar ideas.

    «Se trataba de dialogar y de reflexionar. De recoger lo que estos presos pueden aportar para la elaboración del relato de Euskadi. Un planteamiento de solidaridad con las víctimas, de asumir el dolor. Este relato ayuda a desmontar ese otro relato de ETA de que aquí hubo una guerra. No, no la hubo. Hubo unos que se dedicaron a asesinar a otros. Y en Nanclares lo están diciendo los que mataron», señala Etxebarria.

    Allí, en el aula de informática, los 10 internos eran el autodenominado «grupo de presos comprometidos con el irreversible proceso de paz». Hubo un dedo alzado entre los etarras y una pregunta que se repitió más que el resto: «¿Usted cuál cree que puede ser nuestra aportación?». Hubo un condenado que confesó: «En todos los años de prisión, esta va a ser la noche más difícil». Hubo huérfanos como Iñaki García Arrizabalaga -cuyo padre fue secuestrado y asesinado de un tiro en la nuca por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de la banda- que hoy nos cuenta la experiencia emocional «más fuerte» de toda su vida.

    «Acudí a los talleres a hablar con ellos. Me senté en una mesa y les hablé. Y ellos me hablaron. Me dijeron que matar no sólo fue un error, sino un horror. No sólo hubo una autocrítica utilitarista, sino ética. Después de horas hablando, encontramos algo en común. Uno me dijo: 'Yo tampoco quiero para mis hijos lo que he tenido yo'. Eso es. El futuro es lo que tenemos en común».

    Los 'populares' vascos aseguran que desconocían los planes de Interior

    Mayor Oreja compara el plan de reinserción con el 'proceso de paz' de Zapatero
    .En algo se equivoca el Gobierno en el Plan de Reinserción de asesinos cuando lo aplauden quienes sabotean sistematicamente todas sus iniciativasEl anuncio del Ministerio del Interior de poner en marcha un plan integral para la reinserción de los presos de ETA dejó ayer en fuera de juego a la plana mayor del PP vasco, que afirmó desconocer las intenciones del ministro, Jorge Fernández Díaz, así como el contenido del programa, según fuentes populares. Su líder y pieza clave en el discurso del PP en materia antiterrorista, Antonio Basagoiti, no recibió hasta ayer ninguna información sobre el plan por parte de un Gobierno que le había acostumbrado a hacerle partícipe de la mayoría de sus decisiones en la lucha contra ETA.

    Los populares vascos no vivieron ayer una jornada fácil tras amanecer con la inesperada noticia. Sin más dilación, sus dirigentes descolgaron los teléfonos. Necesitaban recabar datos in extremis para saciar, sin salirse del guión oficial, las demandas informativas de un País Vasco agitado por los cantos de sirena que llegaban desde Madrid y que eran celebrados por el Gobierno vasco y por el PNV.

    Lo cierto es que los dirigentes del PP vasco se enteraron por la prensa de un proyecto penitenciario que dejaba en entredicho el discurso de máxima exigencia al entramado de ETA-Batasuna que habían entonado en los últimos días. Ni siquiera su emisario en Madrid y secretario de Justicia y Libertades del PP nacional, Iñaki Oyarzabal, olió por los pasillos de Génova los planes de Fernández Díaz, que llevó con extraordinaria cautela sus planes incluso en la sede central del PP, según fuentes populares.

    Los dirigentes del PP vasco no pudieron disimular a nivel interno su decepción por la forma proceder del Ministerio del Interior, aunque públicamente optaron por cerrar filas en torno a Fernández Díaz y vender, «de la mejor manera posible», un programa que no respondía a ninguna reclamación del PP vasco, que se mantiene inalterable en su discurso exigente. El primero en lanzarle un capote a Fernández Díaz fue el propio Basagoiti, que afirmó que el programa del Ministerio del Interior va a decepcionar a ETA pues no va significar ni «impunidad para los presos, ni que los asesinos salgan gratis a la calle, ni una solución colectiva».

    El líder del PP vasco quiso restar júbilo al tono triunfalista entonado por el Gobierno vasco y el PNV tras el «nuevo paso» del Gobierno, al afirmar que este programa «no supone ninguna novedad».

    El discurso del ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja no tuvo nada que ver con el defendido públicamente por Basagoiti. Mayor Oreja comparó ayer la sensación generada por el plan de reinserción de Fernández Díaz con la situación creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el «mal llamado» proceso de paz para el País Vasco.

    El europarlamentario, que aseguró desconocer los pormenores de este plan, no dudó en mostrar su preocupación y, más si cabe, tras el «aplauso cerrado» del PSOE y el PNV. El dirigente popular afirmó no entender «bien» cómo desde el Gobierno se está afirmando que no va a haber un cambio de política penitenciaria cuando se está vendiendo la puesta en marcha de «un nuevo programa».
    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Josean Izarra. .



  • J. G. N. VITORIA
  • 27/04/2012 ESPAÑA

  • Gobierno vasco y PNV pugnan por apuntarse «el paso» de Interior

    . El anuncio del Ministerio del Interior sacó a relucir ayer que la pugna entre el Gobierno vasco y el PNV por liderar el proceso de paz en el País Vasco sigue a flor de piel. Ambos se atribuyeron el paso dado por el Ministerio del Interior en materia penitenciaria y lo enmarcaron como una consecuencia de sus continuos esfuerzos de trasladar en Madrid la imperiosa necesidad de flexibilizar la política penitenciaria para los presos de ETA.

    El primero en adjudicarse el tanto del nuevo programa de reinserción del Ministerio del Interior fue el Gobierno vasco, para cuyos mandatarios el anuncio del Ejecutivo central no hizo sino seguir y validar aún más las pautas defendidas por el lehendakari en su hoja de ruta para asentar la convivencia en el País Vasco y en la que recogía su apuesta por flexibilizar la política penitenciaria dentro de la legalidad vigente, como proponen desde Interior.

    Para más inri, el representante del Ejecutivo vasco para asentar la convivencia en la comunidad autónoma, Jesús Loza, vendió el «avance» del Gobierno central como «un paso en la buena dirección» para que los reclusos de ETA abandonen la banda y «fruto» de la estrecha colaboración entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el consejero vasco Rodolfo Ares. Unas declaraciones que, sin duda, perseguían el interés de reforzar el liderazgo del lehendakari en el proceso y su capacidad de maniobra con un Gobierno central ajeno al PSOE.

    El PNV siguió su ejemplo minutos más tarde. Su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, hizo memoria y recordó que su grupo parlamentario había propugnado siempre una política penitenciaria «más activa, abierta y flexible, que sirva para apuntalar el fin de ETA y consolidar la paz». El representante nacionalista también celebró como un éxito el hecho de que el Ministerio del Interior se haya decidido «a mover ficha», y emplazó al Ejecutivo central a dar más pasos en pos de una política penitenciaria más flexible.

    «Esperamos que este primer paso, que saludamos, venga acompañado por otros pasos que han de darse también en la misma dirección, y que cuenten con el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas», puntualizó Erkoreka

    jueves, 26 de abril de 2012

    El Gobierno asume la 'vía Nanclares' para facilitar el acercamiento de presos etarras

    NO HABRÁ QUE PEDIR PERDÓN

    El ministro dice que ETA ha engañado a sus presos diciéndoles que iba a ver "una negociación y una amnistía".

    J. Arias Borque / A. Martialay 2012-04-26/Libertad digital
    La vía Nanclares que iniciase Rubalcaba, plasmada por escrito. El Gobierno ha filtrado en las últimas horas los puntos principales de su nuevo Plan Integral de Reinserción, que va destinado no sólo va destinado a los quinientos terroristas de ETA que cumplen condena en las cárceles españolas, sino también a los otros quinientos que forman parte de otras estructuras terroristas, como los GRAPO, los grupos yihadistas o miembros del crimen organizado.
    Los terroristas podrán acogerse al nuevo plan con el único requisito de firmar por escrito que renuncian a la banda terrorista de la que han formado parte y al uso de la violencia. Exactamente igual que los que accedían ahora a la denominada vía Nanclares. Para iniciar el proceso no será necesario ni que pidan perdón, ni que colaboren con la justicia, ni que empiecen a hacerse cargo de la responsabilidad civil aneja a sus sentencias.
    Estos presos accederán entonces a un programa de educación en valores, que se desarrollará en las aulas de los centros penitenciarios, con el objetivo que reflexionen sobre el daño causado con su actividad terrorista y/o delictiva, y conozcan la realidad social en la que viven, para así poder integrarse de una forma más idónea a una sociedad democrática. Asimismo, participarán en cursos de mejora de su "capacitación socio-profesional", con el objetivo de facilitarles salidas profesionales una vez hayan abandonado la cárcel.
    Durante este proceso, no muy diferentes a los talleres que realizaron los presos acogidos a la vía Nanclares en las prisiones-laboratorio de Villabona (Asturias) o Zuera (Zaragoza) antes de ser acercados al País Vasco, los presos que se hayan acogido a estos programas podrían tener más facilidades para ser acercados a las prisiones más cercanas a su lugar de procedencia, a la comunidad vasca en el caso de los terroristas de ETA.
    La obtención de beneficios penitenciarios para estos terroristas sí requerirá de un paso mayor. Ya no sólo tendrán que renunciar por escrito, sino que también deberán pedir perdón a sus víctimas, colaborar con la justicia y hacerse cargo de las responsabilidades civiles a las que fueron condenadas. En estos requisitos tampoco hay ningún tipo de cambio respecto a lo que había hasta ahora, pues vienen expresamente reflejados en el código penal y la ley penitenciaria.
    En un comparecencia tras la reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la política del Ejecutivo "es la de la reinserción individual en el marco de la ley". "Para fomentarlo, es por lo que ponemos en marcha este programa. Si un preso pertenece a una organización terrorista, sea la que sea, tiene muy difícil acogerse si lo desea a la vía de la reinserción individual, las organizaciones terroristas no les dejan acogerse a ellas.
    "El programa pretende fomentar que renieguen de la organización terrorista a la que pertenecen. Si reniegan de ello, pueden ir desarrollando las tareas de reinserción, que no tiene nada que ver con los beneficios penitenciarios", prosiguió. "Este programa pretende impulsar esa vía de reinserción individual. No hemos negociado ni vamos a negociar nada con ETA", añadió.
    Según el ministro, "ETA ha engañado a sus presos diciéndoles que iba a ver una negociación y una amnistía", lo que habría hecho que desde el comunicado del alto el fuego definitivo del pasado mes de octubre, ningún preso de ETA se haya unido a la vía Nanclares.
    Presos con beneficios hasta hoy
    Actualmente, de la veintena de presos agrupados en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca –expulsados de la banda– sólo cinco de ellos gozan de un régimen abierto o de tercer grado. Se trata de un régimen de semilibertad donde los internos se acogen a los beneficios penitenciarios más amplios diseñados por la legislación vigente.
    Tanto el Código Penal como la ley Penitenciaria exigen unos requisitos muy concretos para que los presos por terrorismo puedan acceder a ellos: rechazo y desvinculación de la violencia, perdón a las víctimas, colaboración con la Justicia y hacer frente a las indemnizaciones civiles. Todos estos pasos tienen que ser verificados para que el preso pueda lograr el tercer grado.
     Estos beneficios consisten en salir durante el día de prisión para ir a trabajar o recibir cursos formativos y volver a sus celdas para pernoctar. Hasta ahora los cinco permisos de este tipo que se concedieron en los últimos años a presos de ETA se han sustentado en que los terroristas habían presentado por escrito su renuncia a la violencia y habían pedido perdón a las víctimas. Es el caso por ejemplo, del único permiso de este tipo concedido por el Gobierno de Rajoy que dio la libertad condicional al preso etarra José Manuel Fernández Pérez.
    No obstante, es menester recordar que más de un centenar de miembros de ETA encarcelados en España disfrutan de un régimen de segundo grado donde ya pueden acogerse a determinados beneficios.

    martes, 24 de abril de 2012

    L. I. / Bilbao

    A Loza le constan «pasos» del Gobierno

    El comisionado vasco para la Convivencia cree que Rajoy liberará a presos en breve
    El comisionado del lehendakari para la Convivencia y la Memoria, el socialista Jesús Loza, se mostró ayer confiado en la gestión del fin de ETA que está realizando y realizará el Gobierno de Mariano Rajoy, porque ha mantenido básicamente la línea del Ejecutivo anterior y porque le «consta» que «hay voluntad de ir dando pasos» hacia la concesión del tercer grado y la libertad condicional para aquellos presos que cumplan con la ley. «Veremos pasos adelante en... el próximo tiempo», garantizó.
    Loza, nombrado para el cargo como enlace entre los ministerios de Interior y Justicia y el Gobierno de Patxi López en todo lo relacionado con el ocaso de ETA, y hombre fuerte de la coordinación de la vía Nanclares en los últimos años, manifestó en ETB su sintonía con el Ejecutivo central, que, según dijo, le transmite que lo que necesita es «tiempo». «Sólo llevan cuatro meses en el Gobierno. Es importante que les demos tiempo», insistió.
    El comisionado rechazó la tesis de Brian Currin, quien este sábado aseguró que la desaparición de ETA sería un «riesgo», porque los reclusos no contarían con una organización para reintegrarse. Loza replicó que la banda es precisamente «el obstáculo» para sus presos, a quienes impide acatar la ley y sin cuya existencia la política antiterrorista no tendría sentido.

    lunes, 23 de abril de 2012

    El SUP cede a la AVT la acusación contra Manzano


  • MADRID
  • 23/04/2012 ESPAÑA/El Mundo

  • Los socialistas no han dejado nada, sólo los despojos de 6 millones de parados . El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cederá la representación letrada en la acusación popular contra el jefe de los Tedax durante los atentados del 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, a la asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), según han asegurado a Efe fuentes del sindicato.

    A principios de abril, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a las cuatro acusaciones populares personadas que se presentaran bajo un mismo letrado, dando así la razón a Manzano, que denunció que «la proliferación» de acusaciones vulneraba su derecho de defensa.

    Hasta ahora, estaban personadas como acusación popular el SUP, la AVT, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) y el sindicato Manos Limpias.

    La Audiencia madrileña dictaminó que las cuatro deberían litigar bajo la representación letrada del SUP, que fue la primera acusación en personarse.

    El caso contra el ex jefe de los Tedax está a expensas de que el Supremo resuelva los recursos de casación planteados contra el sobreseimiento de la causa, decidido el 7 de febrero por la Audiencia de Madrid al entender que era un hecho ya juzgado.


  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 23/04/2012 PORTADA

  • Silva Sande y otros seis grapo se acogen a los beneficios de la 'vía Nanclares'

    . La vía Nanclares, uno de los recursos del Gobierno para romper el llamado colectivo de presos de ETA, sirve para otras tramas terroristas aún existentes en España. En concreto, para los Grapo.

    Al menos siete de sus miembros se han acogido a esta vía, que abre la puerta a la reinserción a cambio de ofrecer su arrepentimiento y de pedir perdón a las víctimas.
    La inició el anterior Ejecutivo y el actual entiende que es una de las vías políticas utilizables frente al colectivo de presos etarras. La denominada vía Nanclares se centra en los integrantes de la organización etarra, pero también sirve para otras tramas terroristas que aún existen en España, aunque estén dando ya sus últimos coletazos.

    Se trata de los Grapo. Según explicaron a este periódico fuentes penitenciarias, durante los últimos años un importante y representativo grupo de presos de esta banda se ha decidido a dar los pasos fijados para poder acogerse a esta vía, que permite obtener beneficios penitenciarios concedidos por la Administración y comenzar a salir de la cárcel antes del cumplimiento íntegro de las penas.

    Según estas fuentes, al menos siete internos que formaban parte de las estructuras criminales más duras de los Grapo, una banda terrorista compuesta históricamente por integrantes «irreductibles», han dado pasos para avanzar en esta vía que abre la puerta a la reinserción. Entre los siete suman cerca de 200 años de condenas.

    Se le denomina vía Nanclares porque es la prisión alavesa de Nanclares de la Oca donde el Ministerio del Interior reúne a los presos de ETA que han dado muestras de dar algún paso para arrepentirse. Nanclares y la cárcel de Villabona son las denominadas laboratorios donde el Ministerio del Interior «acerca» a presos de ETA que tienen ya un perfil que hace suponer que, en cualquier momento, pueden romper con las estructuras férreas de la organización terrorista.

    Así, según explicaron estas fuentes, destacados miembros de los Grapo han dado ya pasos firmes en esa dirección y están a falta de cumplir la condena requerida por la legislación; en algún caso, como el de uno de los más representativos, Fernando Silva Sande, que incluso demostró ya en público, durante los últimos juicios a que fue sometido en la Audiencia Nacional, su alejamiento de la banda. Sande, uno de los implicados en el secuestro del empresario aragonés Publio Cordón, calificó públicamente a los Grapo de terroristas y llegó a afirmar: «Hay que tener bastante fanatismo y ser bastante cretino para militar ahí». Publio Cordón fue secuestrado por los Grapo en junio de 1995. El terrorista, al menos en dos ocasiones, trató de señalar a la Guardia Civil el lugar exacto en el que, según su testimonio, fue enterrado el empresario, que murió accidentalmente en una zona de los Pirineos.

    Pero no es éste ni el primero ni el último de los grapos que ha dado pasos para desmarcarse claramente de la banda terrorista. Incluso alguno de los integrantes que se han incorporado a esta vía ya han disfrutado de un primer permiso fuera de la prisión.

    Según estas fuentes, la mayoría de los miembros de los Grapo que están ya en esta vía han sido condenados por crímenes con muertos. Silva Sande, por ejemplo, participó en el asalto a un banco en el que murieron dos guardias civiles, entre otros crímenes.

    Israel Moleón Martínez es el último de los presos de los Grapo que ha pasado a formar parte de este colectivo que ha roto con las estructuras terroristas.

    Además de Moleón y Silva Sande, Guillermo Vázquez Bautista, con una condena pendiente de 30 años, no sólo ha tomado esta vía sino que, ya en diciembre pasado, pudo disfrutar de su primer permiso penitenciario. Así, este grapo salió de prisión el 30 de diciembre del pasado año y regresó al centro penitenciario de Badajoz, donde cumple condena, el 3 de enero siguiente; un permiso de cuatro días.

    En la denominada vía Nanclares están también Jesús Merino del Viejo, internado en el centro penitenciario de Alicante, donde cumple condena por varios delitos, pero ninguno de sangre.

    Delitos de asesinatos
    No es el caso de María Jesús Romero Vega, internada en el centro carcelario de Huelva, condenada por asesinatos. Gemma Rodríguez Miguel se encuentra presa también en Alicante por pertenencia a banda armada y estragos, entre otros delitos. La séptima integrante de los Grapo que se aleja de la trama terrorista es Esther González Ilarraz, internada en la prisión de Huelva. También cumple pena por asesinato.
    Según estas fuentes, los terroristas han manifestado por escrito (y alguno incluso en público) su renuncia a la violencia y a los Grapo, han pedido perdón a las víctimas y se han comprometido al pago de la responsabilidad civil. Aún les quedan condenas a todos antes de cumplir el último trámite legal.
    El último interno que se ha acogido a esta vía firmó un escrito en los siguientes términos: «El rechazo y condena de la utilización del terrorismo como medio para la consecución de objetivos políticos, pasando en lo sucesivo al empleo exclusivo de vías políticas y democráticas existentes, lo que de forma automática implica la renuncia futura a la integración en organizaciones que hagan de la violencia un medio para la obtención de fines políticos. El reconocimiento del sufrimiento generado por la existencia y la actividad de los Grapo, lamentando las víctimas ocasionadas por ellos y a las cuales deseo expresar mi petición de perdón. La total y completa desvinculación con respecto a los Grapo», indica el texto suscrito por algunos de los miembros de esta trama terrorista.

    sábado, 21 de abril de 2012

    El PSOE vota contra las sanciones a Argentina e n Estrasburgo


  • JAVIER G. GALLEGO BRUSELAS CORRESPONSAL
  • 21/04/2012 PORTADA/El Mundo

  • Los socialistas votan en Europa contra España y a favor del bandolerismo argentino El grupo socialista en el Parlamento de Estrasburgo votó ayer en contra de pedir a la Comisión Europea que suprima las ventajas arancelarias a Argentina, como respuesta a la expropiación de YPF. El voto negativo se produjo a pesar de que la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, había asegurado que su partido apoyaría al Gobierno en este conflicto. Los socialistas europeos se desmarcaron de la medida al considerarla «desproporcionada». Viene de primera página El Partido Socialista Europeo votó a favor de toda la resolución redactada por los grupos parlamentarios a excepción del punto octavo, el más práctico y concreto, porque es el único que incluye una medida sancionadora contra Argentina. En concreto se «insta a la Comisión Europea y al Consejo a que estudien y adopten en defensa de los intereses europeos cuantas medidas sean necesarias para evitar que se produzcan situaciones como la actual» y para ello mencionan la retirada del país suramericano del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), una herramienta comercial destinada a los países considerados «pobres», a los que se les da una serie de ventajas para promover la importación de sus productos. En la práctica, el SPG supone imponer unos aranceles más bajos que al resto de países desarrollados y, hasta ahora, la economía argentina se ha beneficiado de este sistema para un 27% de sus exportaciones a la UE, especialmente en productos estratégicos para el país como el biodiesel, el aceite de soja o el tabaco, entre otros, con un valor aproximado de 2.800 millones de euros anuales. Los socialistas votan en Europa contra España y a favor del bandolerismo argentinoLa gran mayoría de los eurodiputados socialistas votó en contra de este punto, con la excepción de cinco votos a favor y cuatro abstenciones, alegando que «el grupo defiende una solución del conflicto basada en el diálogo y la negociación» y por considerar que esta respuesta sería desproporcionada, según justificó después el eurodiputados Enrique Guerrero. Junto a ellos, votaron en contra de esta propuesta los Verdes, IU y la Alianza de Liberales. El PP ha pedido explicaciones a los socialistas por este voto en contra, que considera «cicatero», según el portavoz popular de Exteriores en el Congreso, José María Beneyto. La suspensión de las ventajas especiales tendría un impacto considerable en el país suramericano, que representa el 0,5% del comercio de bienes con la UE, con unas exportaciones totales de 8.300 millones de euros. La Comisión, no obstante, aún no ha tomado la decisión de retirar el SPG puesto que ya estaba previsto para 2014 ya que Argentina ya no es considerado un país pobre. Fuentes del departamento de Comercio descartan adelantar el calendario previsto, aunque la decisión final dependerá sobre todo de la voluntad política del presidente del Ejecutivo comunitario, Jose Manuel Durao Barroso, y su colegio de comisarios. Ayer también, el expresidente del Gobierno Felipe González apostó por «un espacio de recuperación del diálogo, la confianza y la cooperación» con el Gobierno de Argentina tras la nacionalización, pero «sin perder la firmeza».

  • BALTASAR MONTAÑO MADRID
  • 21/04/2012 ESPAÑA

  • España suprime la importación de biodiésel argentino por 700 millones

    Argentina no responderá por «respeto a la soberanía» de Madrid
    Se esperaban para el Consejo de Ministros de ayer más medidas, y más contundentes, contra Argentina, pero el Gobierno optó por aplicar sólo una. Hoy se publica en el BOE una orden ministerial, heredada del anterior Gobierno de Zapatero, que limita la importación de biodiésel argentino. Es la primera represalia comercial que aprueba el Ejecutivo y puede suponer una merma de ingresos de hasta 700 millones de euros para las arcas argentinas. Las distribuidoras de combustibles españolas se gastaron esta cantidad en 2011 en compras de biodiésel del país austral. Sólo el 19% de este combustible energético se produce en España. El resto se importa principalmente de Argentina e Indonesia, pero la nueva norma fija cuotas obligatorias de compra de biodiésel sólo de plantas que estén en cualquier país de la UE. La medida beneficia, claramente, a las plantas que hay en España y que ahora están casi paradas por no poder competir con el biodiésel foráneo. Los importadores españoles podrán seguir comprando en Argentina, pero de nada les servirá para cumplir con la norma que obliga a que cada litro de gasóleo lleve un 6% de biocombustible. A partir de ahora, este 6% sólo podrá cubrirse con biodiésel europeo. La norma aprobada ayer transpone una directiva europea para la lucha contra la competencia desleal de países como Argentina, donde una tonelada de biodiésel es 100 euros más barata que en España. El biodiésel es una de las fuentes de ingresos externos de Argentina, que ha creado un nuevo sector industrial gracias a que la materia prima, la soja y su aceite, es uno de los productos agrícolas más cultivados en el país. Así que la medida del Gobierno español no sólo supone menos ingresos para el país sino que además pone en riesgo el futuro de esta industria. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no avanzó otras posibles nuevas medidas de carácter comercial contra Argentina por su decisión arbitraria de expropiar YPF a Repsol. Las nuevas medidas no se anunciarán hasta que tengan «una concreción», dijo, además de destacar la labor de presión diplomática que está haciendo España para denunciar la expropiación y que, según la vicepresidenta, se ha plasmado en un «importante y enorme» respaldo internacional. Sáenz de Santamaría recordó el «amplio apoyo» de Iberoamérica, de la UE y de Estados Unidos, así como de numerosos organismos internacionales. También resaló la relevancia del texto aprobado en la Eurocámara, aunque ha lamentado que el PSOE no respaldara la suspensión de los beneficios arancelarios de los productos argentinos. Horas después de hacerse pública la decisión del Ejecutivo, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, aseguró que su Gobierno «no responderá» a las represalias por la expropiación del 51% de YPF por «respeto» a la soberanía de España. «No plantearemos este asunto a la Organización Mundial del Comercio (OMC)», insistió Cristina Kirchner, quién aseguró que su país está en disposición de absorber las 400.000 toneladas anuales de biodiésel que coloca en el mercado español. Por otra parte, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -el órgano regulador de las telecomunicaciones en Argentina- estudia quitar ocho canales de televisión a Telefónica. La revocación de las licencias se produciría porque, en opinión de Afsca, la teleco española vulnera la actual normativa sobre participación extranjera en los medios, de acuerdo con la información publicada ayer por Clarín.
  • PABLO PARDO WASHINGTON ESPECIAL PARA EL MUNDO
  • 21/04/2012 ESPAÑA
  • El G-20 dice que «proteger» la inversión es vital para la economía

    El Gobierno logró ayer el apoyo verbal del G-20, mientras que México, uno de sus presuntos aliados -al menos públicamente-, se desmarcaba de la disputa, al igual que un alto cargo del FMI. Por un lado, el G-20 se limitó a decir que «proteger la inversión es clave para la recuperación económica». Es una expresión que ese grupo no suele utilizar, y en la que la referencia a la nacionalización de YPF es evidente. Así lo vio ayer el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que declaró que, en la reunión del G-20, había «un sentimiento general de apoyo al Gobierno español». Guindos no habló ayer con su colega argentino. El problema es que esa idea queda perdida en un texto de 2.070 palabras. El Gobierno de México, que había sido uno de los más claros apoyos de España -en parte porque ese país tiene sus propias disputas con Argentina, en este caso por las trabas de Buenos Aires a la importación de coches- se desmarcó ayer de Madrid de una forma inesperada. El ministro de Fianzas mexicano, José Antonio Meade, dijo que el G-20 «no es un foro que trate disputas especificas o cuestiones bilaterales». Apenas unas horas antes Meade había afirmado que la nacionalización de YPF «debe ser tratada por el G-20». Otro que se desmarcó fue el máximo responsable del FMI para América Latina, el chileno Nicolás Eyzaguirre, que en otras ocasiones ha sido crítico con el Gobierno de los Kirchner. En su opinión, es «una decisión soberana» del gobierno argentino y una «cuestión bilateral entre la Argentina y España», que debe ser solucionada entre dos dos países.