sábado, 31 de marzo de 2012

El PP pide aplicar a los violentos de Barcelona la ley de la kale borroka

PARRA G. GONZÁLEZ BARCELONA
  • 31/03/2012 PORTADA/El Mundo

  • Daños de 560.000 según el Ayuntamiento

    Rubalcaba comanda sus apéndices sindicales para provocar el caos que nos equipare a Grecia impidiendo la creación de empleo

    Con las calles aún maltrechas por los actos de violencia protagonizados por radicales durante la jornada de huelga general en Barcelona, el líder del grupo popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, instó al Consistorio a exigir que se aplique la normativa antiterrorista sobre kale borroka contra los alborotadores. «Campan a sus anchas con absoluta impunidad», esgrimió Fernández para justificar su postura, que no fue compartida por el resto de grupos locales que, en cambio, sí condenaron los actos vandálicos acaecidos en la ciudad.

    Fernández lanzó su propuesta en sesión plenaria, donde ejerció una vehemente defensa de la moción de urgencia presentada por su grupo y aprobada por el Gobierno municipal de CiU para que tanto Ayuntamiento como Generalitat revisen «los protocolos de prevención, actuación y respuesta ante los actos de violencia urbana». El texto acordado por el consejo plenario también recoge «reclamar a la Administración de Justicia la máxima severidad con los autores de los hechos violentos» y «promover los cambios legales necesarios para evitar la reincidencia de las personas con antecedentes de acciones violentas en la vía pública».

    Fernández acusó tanto al alcalde Trias como al consejero de Interior catalán, Felip Puig -responsables respectivos de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra-, de «improvisación» al considerar que las fuerzas de seguridad no actuaron con diligencia «si se sabía que iban a producirse disturbios durante el 29-M».

    El PP presentó la moción de urgencia después de que todos los grupos del Ayuntamiento realizaran una condena unánime de los hechos vandálicos al inicio del Pleno, ya que Fernández Díaz consideró excesivamente «laxa» la mera declaración institucional, por la que el Consistorio también se personará como acusación particular ante los detenidos.

    Los graves disturbios que sufrió ayer Barcelona han generado una réplica contundente en los responsables de la seguridad. Si el propio día de la huelga general por la noche el alcalde de la ciudad, Xavier Trias, fue el primero en reclamar que el Código Penal persiga con más dureza los actos vandálicos, ayer fue Felip Puig quien anunció varias medidas encaminadas a luchar contra este tipo de delincuencia. Puig recordó que estos conflictos no son nuevos en la ciudad, aunque «hace mucho tiempo que aparecían», y llegó a reconocer que están ante una forma de «violencia urbana» organizada que «eclosionó» el jueves, pero que seguirá en los próximos meses.

    Tampoco se ha visto en los últimos 16 años que la policía utilizase botes de humo contra los manifestantes o que los Mossos d'Esquadra recurriesen a gases lacrimógenos para repeler a los violentos. Todo forma parte de las medidas más contundentes que prepara la Generalitat para combatir esta nueva forma de violencia urbana. Además de medios materiales y humanos, la Generalitat buscará la complicidad de la Fiscalía y de los jueces para ver qué normativa sobre seguridad se puede aplicar o, incluso, estudiar cómo se puede modificar el marco legal para que esta violencia no quede impune.

    Puig recordó que estos radicales «no han aparecido de la noche a la mañana, sino que en los últimos meses han tenido un caldo de cultivo» amparados por algunos agentes sociales. El consejero constató que los violentos llegaron hasta 2.000, y que se podía distinguir entre los «profesionales», de un lado, y otros «voluntarios», de otro, quienes «practicaban la violencia por diversión».

    El Ayuntamiento cuantificó los destrozos en mobiliario urbano en unos 560.000 euros, la mitad por la quema de 295 contenedores. También rompieron semáforos, parquímetros y levantaron el asfalto. Tras la jornada de huelga se detuvieron a 74 personas, de las cuales cuatro son menores. 54 arrestos fueron en Barcelona por desórdenes públicos, incendios, atentado a la autoridad y daños. Hubo 80 heridos, de los cuales la mitad agentes de policía. Hay tres personas en varios hospitales en estado grave por el impacto de bolas de goma en brazos y un ojo.

    >Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt El día después del 29-M, videoanálisis de Santiago González.


  • PABLO HERRAIZ MADRID
  • 31/03/2012
  • 10
  • ESPAÑA
  • Detenidos 12 "piqueteros informativos" con cócteles molotov

    Decenas de cerraduras de comercios han sido destrozadas por los piquetes
    La jornada de huelga general en Madrid terminó con 57 detenidos. De ellos, 12 están considerados anarquistas radicales a los que detuvieron utilizando métodos de kale borroka en pleno centro de la ciudad. Durante los disturbios que se fueron sucediendo el jueves por la tarde, se siguió a este grupo, al que se vio quemar cajeros y contenedores de basura, además de hacer pintadas en diversos comercios y en la sede del Ministerio de Hacienda en Alcalá.

    Cuando llegaron a la calle Carretas, una de las que sale de la Puerta del Sol, arrojaron varios cócteles molotov a unos contenedores, por lo que acabaron arrestados. También encendieron una hoguera en la plaza de Cibeles, según la Jefatura Superior de Policía. Entre los 12, hay un menor de edad, y se les han imputado los presuntos delitos de coacciones, daños y desobediencia. Además, se detuvo al actor Willy Toledo tras la denuncia del propietario de un bar.

    Por primera vez, en esta huelga todos los incidentes se han agrupado en unas solas diligencias policiales, abiertas por la Brigada Provincial de Información. Todas las denuncias, incidentes y detenidos se han incluido en estas diligencias, y todavía se seguirán completando a lo largo de hoy y mañana. La mayoría de los arrestos se produjeron en las calles de la capital, aunque también en diversas localidades de la Comunidad de Madrid. Al menos 30 personas fueron puestas en libertad directamente por la Brigada de Información, mientras que el resto pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, que se ha hecho cargo de todos los problemas de la huelga.

    Los primeros casos que se han agrupado son los de los detenidos, que ayer pasaron a disposición judicial. Todavía faltan por contabilizarse todas las denuncias de daños, amenazas y coacciones que vayan llegando a las comisarías de Madrid.

    En toda España, la jornada de huelga dejó 116 heridos, de los que 70 son agentes de los cuerpos de seguridad. El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), Alfredo Perdiguero, dijo que «algo está fallando, después de tanta mano izquierda, cuando hay más policías heridos que manifestantes. Y no se pueden admitir actitudes tan chulescas como la del secretario general de UGT Madrid, que acusó a la Policía de provocar a los piquetes». Un dato que todavía no está cerrado es el de las cerraduras de comercios destrozadas por los manifestantes y piquetes. Ayer había ya más de 150, la mayoría en el distrito Centro de Madrid, que se rompieron con barras y otras herramientas o que se estropearon con silicona.

    David Ormaechea, presidente de UCES (Unión Cerrajeros de Seguridad), explicó ayer a este periódico que «no ha habido tantos casos de cerraduras rotas como en otras huelgas, en parte también por las medidas de seguridad adoptadas, como echar vaselina en los cierres para que la silicona no los estropee».

    El anecdotario de la huelga incluye a varios oportunistas, como los que robaron una excavadora en las obras de la ITV de Torrejón de Ardoz, los que atracaron a mano armada una sucursal de Cajamadrid en la zona de Carabanchel, con un botín de 100.000 euros, o los que hicieron un butrón en una joyería de la céntrica calle Esparteros y se llevaron 50.000 euros en joyas. El Ayuntamiento de Madrid cifró en más de 30.000 euros el coste de los contenedores quemados durante la huelga, muy lejos de los más de 500.000 euros que calculó el de Barcelona.
  • Q. ALSEDO F. LÁZARO MADRID
  • 31/03/2012 ESPAÑA
  • Titiriteros del "sindicato de la ceja" formaron "piquetes de la porra" agrediendo a los trabajadores: «Los de Willy Toledo la tomaron con el bar porque era pijo»

    El actor queda en libertad acusado de atentar contra los trabajadores y de daños

    Rubalcaba comanda sus apéndices sindicales para provocar el caos que nos equipare a Grecia impidiendo la creación de empleo«El bar fue durante muchos años un local de fumetas muy conocido aquí en Lavapiés, pero ahora lo han reformado y reabierto en plan pijo, con precios no tan baratos y sin la cutrez de antes, y seguramente por eso la tomaron con él, por pijo».

    Lo decían ayer sotto voce varios vecinos -y lo admitía el propietario del establecimiento: «Probablemente fue por eso»- de la calle del Salitre, en Madrid, donde se produjo el altercado que terminó con Willy Toledo en calabozos policiales la pasada noche. Los hechos habrían tenido lugar en Lavapiés, barrio especialmente movilizado en favor del 15-M y la huelga, y a pocos metros por ejemplo de la sede de la publicación izquierdista Diagonal.

    Tras la denuncia del dueño del bar La Colonia de San Lorenzo, la Policía fue a buscar al actor a su casa en la noche del jueves, lo trasladó a la Brigada Provincial de Información. Al día siguiente lo llevó ante el juez de guardia.

    A su salida en libertad con cargos -de delito contra los trabajadores y daños-, el actor fue arropado por compañeros como Alberto San Juan, Marisa San Juan y Juan Diego Botto, entre otros, y no realizó declaraciones.

    Quien sí lo hizo fue el propietario del bar, Rafael, peruano de 35 años, que ratificó las acusaciones de su denuncia. «Me zarandearon, me amenazaron e insultaron. Además, se enfrentaron a los clientes que había dentro. Parecía que iban borrachos o algo colocados». Rafael, que sí reconoció a «varios» de los «15 ó 20» miembros del piquete «informativo», admite que en un primer momento no se dio cuenta de que «el líder» era el actor, «pero todo el mundo me dijo que era él. No me insultó personalmente, pero alentó a los demás a hacerlo, y con mucha agresividad», explica.

    Los «asaltantes», como él los denomina, golpearon los cristales del bar, se encararon con la clientela -«unas cinco o seis personas»-, pintaron dos veces la palabra esquirol en la fachada, le rompieron un grifo de cerveza, quemaron varios papeles junto a la barra y lanzaron al suelo varias sillas, asegura.

    Según su relato, Toledo llevaba «la voz cantante» y era quien alentaba a los otros. La casualidad quiso que cuando este diario entrevistaba ayer al dueño del bar pasara por allí un autodeclarado miembro del piquete de Toledo, que negó hasta cierto punto los hechos: «Nosotros sólo ejercimos nuestro derecho constitucional a informar de los motivos de la huelga, y es verdad que se trata de coaccionar en cierta manera, pero es incierto que se rompiera nada y que se aplicara ninguna violencia». Esta fuente admitió que el piquete fue «cerrando bares» por la cercana calle de Argumosa, «y luego subimos hasta aquí, y él no quería cerrar». Esta fuente, que no negó en ningún momento la presencia de Toledo en el piquete, no pudo negar las pintadas de esquirol. «Son puro arte urbano», aseveró. El dueño del bar, por su parte, declaró: «Yo estoy a favor de la huelga, pero también del trabajo. Y soy un obrero, que conste».
  • 31/03/2012 ESPAÑA
  • El ministro felicita a los policías


    El ministro del Interior, Jorge Fernández, envió ayer una carta al director de la Policía, Ignacio Cosidó, felicitándole por el trabajo desarrollado por los agentes durante la jornada de huelga general. «La ciudadanía pudo ejercer sus derechos constitucionales libremente gracias a la profesionalidad y responsabilidad de los policías». «Me gustaría que todos los mandos que trabajaron de forma brillante dentro y fuera de los numerosos dispositivos participen de esta felicitación», indica la misiva

    Los 'abertzales' fracturan Aralar

    M. ALONSO JAVIER G. NEGRE SAN SEBASTIÁN VITORIA

  • 31/03/2012 ESPAÑA/El Mundo



  • La ponencia para el fin de ETA sale adelante sin clarificar el papel de Batasuna

    Rubalcaba comanda sus apéndices sindicales para provocar el caos que nos equipare a Grecia impidiendo la creación de empleoAralar estuvo trabajando hasta «últimas horas de la noche» del jueves, «haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber», con «contactos multiformes» para evitar lo inevitable: su fractura. El Parlamento vasco escenificó ayer lo que era una realidad, la ruptura de la formación liderada por Patxi Zabaleta una década después de su fundación como escisión de la izquierda abertzale, toda vez que tres de sus cuatro representantes en la Cámara vasca, Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe, no siguieron las directrices de la Ejecutiva del partido y votaron a favor de la ponencia parlamentaria para gestionar el fin de ETA.

    ¿Conclusión? Horas después de lo sucedido en la Cámara, el coordinador general de Aralar solicitó a los tres parlamentarios díscolos que pongan su cargo a disposición del partido «en nombre de la ética política» y que respondiesen a su petición «pronto». No obstante, rechazó de momento la posibilidad de abrir un expediente a los tres parlamentarios a la espera de acontecimientos.

    Aunque fueron muchas las preguntas sobre el inmediato futuro que le espera a Aralar, y la decisión que adoptará la formación en caso de que los tres parlamentarios vascos acepten o rechacen acatar esta medida, Zabaleta no se salió del guión y no quiso «adelantar hipótesis». Reconoció el derecho a discrepar de los tres parlamentarios díscolos, pero no el de actuar en contra de los criterios adoptados por la Ejecutiva del partido, que el lunes acordó no aceptar «ninguna excepción ni exclusión al diálogo que es imprescindible para la paz» en el País Vasco.

    Denunció que, con su actuación, los representantes de Aralar han «regalado un valioso instrumento a los que están en contra de un diálogo digno y sin exclusiones», en alusión a la decisión de PP, PSE y PNV de dejar fuera a la izquierda abertzale de la ponencia que fue impulsada por la propia Aralar. Según manifestó, la ponencia creada en el Parlamento Vasco «nace muerta, no tiene porvenir» y constituye un «error político perjudicial para el proceso de paz y normalización porque desfigura y perjudica esos objetivos», toda vez que supone «dar una ventaja y abrir camino a quienes ponen excepciones».

    La parlamentaria de Aralar y principal muñidora de la ponencia, Aintzaine Ezenarro, no pudo ocultar ayer su preocupación y tristeza en los pasillos del Parlamento vasco tras desmarcarse de la línea oficial de su partido. Ezenarro fue consciente desde primeras horas de la mañana de que iba a traspasar una línea roja.

    El Parlamento vasco dio ayer luz verde a la ponencia, aunque sin acordar previamente su régimen de funcionamiento ni el papel que desempeñará Batasuna. Todos los partidos, a excepción de UPyD, EA y Dani Maeztu de Aralar, se decantaron por respaldar una transaccional donde no se aclaraba si la izquierda abertzale estará o no presente, como dictaba el establishment de Aralar. Ese debate lo dejarán, según fuentes parlamentarias, para más adelante y permitirá vislumbrar de nuevo las discrepancias entre todos los promotores de la ponencia.

    Los populares, que no firmaron la transaccional, confían en que el lehendakari cumpla con su palabra de garantizar que todos los participantes habrán condenado antes a ETA. Varios miembros del PP afirmaron que «están tranquilos» porque cuentan con el apoyo del PSE para frenar la irrupción de la izquierda abertzale, que será demandada por el resto de grupos. Además, su dirección baraja nombrar a Carmelo Barrio como su representante en la ponencia para liderar un discurso exigente.

    >Videoanálisis de Josean Izarra sobre las tensiones en el seno de la izquierda abertzale.
  • BURGOS SAN SEBASTIÁN
  • 31/03/2012 ESPAÑA

  • Libre al grito de «Venceremos»



    El preso de ETA José María Pérez Díaz salió ayer de la prisión de Burgos por orden de la Audiencia Nacional, después de que el Tribunal Constitucional estimara su recurso contra la aplicación de la 'doctrina Parot' de cumplimiento secuencial de las penas por cada delito. Ante familiares y amigos, el etarra abandonó la cárcel gritando «Irabaziko dugu» (Venceremos).

    La Audiencia también ordenó excarcelar a José Ignacio Gaztañaga y Juan María Igarataundia. Junto a Pérez Díaz son los únicos presos a los que el TC otorgó el amparo en contra de la 'doctrina Parot'.

    En referencia al resto de casos (31) a los que el Constitucional aplicó la citada doctrina, los partidos integrados en Amaiur y las otras organizaciones firmantes del Acuerdo de Guernica lo interpretaron como una «evidencia» de la intención del Estado de «abortar» la actual «oportunidad histórica para alcanzar la paz».

    Así, convocaron una manifestación para el 14 de abril en San Sebastián y anunciaron «la apertura inmediata de una ronda de contactos» con el «resto de agentes del país» que no forman parte del Acuerdo de Guernica.

    «El Estado español quiere perpetuar una situación de bloqueo» y «pretende que las aguas de la resolución del conflicto se estanquen con la esperanza de que se pudran», destacaron en un texto leído en rueda de prensa en la que participaron Rufi Etxeberria por la izquierda 'abertzale', Ikerne Badiola por EA, Jon Lasa por Alternatiba y Ernesto Merino por Aralar.

    viernes, 30 de marzo de 2012

    Estos son los políticos españoles imputados por corrupción y que, a pesar de todo, siguen políticamente activos


    Alerta digital

    En realidad estos corruptos y presuntos que aparecen en nuestra siguiente lista tienen la misma culpa que el sistema que durante años les ha estado amparando. No nos pilla de sorpresa lo que está ocurriendo. El país ha glorificado desde hace años la corrupción y el amiguismo en decenas de instituciones, sin que se nos alertase de que la cleptocracia nos llevaría al desastre. El latrocinio se ha incrustado bajo la piel de muchas de nuestras instituciones partitocráticas.

    Alcaldes, ediles, directores generales, jefecillos autonómicos… han reintroducido en las instituciones los peores vicios del conde de Romanones y convertido a la democracia española en un basurero moral y sus instituciones en refugio para truhánes.

    Les ofrecemos la lista de algunos políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo siguen presentes en la política española:

    1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
    2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
    3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
    4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
    5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
    6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
    7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
    8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
    9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
    10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
    11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
    12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
    13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
    14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
    15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
    16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
    17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
    18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
    19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
    20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
    21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
    22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
    23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.
    24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
    25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
    26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
    27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
    28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
    29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
    30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
    31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
    32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
    33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
    34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
    35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
    36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
    37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
    38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
    39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
    40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
    41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
    42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
    43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
    44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
    46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.
    47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral
    48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular
    49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
    50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación
    51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación
    52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación
    53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
    54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación
    55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
    56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
    57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
    58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
    59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos
    60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
    61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
    62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
    63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
    64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
    65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
    66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente
    67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
    68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
    69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio
    70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
    71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
    72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
    73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
    74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
    75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
    76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
    77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
    78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
    79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
    80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
    81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
    82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
    83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
    84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
    85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación
    86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
    87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
    88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación
    89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
    90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
    91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia
    92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
    93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada
    94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADO e inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia.
    95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
    96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
    97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57 familiares de estos; incluidos varios familiares suyos
    98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
    99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
    100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
    101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
    102-Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras
    103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra
    104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
    105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
    106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
    107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
    108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios
    109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
    110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
    111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación
    112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
    113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
    114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
    115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
    116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
    117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
    118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias
    119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
    120-Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
    121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales
    122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
    123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
    124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
    125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
    126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho
    127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor

    RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO

    Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.

    Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el PA.

    Derrota sindical


  • B. P. RAMÍREZ MADRID
  • 30/03/2012 PORTADA/El Mundo
  • El dato del consumo eléctrico indica que, salvo en la industria, el seguimiento fue menor que en la huelga contra Zapatero

    El Gobierno dice que sólo paró un 16% de los funcionarios, la CEOE cifra en un 15% a los huelguistas y CCOO y UGT hablan de un 77%

    Los sindicatos dan un ultimátum al Ejecutivo para que rectifique antes del 1 de mayo tras la nutrida asistencia a las manifestaciones Rubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porra
    Rubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porraRubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porra
    Rubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porra
    Rubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porraLa huelga general con que se ha estrenado el Gobierno de Mariano Rajoy casi repitió el esquema de la que UGT y CCOO convocaron el 29 de septiembre de 2010 contra el anterior Ejecutivo: paralizó la industria y la construcción, pero se sintió bastante menos en el comercio y los servicios. Y eso que en esta ocasión el seguimiento tuvo mayor efecto en Galicia, el País Vasco y Navarra, donde, esta vez sí, los sindicatos nacionalistas se sumaron a la convocatoria de paro. La propia CEOE reconoció ayer que la huelga tuvo más incidencia en el norte de España, que reúne a las comunidades autónomas más industrializadas.

    En las zonas comerciales de las grandes ciudades, por el contrario, el considerable despliegue policial -que los sindicatos atribuyeron a la «paranoia» del Gobierno- apoyó la apertura de muchas tiendas y también de las grandes superficies comerciales.

    Patronal, sindicatos y Gobierno sólo coincidieron ayer en destacar la «normalidad y tranquilidad» de la jornada, en calificar los incidentes de «excepcionales» y en felicitarse por el cumplimiento «escrupuloso» de los servicios mínimos. Pero, a falta de cifras oficiales de seguimiento, que el Ejecutivo no facilitó, la polémica alcanzó al consumo eléctrico, un indicador de la actividad económica. UGT y CCOO destacaron que, a las ocho y media de la mañana, había caído un 25% respecto al jueves pasado; a mediodía, la bajada era del 21%. El Gobierno prefirió la cifra de la tarde, cuando el consumo de luz había descendido un 16,3%. A esa misma hora, el 29 de septiembre de 2010 la caída era del 16,9%. El 20 de junio de 2002, fecha de la huelga contra el Gobierno de Aznar por el decretazo, el consumo de electricidad se redujo un 20,8%. Ayer, la media del día fue del 14,7%.

    UGT y CCOO sí proporcionaron datos concretos sobre el seguimiento de la huelga general, una media del 77% -con un máximo del 97% en la industria y un mínimo del 57% en las administraciones públicas-. Por lo que no dudaron en calificar la convocatoria de «éxito democrático y social indiscutible». La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, sin embargo, minimizó el 29-M atribuyéndole un «impacto claramente inferior» al del 29-S. Sólo hizo públicas las cifras de incidencia en la Administración General del Estado, un 16,71%; en las administraciones autonómicas, un 19,42%, y en los ayuntamientos, un 15,24%.

    Así que sobre bases tan dispares, unos y otros construyeron ayer dos discursos tan opuestos como la víspera. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pidieron al Gobierno que antes del Primero de Mayo dé «una señal inequívoca de que ha entendido el mensaje» transmitido por la protesta masiva de los españoles contra la reforma laboral, y se siente a negociar cambios «sustanciales» en la norma. Minutos después, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reafirmó en que no va a modificar «las partes troncales» del proyecto de ley que ahora se tramita en el Congreso.

    «Que aproveche la mano tendida de los sindicatos para reconducir el conflicto», invitó Fernández Toxo al Gobierno tras asegurar que su objetivo es «convertir la huelga general en un impulso». De momento, los sindicatos van a acudir al Defensor del Pueblo para tramitar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral -no pueden hacerlo directamente-, presentarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y pedirán al presidente del Congreso, Jesús Posada, que agilice la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que avala un millón de firmas.

    Pero si el Ejecutivo «no entra en razón democrática» y persiste en no negociar cambios en la reforma, adelantaron, «el conflicto social será creciente». «No pararemos hasta que se cambie la reforma laboral», avisó el líder de CCOO, quien tampoco descartó de plano la convocatoria de otra huelga general.

    Cándido Méndez resumió entonces la «encrucijada» ante la que, dijo, se halla el Ejecutivo: «Puede cambiar la reforma laboral ahora, durante su tramitación parlamentaria y negociando con los sindicatos, o puede hacerlo más adelante, de forma vergonzante, empujado por el aumento de la destrucción de empleo que va a causar y que ya se está notando».

    También reclamó al Gobierno del PP que incluya un paquete de correcciones en los Presupuestos Generales del Estado, que hoy aprueba el Consejo de Ministros. «Son injustos, ineficaces contra la crisis y se convertirán en el ariete de la destrucción de empleo, la recesión y el debilitamiento de los servicios públicos».

    Además, mientras Méndez le vaticinaba a Rajoy que no podrá cumplir el objetivo de déficit impuesto por la UE, Fernández Toxo le advirtió de que no cabe «la excusa de Bruselas» para no «cambiar de rumbo». «Existen márgenes de maniobra», le animó. Según el responsable de CCOO, el propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, le reconoció que «la UE no ha dictado la reforma laboral a Rajoy y que no es la UE quien impone una determinada actuación en materia de impuestos o medidas de ajuste».

    Ninguno de estos argumentos hizo mella en el ánimo de Fátima Báñez, quien no dudó en calificar de «imparable» la «agenda reformista» del Ejecutivo. En cualquier caso, ofreció «diálogo permanente y hasta la extenuación» a los sindicatos, un diálogo que, hasta ahora al menos, UGT y CCOO consideran que ha sido burlado. La ministra reiteró que la Ley de Huelga no es una prioridad para el Gobierno.

    El presidente de la CEOE, Juan Rosell, no se refirió ayer a ella, pero sí se quejó de que los servicios mínimos en algunos sectores habían resultado «insuficientes», por lo que pidió que se replanteen en próximas huelgas. Rosell se limitó a desear que el 29-M pasara «cuanto antes». Según la patronal, la repercusión de los paros no superó el 15%. Sus hermanos de Confebask, que cifraron en un 60% el seguimiento de la huelga general en el País Vasco, reconocieron ayer que la convocatoria tuvo un «reflejo significativo» especialmente en las grandes empresas. También quedaron cerrados los puertos de Pasajes y Bilbao. Otro tanto ocurrió en Navarra, donde paró la factoría de Volkswagen, pero también las de Fagor y Aceralia. En Galicia, no hubo actividad en Citroën-Vigo, como tampoco en los astilleros ferrolanos, ni en el centro logístico de Inditex en Arteixo ( La Coruña).

    Por lo que se refiere a los transportes, hubo colas de pasajeros en el aeropuerto de Barajas a primera hora de la mañana, pero sólo se registró un incidente con la compañía Ryanair. Según explicó CCOO, la low cost consiguió operar dos vuelos no incluidos en los servicios mínimos a pesar de que no tenía acceso a los indispensables servicios de tierra. Además, el paso fronterizo de La Jonquera (Gerona) permaneció bloqueado durante dos horas, aunque la normalidad fue la tónica en el transporte por carretera.

    En las televisiones públicas se cumplieron los servicios mínimos. Pero Telemadrid se quedó sin emisión, y tuvieron que alterar sus programaciones Canal Sur, Canal 9, TVE, TV-3 y ETB.

    Fue también en la industria, y en los mercados centrales de las capitales, donde se hicieron más visibles los piquetes. Según el recuento hecho por el Ministerio del Interior, fueron detenidas 176 personas, mientras que hubo 70 policías y 46 civiles heridos. Una de ellas, una sindicalista que fue acuchillada por el dueño de un hotel en Torrelavega (Santander). En Madrid se estrenó un piquete ciclista, que cortó la M-30 por la mañana y cuyos integrantes van a ser denunciados por la Policía Municipal por conducta temeraria.

    >Vea hoy el videoanálisis de Casimiro García-Abadillo, Marisa Cruz, David Gistau y Pablo R. Suanzes.

  • X. SICCARDI G. GONZÁLEZ BARCELONA
  • 30/03/2012 PORTADA
  • Barcelona: saqueos, incendios y agresiones

    El conseller de Interior, Felip Puig, lo anunció en su primera comparecencia pública a primera hora de la mañana: «Grupos violentos» tenían previsto utilizar la huelga general como «campo de entrenamiento» para la huelga mundial prevista para el 15 de mayo. Además, Puig alertaba de una situación novedosa. Estos grupos de «neoanarquistas y revolucionarios» empezaban a actuar «más temprano» de lo habitual, desde las cuatro de la madrugada, y además, estaban «más preparados» que en otras ocasiones.

    Lo que no podía prever el conseller es que la violencia en la ciudad fuese escalonada a lo largo del día y culminase con una auténtica batalla campal, la segunda en un mes, en el centro de Barcelona que incluso obligó a los Mossos d'Esquadra a utilizar botes de humo y máscaras antigás, una situación «muy poco habitual», según fuentes policiales.

    Los primeros incidentes se registraron cuando algunos piquetes quemaron neumáticos y pusieron vallas para evitar la salida de los camiones de Mercabarna. También se empezaron a cortar los accesos a la ciudad, por lo que hubo retenciones para los que querían trabajar. Varios piquetes empezaron a recorrer la ciudad invitando a aquellos comercios abiertos a sumarse a la huelga, informan Javier Oms y Maite Coca.

    El principal foco conflictivo por la mañana empezó a las puertas de El Corte Inglés, muy custodiado por los policías mientras un centenar de personas, casi todas muy jóvenes y con emblemas antisistema, se concentraba fuera gritando contra los que entraban a comprar. Hacia el mediodía el grupo se sumó a un piquete de la CGT y subió por Paseo de Gracia provocando incidentes en la Bolsa de Barcelona. Lanzaron objetos, como piedras o huevos, contra la fachada y quemaron basura en la puerta, que fue apagada por los agentes que estaban dentro.

    Fue el inicio de numerosos incendios de contenedores en las siguientes horas por diversos puntos de la ciudad. El Ayuntamiento calculó que se habían quemado unos 225 durante toda la jornada y los Mossos debían hacer cargas para permitir el acceso de los bomberos a apagarlos. También hubo actos vandálicos en varios comercios, agresiones a empleados y rotura de cristales.

    Aunque hubo una pequeña tregua a primera hora de la tarde, centenares de violentos aprovecharon la manifestación de la CGT por la calle Pau Claris, paralela a Paseo de Gracia, que concentraba la protesta oficial de los sindicatos UGT y CCOO. Casi todos los contenedores de la calle Pau Claris ardieron al paso de esta protesta de los antisistema, que rompieron numerosos escaparates.

    Tras finalizar la manifestación de la CGT, empezaron los incidentes graves. Centenares de radicales se enfrentaron con los Mossos lanzando numerosos objetos, como piedras o macetas grandes que sacaban de las terrazas de los bares, además de seguir con la quema de contenedores. Los agentes apenas podían contener a los antisistema con pelotas de goma, cargas y disparos al aire.

    Fue entonces cuando los Mossos establecieron un perímetro separando a los radicales que estaban en los alrededores de plaza de Cataluña y empezaron a lanzar botes de humo contra numerosas personas del colectivo indignado que cobijaban a los radicales. Mientras, la manifestación principal no pudo bajar hacia la plaza, como era su recorrido inicial y tuvo que desviarse por la Gran Vía. Los botes de humo dispersaron a varios radicales que aún tuvieron tiempo de romper varios escaparates más. Numerosos efectivos de los Mossos estuvieron pacificando la zona hasta entrada la noche, persiguiendo a los alborotadores por varias calles del centro de la ciudad.

    Lo ocurrido en Barcelona fue la expresión más violenta de una jornada de huelga en la que, a pesar de que la tónica general fue la ausencia de incidentes, sí se produjeron algunos altercados de consideración.

    Uno de los más graves tuvo lugar en Torrelavega (Cantabria), donde un hostelero atacó con un cuchillo a una sindicalista que formaba parte de un piquete que estaba ante su negocio, causándole heridas de consideración en una mano. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial, informa Europa Press.

    En Vitoria, un joven de 19 años que estaba cruzando contenedores en la calle terminó en la UCI tras caerse cuando era perseguido por la Ertzaintza, según la versión policial. Poco después, en Bilbao un ertzaina resultaba gravemente herido al ser alcanzado en la cabeza por varios objetos lanzados por manifestantes. Y en Pamplona se produjeron duros enfrentamientos entre policías y huelguistas que dejaron varios heridos.

    En total, al cierre de esta edición el balance de los incidentes era de 116 heridos en toda España -70 policías y 46 ciudadanos-, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. El saldo de detenidos era de 176 personas, la mitad de ellas en Madrid y Barcelona.
  • MADRID
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • El 15%, según los empresarios

    Las patronales CEOE y Cepyme cifraron ayer el seguimiento de la huelga en el 15% y manifestaron que, en cualquier caso, fue muy «desigual» en función del sector económico.

    Según explicaron en un comunicado, la cifra la obtuvieron realizando «consultas individualizadas a los diferentes sectores, territorios y empresas», y la valoración es que fue similar a la de septiembre de 2010.

    Cifras aparte, el comunicado fue muy crítico con la huelga. «Con una altísima tasa de paro, una urgente necesidad de recuperar la competitividad perdida y una estrecha vigilancia por parte de los mercados financieros y de las instituciones europeas, esta huelga general es inoportuna», dijeron los empresarios.

    Mientras, en el sector público el 16,71% de los empleados de la Administración General del Estado secundó ayer la huelga. Así, según los datos del Gobierno, el seguimiento fue algo superior al 7,52% registrado en el paro de 2010.

    La mayor incidencia se produjo en los ministerios de Empleo y Seguridad Social (23,23%), Asuntos Exteriores y Cooperación (22,80%) y Economía y Competitividad (20,94%). Frente a éstos, en los de Justicia (9,90%), Interior (11,20%) y Defensa (12,76%) tuvo menos éxito la convocatoria.

    Según la directora de Política Interior, Cristina Díaz, el seguimiento fue del 19,42 % en las administraciones autonómicas y del 15,24 % en las locales.

    CCOO y UGT consideran que la participación había sido «muy amplia», en torno al 77%.
  • B. MONTAÑO MADRID
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • El consumo eléctrico destapa el 'pinchazo' de la convocatoria

    La demanda cayó igual que en 2010 pese a que la industria vasca no cerró entonces

    El indicador más objetivo para verificar el seguimiento de una huelga general es el del consumo eléctrico. Y ayer los datos en tiempo real recogidos por Red Eléctrica (REE) mostraron que la caída del consumo durante la jornada fue muy similar a la registrada en la huelga general contra el Gobierno de Zapatero del 29 de septiembre de 2010.

    Entonces, REE registró una bajada media en las 24 horas de huelga del 14,03%. Ayer, la caída media del consumo desde las 00 horas hasta las 20.00 horas se situó en el entorno del 14,7%, pero con un hecho diferencial. En 2010, la caída habría sido mucho mayor si la gran industria vasca hubiera parado, pero no fue así porque ni ELA ni LAB, los dos grandes sindicatos vascos, se sumaron a la huelga del resto del país.

    Ayer sí que mayoritariamente paró la gran industria vasca, lo que tuvo un fuerte impacto en la caída del consumo, especialmente a primera hora de la jornada laboral. De ahí que entre las 8 y las 9.00 horas, el consumo eléctrico se hundiera más del 24%, por la menor actividad industrial en España. En esa franja horaria, el consumo real de electricidad fue de 23.700 megavatios, frente a los 31.000 estimados por REE.

    Esa caída contrasta con la de 2010, del 19,3% en esa franja horaria, debido, en buena parte, a que la gran industria vasca no paró. Ayer, a medida que avanzaba la jornada, la desviación entre el consumo estimado y el real fue mitigándose. A las 12.00 horas, la caída puntual era del 16% y la media bajó al 14,1%, un nivel similar al registrado en 2010. De no haber sido por el impacto del parón en la industria, la caída de la demanda de ayer habría sido inferior a la que se produjo en 2010.

    La tendencia se confirmó durante la tarde, con caídas moderadas de entre el 14% y el 16%, dejando la media en torno al 14,7%.

    La bajada media del consumo eléctrico registrada ayer contrasta con el 20,8% que cayó en la huelga general de junio de 2002, con la del 27,5% de enero de 1994 y con la del 34% de diciembre de 1988, en la que a la postre sigue siendo la mayor movilización sindical de la Historia de España. Si se compara el consumo de ayer con el del jueves pasado, con actividad normal, la caída se elevó al 20,5%.

    Los datos del consumo de electricidad sirvieron de base ayer para que el Gobierno calificara de «muy moderado» el impacto del paro frente al de 2010, según dijo Cristina Díaz, directora general de Política Interior. Díaz aseguró que, a las 18.30 horas, el consumo cayó un 16,61%, frente al 19,6% que se registró a esa misma hora el 29 de septiembre de 2010.
  • BARCELONA
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • Brutal agresión en Sants

    Un trabajador de uno de los comercios de la estación de Sants de Barcelona fue víctima ayer de una brutal agresión por un grupo antisistema que actuaba como piquete. Según pudo constatar una cámara de 8TV, el trabajador fue rociado con un extintor y después recibió una patada y un puñetazo por parte de varios encapuchados que lo hicieron caer al suelo. El hombre había recriminado la actitud de los antisistema, que habían destrozado comercios y restaurantes dentro de la estación, además de robar algunos artículos.

    Un centenar de personas entró en el vestíbulo de la estación y se dedicó a destrozar escaparates con martillos y mazos, coger artículos de las tiendas antes de que pudiesen cerrar y hacer pintadas en las paredes. En la estación no había ningún efectivo policial, por lo que los guardias de seguridad del recinto tuvieron que echarlos.

    Una vez fuera, el grupo se encontró con el trabajador que había recriminado su actitud y fue agredido por varios encapuchados. Los empleados de los comercios de la estación lamentaron los incidentes y explicaron que los antisistema les llamaban «cobardes» por trabajar.
  • CÉSAR URRUTIA MADRID
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • TRANSPORTE

    «Normalidad» en la estación

    El cumplimiento de servicios mínimos y la ausencia de incidentes marcaron la jornada

    «Normalidad» como nota dominante en un día en el que se celebra una huelga general suena extraño, pero es la palabra que utilizaron tanto UGT y CCOO como la patronal y el propio Gobierno para definir el desarrollo de la jornada de ayer en el ámbito del transporte.

    La guerra de cifras entre sindicatos, patronales y Gobierno se daba por descontada. Pero el hecho es que la normalidad -entendida como ausencia de incidentes más allá del lógico descenso de movimiento- fue la noticia en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y carreteras durante la octava huelga general de la democracia. El Ministerio de Fomento indicó al final de la jornada que el cumplimiento de los servicios mínimos en sus áreas de competencia fue prácticamente del 100%, con un seguimiento del 18% en los aeropuertos gestionados por Aena, «muy bajo» en los puertos, del 48% en Renfe y del 35% en el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif.

    Los sindicatos, por su parte, señalaron que la participación en el sector ascendió al 95% sobre un total de poco más de un millón de trabajadores. El transporte se situó así, junto a la agricultura y la ganadería y por detrás de la industria y la construcción, como el sector con más seguimiento.

    El foco de mayor tensión estaba en las ciudades. De madrugada, los piquetes sindicales acudieron a los servicios públicos de transporte de las grandes capitales con el fin de hacer patente su fuerza en una actividad crucial para garantizar el éxito de cualquier huelga, y más si es general. Al llegar, por ejemplo, a las cocheras de autobuses de transporte urbano en Madrid, se encontraron con fuertes dispositivos policiales que incluían agentes a caballo para escoltar la salida de los vehículos. Pese a los ánimos caldeados, no hubo incidentes violentos en una plaza que podía servir de referencia al inicio de la jornada de protesta en otras capitales, donde, con la excepción de conatos al comienzo de los servicios, el día transcurrió sin incidentes.

    Otro de los lugares potencialmente calientes eran las estaciones de tren, con las operaciones de trenes de cercanías pactadas en unos servicios mínimos de hasta el 35% en horas punta. Los mínimos para trenes de larga distancia eran del 20%. Pero, de nuevo, la nota dominante fue la práctica ausencia de incidentes. Las imágenes más violentas se registraron en la estación de Sants, en Barcelona, donde encapuchados forzaron el cierre de comercios y agredieron a un trabajador.

    A mediodía, el único incidente destacado por los sindicatos fue el de un avión de Ryanair. Para la jornada de huelga había programados 3.404 vuelos, entre llegadas y salidas en los aeropuertos de la red de Aena, de los que 1.675 estaban garantizados al estar incluidos en servicios mínimos.

    Con este panorama, los piquetes apuntaron que la aerolínea irlandesa de bajo coste trató de operar vuelos no contemplados en los servicios mínimos pactados una semana antes entre los sindicatos y el ministerio dirigido por Ana Pastor. En opinión de los delegados de UGT y CCOO, el incidente de Ryanair -que se caracteriza precisamente por llevar siempre las normas al límite en ventaja propia- fue un exponente «sobre el grado de irresponsabilidad del Gobierno». Al parecer, la compañía vendió una ocupación suficiente y contrató posteriormente los servicios de asistencia en tierra, algo que permitió Fomento.

    El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó que si la situación no fue a mayores se debió a la «profesionalidad» del piquete que trató de impedirlo y UGT instó a Aviación Civil a sancionar a Ryanair.

    En el resto de los sectores, Fomento destacó la ausencia de conflictividad y unas cifras de seguimiento entre «medias, bajas y nulas», como fue el caso de la carretera.
  • RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • SANIDAD

    Una huelga entre la esquizofrenia bipolar de las cifras

    Los sindicatos hablan de un apoyo de casi la mitad y los gobiernos de un 10%

    «Siguiente, por favor», se oyó a la recepcionista tras el cristal. En la cola de los dolientes del día, Ana María, que llevaba un rato confirmando nerviosa todos sus papeles, levantó la mirada, comprobó que le tocaba a ella y se acercó a la ventanilla. Y entonces, entre el run run de la prueba que iba a pedir y el madrugón que traía encima, Ana María miró a la chica de la bata y se llevó la sorpresa de la huelga.

    - Pero doctora, ¿qué hace ahí?

    - Pues ya ve, Ana, la huelga.

    Médicos a tope, enfermeros a medias, auxiliares en combate, un seguimiento desigual. Un día de huelga en un centro de salud de Madrid. La recepcionista era la médica.

    El paro general de ayer no fue tan general en la sanidad española. Ni siquiera para acordar cifras. Cada comunidad autónoma vendió las suyas, pero, a granel, la Administración habla de un seguimiento de entre el 10 y el 15% y los sindicatos convocantes de un 40%. Las otras centrales sindicales, las profesionales, son aún más duras con la huelga: sólo la secundó un 9% de los trabajadores sanitarios.

    Por arriba y por abajo de esas medias asoman excepciones llamativas, como el 90% del apoyo a la huelga en Canarias, el 80% en Madrid, el 75% en el País Vasco o el 65% en Andalucía (según CCOO y UGT). Pero también los sindicatos convocantes hablan de un 8% en Castilla y León o un 10% en Murcia. Y, al otro lado, la Administración confiesa con una mano un 26% en Galicia y atiza con la otra un 10% en Madrid.

    Las cuentas bipolares del 29-M se resumen en lo que sindicatos convocantes y gobierno autónomo asignaron para una misma comunidad. Por ejemplo, Cataluña. UGT y CCOO afirmaron que el paro fue del 50% y la Conselleria de Salud del 8%.

    Frente a la disparidad absoluta de los números según quien los sumara, una mañana de rastreo propio en hospitales, ambulatorios y urgencias ayudaba a revelar una radiografía real. La impresión es que la huelga apenas se notó en los grandes centros sanitarios y que generó más ausencias en los pequeños.

    Igual tuvo que ver el desmarque de dos de los grandes sindicatos sectoriales. Ni la Cesm (la central de los médicos), ni el Satse (el sindicato de los enfermeros) secundaron la huelga. «Pregunta en UGT, que es quien la convoca. Aquí no tenemos datos, pero ha venido mucha gente a trabajar», decía a primera hora una enfermera del Doce de Octubre. «Los médicos están trabajando con total normalidad, quizá con menos pacientes. Pero esto parece un día normal», contaba por la tarde el secretario general del sindicato de los médicos.

    En el mastodonte sanitario del sur de Madrid el día parecía otro día. Ni rastro de aquellas mesas con megáfonos y pancartas que aliñaban las huelgas de antes. Mucha bata blanca y traje verde por los pasillos. No huele a huelga. «El trabajo es cada vez más precario. No cubren jubilaciones, se multiplican los suplentes, un 20% de la plantilla es eventual, la gente está pendiente de renovar. Y estamos en una crisis brutal, donde se mira lo que se pierde de sueldo si vas a la huelga. Hay miedo, sí», reconoce un miembro de UGT.

    A las 8.30 horas, uno de los parkings del hospital está lleno. «Puede ser que muchos de los que siempre vienen en transporte público traen hoy el coche porque saben que hay más sitio en el parking y más problemas para llegar en Metro o autobús», razona otro sindicalista.

    A las 11.00 horas, en la consulta de Oncología se habían realizado 60 analíticas. ¿Y eso es mucho o es poco? «A lo largo de una mañana, lo normal es que se haga un mínimo de 100 y un máximo de 200. O sea, que 60 a estas horas es... lo normal», dice uno de los médicos.

    En las tripas del hospital, al final de un pasillo de sótano, hay un cartel que pone Lencería. Fantasmalmente blancas, cuelgan miles de batas limpias esperando su dueño del día. Queremos saber quién vestirá hoy a los que vengan y una de las trabajadoras de la ropa nos lo clava: «Aquí somos 12 y han hecho huelga dos. Esta huelga no va a servir para nada. Si los sindicatos se hubieran movido antes...».

    Al otro lado de Madrid, Pilar es una enfermera en servicios mínimos. En el ambulatorio de San Blas, la mayoría de la gente la entiende. Pero hay peros. «He tenido un par de problemas. Una mujer me ha gritado que estoy de brazos cruzados y ha llenado el libro de quejas. Pero hoy no estoy aquí para la revisión rutinaria de un niño. Estoy para cosas como ésta». Y mientras lo cuenta, Pilar termina de teclear el informe de la sonda que acaba de colocarle a Ángel, su urgencia de ahora.
  • FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 30/03/2012 ESPAÑA
  • Unos agentes con mucha mano izquierda

    Tirando de oficio y con un gran despliegue evitaron incidentes graves en Madrid

    Era curioso, muy curioso, ver cómo la Policía llegaba a parar camiones en Mercamadrid para que los piquetes que de verdad querían informar pudieran ejercer su labor. La Policía tiró de oficio y de mucha, mucha mano izquierda para sortear y evitar situaciones delicadas y alteraciones graves de la seguridad pública durante la jornada de huelga general.

    Había recibido una orden clara y tajante: pasillo para que los trabajadores pudieran acudir a sus empresas y evitar al máximo sacar las defensas (denominación profesional de la Policía para referirse a las porras). Gráficamente: «Empujones los que haga falta; las defensas, sólo cuando no haya más remedio». Y la técnica funcionó. La primera medida fue aplicar un gran despliegue policial en Madrid. Desde el Ministerio del Interior se sabía que la primera imagen de la huelga general era la capital de España y sus transportes.

    Se tomaron los centros neurálgicos. Unidades antidisturbios de Málaga tuvieron que hacer frente al primer escollo. Varios centenares de piquetes se concentraron en Mercamadrid. La Policía abrió un pasillo por el que todo camión que quiso entrar, entró. Los piquetes trataron de convencer sin éxito a los trabajadores que accedían al complejo para que dieran la vuelta. La Policía evitaba que, pese a que las maniobras eran claramente coactivas (insultos, golpes en los coches, pegatinas en parabrisas...), los coches lograran acceder al recinto sin tener que cargar contra los piquetes. La misión de los agentes de Málaga fue un éxito.

    Los mandos tiraron de mano izquierda, psicología policial y, en algunos casos, hasta de simpatía. Y es que incluso llegaron a detener a los camiones para que los sindicalistas tuvieran algunos minutos para entablar un diálogo y les intentaran convencer de que dieran la vuelta y no trabajaran. «¿Está usted ya informado? ¿Quiere dar la vuelta? ¿No? Pues adelante», determinaba el mando policial cuando ya entendía que la situación se prolongaba en exceso.

    Noche más o menos tranquila. El incidente más grave, cuando un grupo de radicales intentó agredir a un equipo de periodistas que tuvo que ser protegido por la Policía. Los agentes también retiraron a algunos concentrados palos de considerable tamaño que exhibieron «con muy malas intenciones».

    El siguiente punto caliente, las cocheras desde donde partían los autobuses. El principal objetivo de los sindicatos, huelga tras huelga, ha sido siempre tratar de evitar que arranque el transporte público. Por este motivo, allí se trasladaron hasta agentes a caballo. Y la Policía tampoco tuvo que cargar allí. Apenas unos leves empujones cuando un grupo de radicales, con pocas ganas de informar, trató de frenar la salida del primer autobús de las cocheras de Fuencarral. Su aprecio por los medios de comunicación también era escaso. Acto seguido, el siguiente autobús ya salió escoltado por agentes a caballo y ya no hizo falta más. «Es que tenemos que medir mucho, no sólo tratar de aislar a los piquetes que entendemos que van con malas artes, sino además controlar a los vehículos que sufren el acoso para evitar que los conductores puedan perder los nervios y provocar un accidente», detalla uno de los agentes sobre la complejidad del operativo. «Tenemos que hacer mucha cirugía fina para evitar que a la mínima salte un incendio de proporciones incontroladas».

    Los uniformados contaron con la valiosísima información de agentes de paisano infiltrados entre los piquetes y que alertaban sobre los grupos radicales dispuestos a utilizar la violencia. Los uniformados, así, abortaban sus intenciones.

    La Policía desplegó cerca de un millar de agentes por los puntos calientes de Madrid. Esperaban la actuación de más de 5.000 piquetes llamados informativos durante toda la jornada, cifra que finalmente fue sensiblemente menor.

    Durante toda la madrugada, en la Secretaría de Estado un gabinete de crisis con mandos policiales supervisaba todos los detalles de la compleja jornada. Sobre el terreno, otros mandos arropaban a sus subordinados. «En las jornadas complicadas hay que estar a pie de obra», apuntó uno de ellos.

    jueves, 29 de marzo de 2012

    La Audiencia Nacional obvia el carpetazo al 11-M y enviará nuevas pruebas a la acusación



    • El objetivo es determinar la ocultación de los restos
      29 MAR 2012 | JAVIER SEDANO./La gaceta

      Manos Limpias ha solicitado la grabación de la pericial de explosivos durante el juicio de los atentados. El tribunal ya remitió a Torres-Dulce la información de los trenes.

    • La Audiencia Nacional sigue adelante con el 11-M, lo que supone no sólo obviar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de dar carpetazo a la investigación de los atentados –tras el archivo de la causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano–, sino que pone de manifiesto la intención del Tribunal de dar por buenas las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y continuar con las pesquisas, al menos aquellas centradas en las nuevas pruebas encontradas.

      Bajo ese criterio, la Audiencia Nacional decidió el pasado 23 de marzo dar por buena y acceder a la solicitud planteada, a instancias de Manos Limpias, por Coro Cillán, la juez que desde el Juzgado número 43 de Madrid mantiene viva la investigación del 11-M. La petición no es otra que proceder a la grabación de la prueba pericial de explosivos que se practicó durante el macrojuicio que Gómez Bermúdez presidió en el año 2007. La Audiencia pide a Manos Limpias que aporte 15 DVD para proceder a la grabación solicitada.

      Para el sindicato acceder nuevamente a la prueba de los explosivos es fundamental para determinar qué ocurrió con los cientos de pruebas recogidas en los focos de las explosiones y que, salvo 23, nunca llegaron al juicio de la Casa de Campo; qué implicación tuvo el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, en la custodia de las mismas; y, finalmente, con qué objetivo se ocultaron restos de los vagones, cuando el director de la pericia, perteneciente a la Comisaría General de la Policía Científica, aseguró a los peritos independientes nombrados por Gómez Bermúdez que todos los trenes habían sido fundidos en los Altos Hornos de Vizcaya.

      Tanto LA GACETA como Libertad Digital demostraron que no fue así tras el descubrimiento de un vagón y de la parte explosionada de otro que no fueron incorporados a la investigación y de los que nunca se tuvo noticia.

      Esta última decisión de la Audiencia Nacional se une así a la adoptada la pasada semana por la Fiscalía del tribunal que encabeza Javier Zaragoza cuando envió al fiscal general del Estado los informes relativos a los trenes del 11-M que constan en el Sumario. Concretamente, Zaragoza envió a Torres-Dulce el informe que Renfe remitió a la Audiencia en el año 2007 sobre el desguace y será el propio fiscal general del Estado el que, si lo considera oportuno, los remita vía oficio a la Fiscalía de Madrid, el órgano encargado de la investigación y la que tendrá que determinar si los restos explosionados fueron ocultados al tribunal que juzgó la masacre. Hay que recordar que fue el propio Torres-Dulce quien ordenó abrir una nueva investigación tras el descubrimiento de los focos.

      Por otro lado, otro de los asuntos que quedan pendientes en el Juzgado que dirige Cillán parece que toca a su fin y enfila el camino de la solución inmediata: la ampliación de la querella que contra el ex jefe de los Tedax planteó igualmente Manos Limpias. El anterior secretario del Juzgado, asumiendo competencias que no le eran propias, decidió rechazarla, al considerar, como estableció la Audiencia Provincial, que el auto contra Manzano abierto en el 43 ya era “cosa juzgada”. Ahora, el nuevo secretario decide lo contrario y eleva el recurso a la juez y tendrá que ser la propia Coro Cillán la que determine admitirla o no a trámite. Una decisión que mantendría viva la investigación y la causa contra uno de los principales implicados.

      Coro Cillán se niega a declarar ante el fiscal

      La titular del Juzgado número 43 de Madrid, Coro Cillán, se negó el pasado lunes a prestar declaración ante el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz de Alegría, dentro de la causa penal abierta contra la juez del 11-M. Su abogado, Félix Pancorbo, confirmó que la magistrada se acoge a su derecho constitucional de no declarar porque “ni es conveniente ni oportuno”. “Sólo –aseguró Pancorbo– comparecerá y declarará ante un juez”. LA GACETA ya informó a primeros de mes sobre la investigación penal a Coro Cillán iniciada por la Fiscalía del TSJM a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Una causa que se une al expediente administrativo abierto también contra ella por el CGPJ. En todo caso, este periódico ya se hizo eco de las amenazas anónimas que la juez estaba recibiendo para que dejase la investigación del 11-M, bajo la advertencia de una querella por prevaricación. Fuentes cercanas a la magistrada aseguran que la presión es tanta que está condicionando su labor profesional.

    La defensa dice que Otegi actúa «al margen de ETA, si no en contra»


  • MARÍA PERAL MADRID
  • 29/03/2012
  • 10
  • ESPAÑA/El Mundo
  • Fiscalía y Voces contra el Terrorismo piden al Supremo que le mantenga en prisión


    Rubalcaba lanza a sus sindicatos Toxo y Mocho a la Huelga General auxiliados de los piquetes de la porra

    El abogado Íñigo Iruin pidió ayer a la Sala Penal del Supremo que examine el caso Bateragune con mirada «de futuro» y absuelva a los cinco condenados por la Audiencia Nacional el pasado 16 de septiembre por reconstituir un órgano de dirección de Batasuna «siguiendo las órdenes impartidas por ETA».

    Los cinco (Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez) se encuentran en prisión debido al fallo de la Audiencia Nacional. Sobre Otegi y Díez Usabiaga pesa una pena de 10 años de prisión para cada uno al ser considerados por la Audiencia Nacional dirigentes de organización terrorista, y eso que el primero de ellos aprovechó este proceso judicial para protagonizar un rechazo público de la banda. «ETA sobra y estorba», afirmó Otegi durante el juicio.

    La misma linea siguió ayer el letrado Iruin en una brillante exposición que contrastó con la discreta intervención de la fiscal Illana Navia-Osorio pidiendo la confirmación de la condena.

    El defensor cuestionó el carácter incriminatorio de los indicios en los que la Audiencia Nacional basó su fallo. Buena parte de ellos -en particular, documentos de ETA y de Batasuna de 2008 y 2009 y unas cartas dirigidas por Usabiaga a presos etarras- ya son viejos conocidos para el Supremo: fueron incorporados como elementos probatorios en los procesos seguidos ante la Sala del 61 sobre Sortu y Bildu. De esta manera, lo que se escuchó ayer en la vista de casación fue una especia de repetición, pero en clave penal, de los debates que el Tribunal celebró en 2011 sobre las nuevas estructuras políticas de la izquierda abertzale.

    Para unos, el desmarque de ETA explicitado por Sortu y Bildu es sincero; para otros, es meramente estratégico y sólo pretende burlar la ilegalización de Batasuna.

    Es la misma polarización que se percibió ayer en la vista penal. La sentencia condenatoria, cuya confirmación instan la Fiscalía y la asociación Voces contra el Terrorismo, afirma que los cinco acusados, «en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA», formaron un órgano de coordinación para llevar a cabo el proyecto de acumulación de fuerzas políticas independentistas. Y, aunque en los documentos que elaboraron se alude al cese de la violencia, se hace «sin la debida contundencia».

    Para la defensa, lo que los acusados pretendían eran justamente lo contrario: erradicar la lucha armada. Iruin se basó en el documento Clarificando la fase política, elaborado por los condenados en octubre de 2009 y en el que diseñaron una nueva estrategia de la izquierda abertzale basada «exclusivamente» en los medios políticos.

    Se basó también en unas cartas de Díez Usabiaga en las que criticaba a quienes, en el ámbito interno, defendían la compatibilidad de la lucha armada y la lucha política. «Eso nos podría llevar a otro atasco monumental», escribió el ex secretario general del sindicato LAB, que expresaba su temor a que «ellos sacudan» [ETA cometa atentados] para «agujerear o debilitar la situación».

    «Esas cartas son la mejor prueba de descargo», afirmó Íñigo Iruin, que añadió que utilizar como elemento incriminatorio el hecho de que los acusados se reunían en el sindicato LAB es «absurdo», lo mismo que otros indicios como que Otegi y Usabiaga viajaron a Francia para ver a miembros de LAB y Batasuna.

    «El análisis de la prueba debe hacerse no mirando hacia atrás sino también hacia adelante, a la luz de lo que ha ocurrido desde 2009» cuando, según Iruin, el debate abierto en el seno de la izquierda abertzale acabó con el triunfo de la posición de quienes defienden el cese de la violencia.

    «No cabe una visión estática de la izquierda abertzale», añadió el letrado. «Si el futuro, en vez de desdeñarse como ha hecho la Audiencia Nacional, se hubiera tenido en cuenta para valorar los hechos, la conclusión hubiera sido que los acusados, más que someterse a las directrices de ETA, estaban al margen de ella, cuando no oponiéndose a ella».

    «Ya hemos visto qué ha pasado con otras treguas de ETA cuando no se han cumplido los elementos de negociación que pretendían», le replicó el letrado Juan Carlos Rodríguez Segura. Para el representante de Voces contra el Terrorismo, «hay elementos de cargo para mantener la condena».
  • JAVIER G. NEGRE MANUEL MARRACO BILBAO MADRID
  • 29/03/2012 ESPAÑA
  • Otra sentencia le impide ser candidato hasta 2014



    La izquierda abertzale tendrá que buscarse otro candidato para protagonizar su toma de Ajuria Enea. Su líder más carismático, Arnaldo Otegi, no podrá aspirar a ser lehendakari en las próximas autonómicas con independencia de su posible absolución en el caso Bateragune. Los deseos de la izquierda abertzale de situar al histórico dirigente de la ilegalizada Batasuna como candidato en 2013 chocan frontalmente con una sentencia firme del Tribunal Supremo, que le condenó en junio de 2007 a siete años y tres meses de inhabilitación absoluta, además de 15 meses de prisión que ya cumplió, por enaltecer al terrorista José Miguel Beñaran, Argala, en 2003.

    En virtud de ello, Otegi no podrá ejercer ningún empleo o cargo público, aunque sea electivo, hasta septiembre de 2014. Sólo le quedaría el improbable cartucho de que el Gobierno le concediera un indulto parcial. Un jarro de agua fría para aquellas voces de la izquierda abertzale que ayer volvieron a situar al caso Bateragune como el único escollo que separa a su dirigente más simbólico de su carrera hacia Ajuria Enea.

    Las aspiraciones políticas de Otegi podrían encontrar en el futuro otro obstáculo. La Audiencia Nacional tiene aún pendiente la celebración del juicio por la causa de las herriko tabernas.

    miércoles, 28 de marzo de 2012

    La huelga que fue jueves


    27 de Marzo de 2012 - 12:21:13 - Luis del Pino/Libertad digital

    Lo confieso: todo el tema de la huelga general me importa un bledo. Por la sencilla razón de que me parece una burda escenificación.

    Convocan la huelga unos sindicatos que a nadie representan, pero que se usan desde hace décadas para simular que existen "interlocutores sociales".

    Financia la huelga el propio gobierno contra el que se supone que va dirigida esa huelga: es el gobierno quien nos saca dinero de nuestro bolsillo para entregárselo a esos sindicatos "mayoritarios".

    Si al gobierno le molestara realmente que se convoquen huelgas, dejaría de financiar a nuestra costa a quienes las convocan.

    Gobierno, oposición y sindicatos juegan simplemente a repartirse los papeles en esta huelga pactada.

    Escenifican un falso conflicto social de cara a la opinión pública nacional e internacional, por la sencilla razón de que a todos ellos les conviene.

    El gobierno, por un lado, necesita una protesta controlada en la calle, para que Europa le autorice un ajuste menos duro de lo necesario.

    También le viene bien la huelga a este gobierno para tratar de inducir un cierre de filas entre sus electores, que están ya muy quemados.

    Sindicatos y oposición, por su parte, necesitan escenificar que están en contra de esos ajustes pactados con el gobierno.

    El PSOE, para evitar que surjan otras fuerzas políticas que capitaneen la contestación social y le arrebaten una parte del voto de izquierda.

    CCOO/UGT, porque su chiringuito se derrumbaría si se generaliza la percepción de que no son otra cosa que lacayos de la "patronal" (el Estado), que es quien les paga.

    Así que: con su pan se lo coman. No es mi huelga. No es una huelga. Es sólo un paripé. Y yo, cuando voy al teatro, prefiero elegir otras obras menos cutres.

    UPN a Amaiur: «¡Estamos hartos de injerencias!»


  • CARMEN REMÍREZ DE GANUZA FERNANDO LÁZARO MADRID
  • 28/03/2012 ESPAÑA/El Mundo
  • El Senado respalda la moción contra la «manipulación» del '1512'

    Mañana, los parásitos sindicales que actuan de correa de transmisión política, utilizarán la violencia para intentar paralizar el país

    El Senado aprobó ayer, con los votos del PSOE, PP y Foro -CiU se abstuvo y PNV y Amaiur votaron en contra-, la moción presentada por UPN contra el intento de «manipulación» de la Historia de Navarra por parte de la izquierda abertzale y, en concreto, de la conquista dinástica del viejo Reino por Castilla en 1512. Los abertzales han lanzado una campaña educativa y de divulgación que, según los informes políticos y policiales recabados, persigue abonar la justificación independentista y anexionista del nacionalismo vasco sobre la Comunidad Foral.

    En el debate celebrado anoche en la Cámara Alta, la representante de Amaiur, Amalur Mendizabal, acusó a UPN de tener «miedo a la libertad y al pasado» y de querer «parar la ola a favor de la curiosidad surgida en Navarra» sobre la Historia. En particular, acusó al Gobierno navarro de haber «silenciado la Historia» en la educación: «Los niños desconocen la Historia de Navarra», dijo desde la tribuna.

    «No tenemos ningún miedo a la libertad», le replicó la senadora de UPN Amelia Salanueva, «pero estamos hartos de manipulaciones e injerencias». «¿Cómo puede hablar de la educación de Navarra si ni siquiera es usted navarra?», le preguntó a la parlamentaria guipuzcoana entre aplausos, para argumentar como injerencias la divulgación de libros en las ikastolas con mapas de la pretendida Euskal Herria que incluyen a la Comunidad Foral, o la subvención de 24.000 euros que la Diputación de Guipúzcoa dio a una ikastola de la localidad navarra de Lodosa y que el Gobierno foral ordenó retirar. «No manipulen, no nos quieran engañar», le insistió.

    Salanueva no pasó por alto la relación de Amaiur con ETA. «Dice usted que Navarra fue conquistada a sangre y fuego y que les repugna la violencia, pero todavía estamos aquí esperando que condenen la violencia que aquí se ha cometido durante años y que repugna a la sociedad española».

    En esta misma línea, el senador del PP Ignacio Palacios, que introdujo una enmienda de modificación, defendió la «importancia de estos dos centenarios (1212 y 1512) para Navarra y para España», y reprochó a su vez: «Algunos pretenden manipular la historia para crear un sentimiento de enfrentamiento y de diferenciación de los navarros con el resto de España y para legitimar la historia de ETA de estos últimos 50 años». «La gran mayoría de los navarros de hoy», añadió, «no estamos dispuestos a cambiar nuestro estatus para convertirnos en un cuartel de Euskal Herria. Mal que les pese a muchos, Euskal Herria es una quimera».
  • LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
  • 28/03/2012 PORTADA
  • Amaiur, PNV y Gobierno vasco presionan al TS para que deje libre a Otegi

    Los abertzales de Amaiur, el PNV y hasta el Gobierno vasco trataron ayer de influir y presionar para que el Tribunal Supremo resuelva hoy favorablemente la petición de excarcelación de Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y otros tres condenados por pertenencia a ETA. Los diputados de Amaiur en el Congreso convocaron una rueda de prensa para hacerlo.

    Para esta comparecencia, utilizaron la sala de prensa del Congreso. Y en ella exigieron «la inmediata e incondicional» liberación de Arnaldo Otegi y de los otros cuatro encarcelados por el caso Bateragune que fueron condenados, dijeron, por «sus actividades exclusivamente políticas». Por ello, exigieron también la revocación de la sentencia que dictó en septiembre de 2011 la Audiencia Nacional. Su intención era claramente influir así en la deliberación del Supremo, que hoy estudiará el recurso de la defensa de los dirigentes abertzales.

    Cinco diputados de la formación -Rafael Larreina, Mikel Errekondo, Iker Urbina, Maite Ariztegi y Sabino Cuadra- convocaron a los periodistas, les leyeron un comunicado en castellano y en euskara y contestaron preguntas, pero sólo sobre el caso Bateragune, ya que se negaron a responder sobre otros temas, como las elecciones vascas.

    El Supremo estudiará hoy el recurso interpuesto por la defensa de los cinco condenados a entre ocho y 10 años de prisión por la Audiencia Nacional: Otegi, Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto.

    Larreina expuso que la sentencia tuvo «un cariz político» y que fue dictada por «un tribunal de excepción» como una «demostración de fuerza» del Estado para «entorpecer y condicionar los avances» que, según dijo, ya se estaban produciendo en el País Vasco para alcanzar «la paz».

    El parlamentario de Eusko Alkartasuna añadió que en los últimos tiempos, y después de esa sentencia, «se han producido cambios sustanciales y de gran calado» que han dado lugar al último comunicado de ETA en el que anunció el cese de su actividad terrorista. Éste es un proceso «imparable que no tiene vuelta atrás», vaticinó.

    Por eso también, Amaiur exigió al Gobierno que «dé pasos» para avanzar en «la resolución del conflicto»: «Deben cesar las agendas políticas y jurídicas contrarias a la paz», aseguró Larreina. Y pidió al PP que les acepte como interlocutores en la política vasca.

    Preguntados por los periodistas, los diputados de Amaiur evitaron reclamar explícitamente la disolución de ETA porque «sobre eso, ya está todo dicho por activa, por pasiva y por perifrástica». La coalición, añadió, «no contempla que existan organizaciones que no se muevan en ámbitos políticos y democráticos».

    Los portavoces del PP, Alfonso Alonso, y de UPyD, Rosa Díez, rechazaron la utilización del Congreso para exigir la libertad de los condenados. Alonso señaló que el Parlamento «no es el lugar adecuado para pedir la revocación de sentencias». Da la impresión, dijo, de que los abertzales «han venido al Congreso a trabajar por la impunidad».

    Rosa Díez, por su parte, calificó la comparecencia de Amaiur como «un insulto a la inteligencia y al Estado de Derecho» porque están hablando de «condenados por delitos de terrorismo». «El final del terrorismo será el triunfo de la democracia, no una cesión», concluyó.
  • J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
  • 28/03/2012
  • 8
  • ESPAÑA
  • Gobierno socialista vasco: los jueces que revisarán el 'caso Otegi' «no son ajenos a la realidad»




    No quiso dar cuenta de los deseos del Gobierno vasco de cara a los recursos que analiza hoy el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Bateragune, pero su portavoz, Idoia Mendia, sí dejó constancia de que los jueces que revisarán la condena a Arnaldo Otegi y otros miembros abertzales por querer reconstruir la ilegalizada Batasuna «no son ajenos a la realidad del país».

    De este modo, y aunque los tribunales interpretan la ley con «independencia y rigor», Mendia sugirió que los jueces que se encargan del caso deberían adoptar una actitud más flexible porque, «evidentemente no viven fuera de la realidad», con el «cese definitivo» del terrorismo de ETA como telón de fondo.

    Y sea cual sea su decisión, el Gobierno vasco exigió que la resolución de los recursos se produzca con «rapidez» para poner fin a las «inquietudes» que puedan existir en torno al futuro de Otegi y del resto de condenados por este caso, entre ellos el ex secretario general del sindicato abertzale LAB Rafael Díez Usabiaga.

    El Ejecutivo de Patxi López anunció que «respetará» la decisión que adopte el Supremo de cara a la liberación de Otegi, si bien Mendia no desaprovechó la ocasión para dar un tirón de orejas a la Justicia por la demora en echar el cierre al proceso abierto por el intento de reactivar la antigua Batasuna a través de la plataforma Bateragune. «La justicia que se alarga demasiado empieza a no ser justa», reprochó.

    La jornada previa a la vista que hoy celebrará el Tribunal Supremo sirvió para que las formaciones nacionalistas y abertzales alimentaran su discurso soberanista y exigieran la anulación de la sentencia que condenó a Otegi y Díez Usabiaga a 10 años de cárcel y a ocho años a Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez.

    Bildu lo hizo a través de la principal institución que gobierna, la Diputación de Guipúzcoa, que reclamó su liberación, ya que el «objetivo de sus actividades ha consistido en reivindicar que la construcción de este pueblo debe llevarse a cabo desde el desarrollo de la democracia y la paz, y desde el respecto a la voluntad ciudadana».

    El PNV también se sumó a esta corriente en defensa de Otegi ya que, según denunció, actuaciones judiciales por el caso Bateragune «forman parte de un pasado que la sociedad vasca ha decidido superar» para poder «construir un nuevo tiempo de convivencia y normalización política».

    martes, 27 de marzo de 2012

    El yerno de Elosua tumba la versión de los imputados en el chivatazo


  • MANUEL MARRACO MADRID
  • 27/03/2012 PORTADA/El Mundo



  • La primera diligencia tras la reactivación del caso Faisán ha vuelto a señalar a los imputados. El yerno de Joseba Elosua desmontó ayer la tesis de las defensas sobre el momento en que se produjo el chivatazo y ofreció un relato que encaja con su implicación en el soplo.

    En su declaración como testigo ante el juez Pablo Ruz, Carmelo Luquín desveló que el dueño del bar Faisán ya le había contado la delación bastante antes de que se produjera la llamada que los imputados señalan como la del chivatazo y que atribuyen al propio equipo investigador.

    Andalucía ha decidido seguir en la claoca socialistaCarmelo Luquín es una figura crucial en la cronología del chivatazo. Fue a él a quien Joseba Elosua relató el soplo y fue una conversación entre ambos, grabada por la Policía, la que alertó a las Fuerzas de Seguridad de que algo raro había sucedido. Pese a ello, nunca había declarado como testigo por el chivatazo, tan sólo como imputado en el sumario contra la red de extorsión, en el que está procesado.

    A preguntas del magistrado Pablo Ruz, Luquín relató tres encuentros con Elosua el 4 de mayo de 2006, día del soplo. El primero, cuando el dueño del Faisán llegó a un pequeño centro comercial de Irún, junto a la frontera con Francia, en el que la familia Elosua tiene el bar y una perfumería. Antes de entrar en el Faisán, Elosua se asomó unos segundos a la tienda y saludó a Luquín. Según las grabaciones, eran las 11.10 horas.

    El siguiente encuentro fue revelado ayer por primera vez y es el que desbarata la versión de los imputados. Un rato después de esa primera visita -no precisó cuánto-, Elosua volvió a pasar a la perfumería, situada a sólo unos metros. Fue entonces cuando le dijo a Luquín por primera vez que al poco de llegar al bar un hombre le había pasado un teléfono desde el cual «un policía» le había advertido de una operación inminente: el etarra Cau Aldanur iba a ser detenido al cruzar la frontera con dinero de la extorsión que él mismo tenía que darle. Elosua aún tuvo tiempo de indicar a su yerno que el que le había dado el teléfono era un hombre que se alejaba por la calle. Luquín le vio de espaldas, aunque ayer no supo dar datos físicos para identificarle.

    Pero no fue entonces cuando Luquín llevó a Elosua a Francia para alertar de la operación policial, sino que siguió en la perfumería un buen rato, hasta la hora habitual de cierre, a las 12.30 horas. Luego pasó al bar a dejar las llaves, vio a Elosua nervioso y se ofreció a llevarle al otro lado de la frontera.

    La cronología no cuadra con la tesis de las defensas y sí, en cambio, con la propuesta por el equipo investigador, avalada por el fiscal Carlos Bautista y asumida por el juez en el auto de procesamiento, de que el soplo fue a las 11.23 horas. Por eso Luquín tuvo que esperar un buen rato hasta poder cerrar la tienda.

    La defensa del entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, recurrió el procesamiento indicando que el soplo se habría producido a las 12.26 horas, en una llamada «que encaja mucho más lógicamente con los hechos». Se trataba de una llamada hecha por un miembro del equipo investigador a otro, inmediatamente antes de que Elosua intentara llamar a Francia para avisar de la operación y, al no conseguir el contacto, pidiera a su yerno que le acompañara al otro lado de la frontera, a las 12.41.

    La llamada que hasta ahora proponían las defensas duró casi cinco minutos, así que terminó a las 12.30 horas. Para entonces, según el relato de Luquín, hacía rato que Elosua le había advertido del soplo.

    También declararon ayer varios mandos que en su día estuvieron asignados a la operación Urogallo, frustrada por el soplo. Todos declararon que habían estado esa mañana junto al agente al que las defensas atribuyen la llamada del soplo.

    Que la llamada del chivatazo fuera la propuesta por las defensas era una de esas «otras alternativas igualmente posibles» a las que se refirió el Pleno cuando revocó los procesamientos y devolvió a Pamies, al inspector Ballesteros y al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo a la condición de imputados.