jueves, 31 de marzo de 2011

Interior mintió a la juez Levert para ocultar el teléfono de contacto con ETA


EL 648147190 ERA UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA POLICÍA, IMPUTADO POR EL CHIVATAZO


Interior mintió a la juez Levert para ocultar el teléfono de contacto con ETA

El ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho

España | Carlos Fonseca.- 31/03/2011 (06:00h) El Confidencial.

El Ministerio del Interior mintió en la contestación a una comisión rogatoria de la juez francesa Laurence Levert que reclamaba a las autoridades españolas que identificaran al usuario del teléfono móvil 648147190, que el etarra Juan Carlos Yurrebaso, uno de los negociadores de la banda en el proceso de diálogo (2005-2007), afirmó que le fue facilitado por los representantes del Gobierno como contacto en caso de emergencia. Dicho móvil era utilizado por el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado por el chivatazo a ETA, y es el nexo de unión entre la filtración y la negociación con la banda.

Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad y número 2 del departamento, firmó el documento de respuesta a la magistrada, en el que se afirma que “tras haber llevado a cabo unas investigaciones en los registros del Ministerio del Interior, se desprende que ninguno de dichos teléfonos (la comisión rogatoria se interesaba también por el 68512132, imposible de identificar porque le falta un número) está atribuido a este ministerio, y que en ningún momento se ha pagado cantidad alguna por los teléfonos citados con fondos de éste”.

Sin embargo, el propio Camacho había telefoneado en varias ocasiones a dicho número para hablar con Víctor García Hidalgo. Además, los agentes que investigaban al director de la Policía por el chivatazo a ETA ya habían descubierto entonces que era uno de los móviles que utilizaba, y así lo habían recogido en su informe número 367, de 23 de enero de 2007. Un informe que obraba también en poder del juez Baltasar Garzón, que en aquel momento instruía la causa por la filtración a la banda.

El número 648147190 le había sido facilitado al etarra Yurrebaso por los representantes del Gobierno en la mesa de negociación con la banda para que recurriera a él si era detenido por error en alguno de sus desplazamientos por Francia. El móvil correspondía a una tarjeta prepago Movistar utilizada por García Hidalgo, que no tuvo la precaución de limitar su uso para eventuales contactos con ETA exclusivamente y recurrió a él para realizar llamadas personales.

La detención de Yurrebaso

Para desgracia de los negociadores, Yurrebaso fue detenido “accidentalmente” en Francia el 20 de marzo de 2007 junto a Kepa Suárez, miembro también del equipo negociador de ETA aunque no se sentaba en la mesa de diálogo. Tal y como le habían dicho los interlocutores del Gobierno, el etarra facilitó a los agentes galos el número de teléfono en cuestión y dos más correspondientes a teléfonos franceses, uno de ellos de un estrecho colaborador del hoy presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Los policías no le hicieron caso y el etarra relató a la juez Levert lo que antes había dicho a aquéllos. Cuando Yurrebaso fue detenido el Gobierno había dado oficialmente por rota la negociación con ETA tras la detonación de un coche-bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) que causó dos víctimas mortales, pero mantenía abierta en secreto la interlocución con el Ejecutivo español.

A la vista de las declaraciones del etarra, la magistrada francesa cursó el 14 de mayo de 2007 una comisión rogatoria a las autoridades españolas para que identificaran al titular del 648147190 para tomarle declaración e investigar su tráfico de llamadas. Levert reclamaba también que el Gobierno español aclarara si las declaraciones de Yurrebaso sobre la existencia de un proceso de diálogo eran ciertas y él uno de los interlocutores de ETA; si existía una mesa de negociación; si ese teléfono era una “garantía” para el caso de que fuera detenido, y si efectivamente mantenía abiertas la negociación pese al atentado de Barajas.

El ministerio lo niega todo

La respuesta del Interior negaba tener conocimiento del titular del 648147190 (entonces no era obligatorio identificar a las personas que compraban tarjetas prepago) y que hubiese una “mesa de negociación”. El documento remitido dice literalmente así: “Sin perjuicio de lo que es notorio y conocido, que en virtud de la autorización dada por el Parlamento español al presidente del Gobierno de fecha 17 de mayo de 2005, fue anunciado por éste el 29 de junio de 2006 la intención de iniciar unas conversaciones con la banda terrorista ETA con el fin de conseguir el final de su actividad armada. Sin embargo, no existe en este ministerio ningún precedente, ni documento alguno, sobre la existencia de una ‘mesa de negociación con el Gobierno español’, ni ningún precedente acerca de una delegación del Gobierno español a los efectos citados (…)”.

El ministerio se negaba a confirmar de forma indubitada la condición de interlocutor de Yurrebaso. “Respecto a los puntos expuestos por este ministerio relativos a Juan Carlos Yurrebaso Atucha, y conforme a la información policial de la que se dispone, podría admitirse que existe una posibilidad fundada según la cual el interesado habría podido formar parte de los militantes de ETA que participaron en el proceso de diálogo al cual se refiere el primer párrafo de este escrito”.

ETA señala a Garzón como la "garantía" del Gobierno para el proceso de paz


LA JUEZA LE VERT EVITÓ MANDARLE INFORMACIÓN PORQUE DESCONFIABA DE ÉL

ETA señala a Garzón como la "garantía" del Gobierno para el proceso de paz

Baltasar Garzón y los jueces Pablo Guevara y Fernando Grande Marlaska (EFE).

En Exclusiva | @C. Guindal.- 31/03/2011 (08:08h) El Confidencial.

Las actas de ETA sobre las negociaciones con el Gobierno siguen deparando sorpresas. La última tiene que ver con Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional aparece en estos documentos como parte activa en el proceso de paz. Al menos, uno de los negociadores del Gobierno arguyó que el juez, además de ser “garantía” para la buena marcha del proceso, tenía abiertas las líneas con el Ejecutivo y Batasuna.

El Gobierno, siempre según las actas incautadas al ex jefe de ETA Javier López Peña, Thierry, aseguró que contaba con su apoyo. Según fuentes de la investigación, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones de manera cautelar, había mediado judicialmente para que las negociaciones fructificaran.

Estas actas se encontraban hasta este martes bajo secreto de sumario en la investigación que lleva el sustituto de Garzón, Pablo Ruz, sobre el Caso Faisán. En el momento en que se produjo el chivatazo a ETA, el 4 de mayo de 2006, Baltasar Garzón se encontraba en Nueva York impartiendo unos cursos durante una excedencia. Su sustituto en aquel entonces fue Fernando Grande-Marlaska, quien no quiso abortar el operativo contra la red de extorsión de ETA y prosiguió con la investigación.

De las actas también se desprende que el Gobierno empleó a tres negociadores. Se trata del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, el ex ministro en la era de Felipe González, Javier Moscoso, y el actual vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez. En aquel entonces, este último era abogado, entre otros, del propio Garzón.

Estas actas aparecen dentro de los folios enviados por Francia a través de una comisión rogatoria. Una documentación que la juez antiterrorista francesa, Laurence le Vert, no quiso remitir a Garzón durante el tiempo que éste se encargó del asunto. Y no se lo envió porque, tal y como queda reflejado en la comisión rogatoria, desconfiaba de él. Una vez que Ruz se puso al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 –tras la suspensión de Garzón-, la juez francesa decidió enviar toda la documentación referente a la delación policial ocurrida en Irún en el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa.

Entre todos los datos que envía, aparece la explicación de la magistrada al instructor sobre su retraso en el envío en los documentos. Entre otras cosas, muestra su malestar ante la pasividad de Garzón en la investigación. Es más, estas mismas fuentes recuerdan que el juez no citó a Elosúa hasta enero de 2009 para que realizara una rueda de reconocimiento para identificar al inspector José María Ballesteros, uno de los tres imputados, como la persona que entró en su local y le entregó un teléfono. Al otro lado del aparato, una persona le alertaba que iba a ser detenido junto a otras personas en un operativo contra la red de extorsión de ETA, entre ellos uno de los fundadores de ETA, Julen Maradiaga, o el miembro del PNV ya fallecido Gorka Aguirre.

Efectivamente, Ballesteros ha reconocido ante Ruz que sí entró en el bar Faisán aquel 4 de mayo de 2006, pero desmiente que fuera para alertar a Elosúa.

Fuentes próximas al asunto señalan que, en el último auto del juez, dictado este martes, se otorga la condición de testigo protegido a cinco personas, además de a una persona o institución que podría haber actuado como mediadora entre el Gobierno y la organización terrorista. De estos cinco testigos, que son presentados por una enumeración, tres son los negociadores elegidos por el Ejecutivo. De los otros dos, hay uno que podría ser un agente de la Ertzaintza, Policía o Guardia Civil conocedor de lo que ocurrió el día del chivatazo y otro podría ser un agente, pero sin mayor relevancia para la investigación.

La ‘presunta’ llamada de Garzón a Marlaska

Sobre la participación de Garzón ya habló el que fuera comisario accidental en el momento de los hechos, José Cabanillas. Cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional, este alto cargo policial dijo a Ruz que Garzón llamó a Grande-Marlaska el día antes de la operación conjunta entra España y Francia. Le pidió, según este testigo, que no llevara a cabo la operación, extremo al que Grande-Marlaska se negó tajantemente. Cabanillas estaba en el momento de la llamada en el despacho del juez, junto a Carlos Germán, jefe en aquel entonces del operativo contra la red de extorsión y responsable a posteriori de la investigación del chivatazo.

Tras el rechazo de Grande-Marlaska, Garzón habló con Germán. Lo único que Cabanillas pudo escuchar es cómo el jefe policial atendía a las peticiones. Al día siguiente, se produjo la delación policial. Aun así, Ruz no ha dado credibilidad a la declaración de Cabanillas tras las contradicciones mostradas sobre su versión por el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio.

Al poco tiempo de que ETA, en pleno alto al fuego y en negociaciones con el Gobierno, decidiera atentar contra el Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas, el 30 de diciembre de 2006, Garzón dictó un auto rechazando citar a declarar en calidad de imputados a Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena por el atentado.

Tan sólo unas semanas después, a finales de enero, el magistrado señala que es un “argumento simplista” la criminalización de todos los actos de la izquierda ‘abertzale’ y que decir que ésta es parte de ETA, "contradice la Constitución Española". Este auto añadía que el movimiento independentista vasco tiene “todo el derecho (constitucional)” a operar en política con libertad y a organizar los actos que considere oportuno.

El PSOE nos toma por imbéciles: Eguiguren afirma que la promesa de no detener a terroristas era para “engañar a ETA”


Alerta Digital

Eguiguren

Eguiguren, a la derecha, junto al proetarra Arnaldo Otegi.

Por separado y en secreto. El 31 de enero, el 2 y el 3 de febrero, en un despacho de la segunda planta de la Audiencia Nacional los tres mediadores del Gobierno en las negociaciones con ETA en 2006 aseguraron al juez Pablo Ruz que su objetivo primordial era “engañar a ETA” y que aquellos encuentros estaban marcados por los “reproches e insultos”.

El ex fiscal general del Estado y ex ministro, Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, aseguraron ante el instructor que las garantías a los terroristas de que las fuerzas de seguridad iban a bajar el pistón y que el Gobierno prometiera que frenaría operaciones antiterroristas con la connivencia de la Fiscalía eran simples tretas para ganar tiempo, según consta en las declaraciones judiciales a las que ha tenido acceso este medio.

Eguiguren, que según explicó a Ruz se hacía llamar por el nombre clave de ‘Miguel’, durante su declaración muestra “sus prevenciones en cuanto a hacer públicas mis manifestaciones” porque, dice, “supondrían mi sentencia de muerte” por “violar los principios básicos de una negociación”. Aun así, desde el principio reconoce que en los encuentros tanto unos como otros “mentíamos de forma descarada” en un ambiente de crispación con “insultos y reproches”.

Acto seguido detalla a Ruz que las reuniones a las que él asistió tuvieron lugar en Ginebra y Zurich y que en algunas de estas conversaciones “no siempre había representantes del Gobierno”. A veces solo del PSOE. Dice que no recuerda la expresión de que la Guardia Civil solo sigue las órdenes del Duque de Ahumada de la que habla ETA, pero que le parece “imposible” que se usara.

Cuando Ruz y la Fiscalía le preguntan directamente por los compromisos de los que habla la banda en sus actas en el sentido de que el Gobierno “no tenia voluntad de detener”, el jefe de los socialistas vascos se muestra tajante ante el juez: “eso eran invenciones que se hacían en el marco de la negociación”.

La declaración de Moscoso ante el instructor de la Audiencia Nacional fue más corta. El exministro, que asegura que se hacía llamar ‘Antonio’ en sus encuentros con ETA, argumenta que su papel era poco relevante porque tenía órdenes del Ministerio del Interior de hacer reuniones “cortas” y “solo escuchar”. Reconoce ante el magistrado que estuvo presente en el encuentro del 22 de junio de 2006k en el que ETA reprochó al Gobierno las detenciones de la ‘operación Faisán’ contra el aparato de extorsión. Al otro lado de la mesa se sentaba José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu Ternera, aunque en estos encuentros se hacía llamar ‘George’.

Durante los interrogatorios, Moscoso recurre en varias ocasiones al “no recuerdo”. Eso sí, asegura que en las reuniones solo había “notas”, no se “levantaban actas formales”. Y quien llevaba la voz cantante fue Josu Ternera. Habitualmente “se iba tratando lo que iba saliendo”, aunque ‘George’ “llevaba un índice al inicio de la reunión”. Moscoso aseguró a Ruz al final de su declaración que nunca habló con un responsable del Ministerio del Interior.

Gómez Benítez, por su parte, en su declaración ante el juez se centra en las exigencias de los terroristas. Asegura en la Audiencia Nacional que los representantes de ETA les presionaron poco antes del atentado con un listado con “nombres y apellidos” de 58 activistas que habían sido detenidos entre marzo y septiembre de aquel año. Según su versión, su mensaje a los terroristas siempre fue que “el proceso (de paz) debía seguir, aunque siguieran las detenciones”.

Como Eguiguren, el vocal del Poder Judicial asegura al juez que todos los encuentros con los terroristas eran una “juego de apariencias y mentiras”. Gómez, en varios momentos de la declaración y a pesar de la insistencia del juez, se niega a dar los nombres de los etarras que con él se sentaron a la mesa. “No quiero identificar a nadie porque no creo que (esos nombres) aporten nada a la causa”. Sólo “aumentaría el riesgo de muerte”, se justifica.

Según las partes que han tenido acceso a esa información después de que Ruz levantara el martes buena parte del secreto sobre la causa, Moscoso, Gómez Benítez y Eguiguren coincidieron en que las actas de ETA no responden a la realidad, que los terroristas redactaron esos documentos para justificar ante los suyos que era el Ejecutivo el que rompía las negociaciones y que llegaron a poner en boca de los mediadores afirmaciones que no hicieron para mostrar su fortaleza en las conversaciones.

Los interrogatorios de Ruz se centraron en dos reuniones, la del 22 de junio de 2006, dos días después de las detenciones de los supuestos recaudadores de la banda, y la del 27 de octubre del mismo año. En el primer encuentro, según los papeles de ETA, los enviados del Ejecutivo se excusaron por no haber podido “parar” la redada ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska.

La segunda reunión por la que fueron interrogados se produjo poco después de que el juez Baltasar Garzón judicializara la investigación por el chivatazo policial a ETA. Según las actas, uno de los enviados, supuestamente Gómez Benítez, afirmó: “en relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que os manifestamos en septiembre, os diré que por el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE”.

¿Un infiltrado?

Eguiguren introdujo ayer un nuevo matiz sobre el aplazamiento de la famosa operación del ‘bar Faisán’. El presidente de los socialistas vascos, en una entrevista en la Cadena Ser, insinuó que la redada no se pospuso por el soplo policial, sino porque entre el grupo de extorsionadores había un infiltrado policial. “La Policía detiene cuando le conviene detener y no cuando localiza a los terroristas. Todos sabemos, parece ser, que ahí había gente infiltrada”, explicó Eguiguren, quien aseguró que los propios terroristas creían que tenían un confidente policial en sus filas y que a ETA “le hubiera gustado que los hubieran detenido inmediatamente para saber quiénes eran y tirar de la cuerda”.

El presidente del PSE, en esa misma entrevista y en idéntica línea con lo que sostuvo ante el juez, afirmó que las actas de ETA están “revisadas”, “preparadas para convencer a su gente” y que ETA solo recogió lo que “le interesaba”. “No me reconozco en ellas y estuve en las reuniones. De lo que aparece ahí, y además fuera de contexto, hubo muy poquito”, apostilló

Eguiguren, que dijo no representar al Gobierno en esos contactos, negó que hubiera negociaciones con ETA tras el atentado de la T-4 en diciembre de 2006. “Con el atentado se les comunicó que acababa la historia, aunque todavía ni se había comenzado a negociar”, afirmó, antes de aclarar que acudieron al encuentro posterior al atentado a petición de determinados presidente europeos y del líder irlandés Gerry Adams, que “transmitieron que ETA tenía algo muy importante que decir”, aunque luego no “hubo nada especial. Fuimos a escuchar y nos fuimos. Después de la T-4 aseguró que no se negoció”.

Sin órdenes

El dirigente socialista negó tener capacidad para haber prometido a la banda que no habría detenciones. Unas órdenes que, en cualquier caso, todos los mandos policiales interrogados durante las últimas semanas negaron en sede judicial. En el sumario figuran las declaraciones del que fuera director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida; el director de la Ertzaintza, los entonces directores de apoyo operativo de ambos cuerpos, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, que todavía lo es, y el general José Manuel García Varela, ya en excedencia, y los jefes de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, el general Martín Alonso, todavía destinado a la lucha antiterrorista, y el comisario general Telesforo Rubio.

Según fuentes del proceso, todos negaron haber recibido presiones o instrucciones para aflojar en la lucha antiterrorista durante la pasada tregua. Es más, si acaso lo contrario, pues hubo que “extremar la alerta” porque la banda seguía robando armas y coches y continuaba recaudando el dinero del impuesto. El que con más vehemencia en los interrogatorios defendió que no hubo órdenes políticas fue Fernández-Chico.

En la parte recién desclasificada por Pablo Ruz también están las respuestas de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno a los requerimientos del juez para que entregaran los documentos del Ejecutivo sobre aquellos encuentros. La respuesta es coincidente: el Gobierno no levantó actas de las reuniones y por tanto no pueden ser remitidas a la Audiencia Nacional.

El Gobierno pactó con ETA excarcelar a De Juana y luego alegó "motivos humanitarios"




07:22 (31-03-2011) | La Gaceta

Rubalcaba asumió "personalmente" la decisión de trasladar al etarra a San Sebastián el 1 de marzo de 2007. Zapatero apeló después al "valor supremo de la vida". Las actas de Thierry recogen el trato.

Alberto Lardiés. Madrid

El Gobierno tilda hoy de “bazofia llena de mentira” las actas de ETA. Y los negociadores gubernamentales se excusan ante el juez en que “jugaban al ajedrez” con sus interlocutores etarras. Pero al menos en un caso los documentos de la banda asesina coinciden escandalosamente con la tozuda realidad. El 1 de marzo de 2007, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció públicamente para explicar que el traslado del etarra José Ignacio de Juana Chaos ese día desde un hospital de Madrid a uno de San Sebastián se hacía por “motivos humanitarios”, para salvar la vida al terrorista que se encontraba en huelga de hambre.
Sin embargo, según las conclusiones que extrajo Javier López Peña, Thierry, de las reuniones con el Gobierno entre junio y septiembre de 2006, el Ejecutivo se había “comprometido” a “darle la libertad condicional”. “Primero rehabilitación en un hospital de Madrid manteniendo la situación de libertad en secreto. Luego a Euskal Herria en libertad”, reza el documento.

El día del traslado a la capital guipuzcoana, Rubalcaba asumió “personalmente” la decisión. Según explicó, sabía que “los ciudadanos pueden pensar que no merece este trato humanitario”, pero “a diferencia de los terroristas, a nosotros sí nos importa la vida, es nuestra mayor legitimidad moral”. “El Estado debe aplicar la ley, ser humanitario, firme e inteligente”, arguyó. Incluso, sugirió que el etarra podría ser trasladado a su domicilio “hasta su restablecimiento”. Sólo un día después, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no era “el miedo o la debilidad lo que ha salvado a De Juana, sino nuestro valor y responsabilidad de luchar por lo que creemos, que es el valor supremo de la vida”. El asesino en serie De Juana, responsable de 25 asesinatos, llevó a cabo dos ayunos voluntarios como protesta. El primero empezó en la cárcel de El Puerto de Santamaría (Cádiz) en agosto de 2006, en mitad del proceso de paz. En octubre, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid y abandonó su huelga de hambre.

El 7 de noviembre inició otro ayuno, ante la inminencia de una nueva condena en la Audiencia Nacional. En diciembre, los médicos empezaron a alimentarle contra su voluntad.

Ya en febrero de 2007, De Juana aparecía en una célebre fotografía en la portada de The Times. Y, como se ha dicho, el 1 de marzo fue trasladado a San Sebastián, donde pocos días después se le veía paseando junto a su pareja por las inmediaciones del hospital.

La cronología sobre el terrorista coincide plenamente con las anotaciones que hizo Thierry en otra de sus actas. Tras la reunión entre el Gobierno y ETA del 27 de octubre de 2006, el negociador y jefe etarra anota: “Tema De Juana: bloqueado. El robo lo bloquea. Nosotros quitamos al fiscal porque no quería rebajar la condena de 2 a 4 años. ETA dice que De Juana abandonó la huelga por orden de ETA y que si no queda libre, actuará en consecuencia”.

Así pues, Thierry explica que en esa reunión del 27 de octubre, cuando el autor de 25 asesinatos ya había dejado su ayuno voluntario, el Gobierno arguyó que no había cumplido su compromiso por “el robo”, en clarísima referencia al robo de pistolas en Vauvert, sucedido el 23 de octubre, cuatro días antes del encuentro. Cuando el Ejecutivo, siempre según Thierry, hablaba de “quitamos al fiscal” se refería a la renuncia del fiscal Jesús Alonso, quien anunció precisamente el 27 de octubre (mismo día de la reunión Gobierno-ETA) que dejaba el caso. Este fiscal había pedido 96 años de cárcel para De Juana por unos delitos de amenaza y renunció después de que el fiscal Javier Zaragoza le ordenase que cambiara su petición.

Cuando la banda criminal dice que “De Juana abandonó la huelga por orden de ETA”, también coinciden los tiempos, puesto que el etarra había anunciado que dejaba su huelga de hambre el 9 de octubre, sólo unos días antes de la reunión. Y cuando los etarras aseguran al Gobierno que “si no queda libre, actuará en consecuencia”, claramente están amenazando con atentar.

Como ya es sabido, cuando De Juana recibió el alta médica, el 7 de junio de 2007 fue de nuevo trasladado a la cárcel de Aranjuez. Claro, dos días antes ETA había anunciado el final de su tregua.
Tras cumplir condena y casarse, De Juana marchó en agosto de 2008 a Irlanda. La Audiencia Nacional le reclama por otro delito. Precisamente ayer se cumplió un año de su huida de la Justicia

El Ejecutivo prometió liberar a un secuestrador de Ortega Lara



08:41 (31-03-2011) | La Gaceta

Los enviados del Gobierno lo propusieron en la reunión del 27 de octubre de 2006. Se trata del etarra Jesús María Uribetxeberria. El funcionario estuvo en un zulo durante 532 días.

A. L. G. Madrid

El 27 de octubre de 2006, durante una reunión entre el Gobierno y ETA del proceso de paz, los emisarios gubernamentales ofrecieron a sus interlocutores etarras la salida a la calle del terrorista Jesús María Uribetxeberria, uno de los secuestradores del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Así consta en las actas incautadas a Javier López Peña, Thierry, aireadas estos días.

Más en concreto, el jefe terrorista incluye un listado de concesiones que prometió el Gobierno en ese encuentro. Entre ellos, apunta: “El Gobierno ofrece salidas a enfermos graves, incluso a uno de Ortega Lara, Uriberetxebarria” (sic). Aunque la promesa no se cumplió en este caso.

Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, Javier Ugarte, José Luis Erostegi y sus carceleros, José Miguel Gaztelu, miembros del comando Gohierri, fueron condenados en 1998 a 32 años de cárcel por el secuestro del funcionario de prisiones. Con el dinero facilitado por los jefes terroristas, alquilaron en Mondragón (Guipúzcoa) una nave industrial en la que constituyeron la empresa Jalgi, presuntamente dedicada a elaborar piezas de repuesto.

Estos individuos secuestraron al funcionario de prisiones de Burgos el 17 de enero de 1996. Fríamente lo trasladaron al zulo de cinco m2 en que estuvo recluido durante la friolera de 532 días, hasta que la Guardia Civil consiguió liberarlo el 1 de julio de 1997. Tiempo después, también fueron condenados los cabecillas terroristas Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza, y Julián Achurra Egurola, Pototo, por haber ordenado el secuestro, así como haber conseguido el dinero para perpetrarlo.

Tras sufrir el cautiverio, Ortega Lara se convirtió en un referente para las víctimas. Hoy día sigue luchando desde la asociación Voces Contra el Terrorismo.

Eguiguren contactó con ETA a la vez que Zapatero pactaba con Aznar


Uno de los fundadores de la banda declara a Le Vert que se reunió con el presidente del PSE en 2000. Los socialistas estaban a punto de firmar con el PP el Pacto Antiterrorista


Eguiguren, en la imagen, pidió a Madariaga un contacto con ETA según la declaración que hizo el terrorista a la juez Laurence Le Vert (ver reproducción de la izquierda)
31 Marzo 11 - - J. M. Zuloaga/ La Razón.es

MADRID-Julen Kerman Madariaga, uno de los fundadores de ETA, que fue detenido por la Policía francesa en junio de 2006, reveló, ante la juez antiterrorista gala Laurence Le Vert que, en una fecha que no concretó (pero que se sitúa en el segundo semestre de 2000), recibió la visita del presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, para solicitarle un contacto con ETA. Madariaga había sido arrestado en la operación contra el «aparato de extorsión», que tenía su origen en el bar Faisán, de Irún.


Pacto antiterrorista
En la declaración, que fue prestada el 24 de junio en París, con la asistencia letrada de Jean Jacques Felice, explicó que los socialistas, que entonces estaban en la oposición y que el 8 de diciembre de 2000 firmaron el Pacto Antiterrorista con el Partido Popular, querían establecer contacto con ETA. Aclaró que la reunión se produjo meses después de que José Luis Rodríguez Zapatero fuera elegido secretario general del PSOE, el 23 de julio de ese año. El contacto debió tener lugar, por lo tanto, mientras eran discutidos, por los dos principales partidos españoles, los términos de dicho pacto.

Madariaga, que había sido detenido por su presunta participación en la red de cobro del «impuesto revolucionario» y, en concreto, por ayudar a dos empresarios a pagar a la banda 54.000 euros, dijo a la juez francesa que quería aportar algunas aclaraciones «ante el problema político que está relacionado con todo esto (el chantaje a empresarios) de otra manera».

«El presidente del Partido Socialista vasco, que se llama Jesús Eguiguren, –afirmó– vino a verme, así como a otra persona que estaba conmigo. De momento, no citaré el nombre de esa persona, pues no sé si ella lo desea. Tuvimos una entrevista entre ocho y diez horas y, en resumen, comprendimos que el Partido Socialista del Estado Español, cuyo secretario general, señor Zapatero, acababa de ser elegido unos meses antes, nos preguntaba en dos palabras si podríamos, de una forma u otra, ponerles en contacto con ETA con el fin de entrevistarse directamente con ETA».

«Mi impresión, porque no se nos dijo expresamente, es que el señor Zapatero estaba al corriente. Nuestra respuesta fue: “Vamos a intentarlo”. En lo que a mi respecta, hay personas que me insultan y me tratan de traidor, pero hay otras que me respetan y siguen saludándome. Por tanto, pensé abordar a una de éstas últimas y explicarle lo que me habían pedido y dejar que ella se ocupara. Es lo que hice. Después no he vuelto a tener noticias», según la declaración ante la magistrada.

Más adelante señaló que «supe por la prensa que ha habido contactos con Batasuna y supongo que a lo mejor, por esta vía, han tenido acceso a ETA».

Madariaga dijo a la juez que pensaba que la operación contra el «aparato de extorsión» de ETA pudiera «ser utilizada por las personas hostiles al proceso de paz –la población y la Administración españolas están muy divididas sobre este punto– para bloquear el proceso, especialmente utilizando mi presencia en el procedimiento y diciendo que pretendía ser favorable a la paz, como mi partido, Aralar, y que era un hipócrita».

El PNV evita que Rubalcaba explique en el Congreso las actas de ETA


Según el nacionalista Josu Erkoreka, el ministro está siendo objeto de "una campaña de erosión en toda regla" por parte del PP.


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31 Marzo 11 - Madrid - Ep/ La Razón.es

El PNV ha adelantado su negativa a apoyar la petición del PP para que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba comparezca en el Pleno del Congreso para explicar la negociación con ETA y el 'chivatazo' policial a la banda durante la tregua de 2006.

En un artículo publicado en su página personal y recogido por Europa Press, Erkoreka admite que en las actas de la negociación atribuidas a ETA "se reflejan actitudes del Ejecutivo que permiten adivinar la existencia de una sintonía de fondo entre los interlocutores de las dos partes".

Sin embargo, cree que trata de una táctica negociadora. "En unas conversaciones de ese tipo, las partes han de buscar un suelo de confianza mutua que sólo se alcanza procurando complacer en lo formal, no provocar gratuitamente y dar la sensación de que se está trabajando denodadamente por el éxito de las conversaciones --sostiene--. Nadie realmente interesado en alcanzar una transacción comienza los contactos con un exabrupto, un desprecio o un insulto. O se inspira a la parte contraria un mínimo de confianza o el intento está condenado al fracaso de antemano".

Al margen de esas "numerosas muestras de este feeling mínimo", el dirigente del PNV cree que "lo que los representantes del Gobierno hablaron con los delegados de ETA a lo largo de esas conversaciones, no encierra, a estas alturas, más interés que el estrictamente periodístico y/o histórico".

"Lo tiene también político, evidentemente, en la medida que permiten conocer si respetó o no los límites que le marcó el Congreso, pero creo que carece del más mínimo sentido rastrear en las actas que dan cuente de ellas, a la búsqueda de responsabilidades políticas o penales", agrega.

NADIE PUEDE RASGARSE LAS VESTIDURAS

Erkoreka piensa que, una vez que se acuerda entablar conversaciones con ETA, para lo cual el Gobierno "contaba con aval explícito" del Parlamento, "nadie puede rasgarse las vestiduras por el hecho de que quienes participaron en ellas procurasen construir el marco de confianza mínimo indispensable para que cualquier ensayo dialogado pueda prosperar".

En ese contexto, achaca la reacción del PP a "una campaña de erosión" contra Rubalcaba. "Una campaña en toda regla que le acusa de connivencia y complicidad con el terrorismo y concluye solicitando al mismo tiempo su comparecencia y su dimisión; cosa que no deja de extrañar, porque parece evidente que si comparece, es porque no ha dimitido aún, y si dimite, ya no puede comparecer", apunta.

En su opinión, "los aspavientos con los que el PP busca la cabeza de Rubalcaba carecen de la más mínima credibilidad" y "son meras salvas preelectorales". "Si los populares estuviesen realmente convencidos de lo que dicen, lo primero que harían es retirar su apoyo a Patxi López que, como nadie ignora, nunca -ni entonces ni ahora-, se ha apartado un ápice de la política antiterrorista dictada por Rubalcaba. ¿O es que alguien piensa lo contrario?", opina.

Es decir, que "si Rubalcaba debe rendir cuentas ante el Parlamento y dimitir por lo que hizo entre 2006 y 2008, a Patxi López debería exigírsele exactamente lo mismo". "Pero al PP no le interesa lo más mínimo esa presa y es seguro que continuará apuntalando con uñas y dientes su permanencia en Ajuria Enea -agrega-. Son libres de hacerlo, tan libres como somos nosotros de no prestar apoyo a la comparecencia de Rubalcaba en el Pleno del Congreso".

Dos heridos por la explosión de una carta bomba en Suiza




31 Marzo 11 - Berna - Ep/ La Razón.es

Dos personas han resultado heridas este jueves por la explosión de una carta bomba en las oficinas de la entidad que aglutina a las centrales nucleares de Suiza, según ha informado la Policía helvética.

La explosión ha tenido lugar en la sede de Swissnuclear, en Olten, y en ella han resultado heridas dos empleadas, que han sido trasladadas inmediatamente al hospital, si bien su vida no corre peligro.

Ortega Lara: Rajoy apoyó a las víctimas "mientras le fuimos de utilidad"


Jornada del CEU en Burgos

Dice que los responsables políticos del chivatazo deberían haber dimitido y estar procesados por colaboración con banda armada y por traición.

2011-03-31
libertad digital

El ex funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado por ETA 532 días entre 1996 y 1997, ha manifestado tener a veces la sensación de que "el Sr. Rajoy nos apoyó mientras le fuimos de utilidad y que ahora nos hemos convertido para él en una rémora que entorpece sus aspiraciones políticas".

Esta afirmación la realizó Ortega Lara durante su intervención en la I Jornada "Víctimas del Terrorismo: Memoria, Dignidad y Justicia", organizada por el Observatorio Internacional Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU que se está celebrando en Burgos desde el día de ayer. El salón de actos de Caja Círculo, completamente abarrotado de gente, fue el escenario de esta Jornada.

En contraste con esta actitud del actual presidente del PP, Ortega Lara, que se dio de baja como militante de este partido en mayo de 2008 a raíz de la dimisión de María San Gil como presidenta del PP del País Vasco, resaltó "el ejemplar apoyo a las víctimas del terrorismo por parte de los gobiernos del PP al frente de la Nación, algo que quedará para siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón".

El ex funcionario de prisiones fue también muy crítico con la negociación política con ETA que en su opinión está llevando a cabo el actual gobierno del PSOE: "esta ominosa negociación política con los terroristas supone una sangrante humillación, ya que se está llevando a cabo menospreciando la memoria de los asesinados y socavando la dignidad de las víctimas como personas, a la vez que se les escamotea la justicia que merecen. Todos ellos se convirtieron en víctimas por ser españoles y por defender el Estado de Derecho y la Constitución".

En referencia al chivatazo a ETA, más conocido como el "caso Faisán", Ortega Lara señaló que "supone la mayor humillación a las víctimas, a los propios policías que arriesgan su vida y a España". Por todo ello consideró que "los responsables políticos de este chivatazo debían haber dimitido y tenían que estar procesados por colaboración con banda armada y por traición".

Ortega Lara, que está convencido de que el Gobierno socialista permitirá de nuevo a ETA presentarse a las elecciones, piensa que por todo ello "la rebelión cívica tiene hoy mas sentido que nunca, porque está en juego nuestra libertad, el Estado de Derecho, la pervivencia de España como Nación y el futuro de nuestros hijos". Aunque advirtió que "al igual que ocurriera en otros episodios en nuestra historia pasada, no debemos esperar que nos saquen de este atolladero quienes nos metieron en él. Aseguró que, una vez mas, "tendremos que ser el pueblo llano quienes aportemos un poco de sentido común y de racionalidad frente a la deriva errática de estos gobernantes insensatos".

El encargado de inaugurar estas Jornadas fue Cayetano González, Directorio del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo del CEU, quien aseguró que estos actos tienen un doble objetivo: "rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo y hacen posible que se oiga su voz". Para González, "las víctimas tienen mucho que enseñarnos y nosotros, los que no somos víctimas, mucho que aprender de ellas".

Además, el Director del Observatorio hizo referencia a la situación actual, asegurando que "no son tiempos fáciles ni para las víctimas del terrorismo ni para los ciudadanos tras el conocimiento de los graves hechos acaecidos durante el proceso de negociación del actual Gobierno con ETA". Fue entonces cuando hizo alusión a "las declaraciones hechas el pasado mates en la sede de la soberanía nacional por parte del Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba en las que se mostraba orgulloso de lo que su partido hizo la legislatura pasada durante el mal llamado proceso de paz".

Ante esta afirmación, Cayetano González quiso recalcar que él, "como ciudadano, como español, por razones éticas, morales y democráticas, de quien me siento orgulloso es de personas como José Antonio Ortega Lara, José Antonio Sáenz de Tejada, Mª Mar Blanco, Jaime Mateu y Eloy Morán y de todas y de cada una las 858 víctimas de la banda terrorista ETA y de los 192 fallecidos el 11 de Marzo del 2004 en los trenes del Corredor del Henares".

Cayetano González finalizó su intervención dando las gracias a todas las víctimas del terrorismo, "que son lo mejor de la sociedad y un ejemplo de dignidad y fortaleza moral. Nunca podremos devolverles a sus seres queridos, pero siempre podemos demostrarles todo el cariño, solidaridad y afecto que se merecen".

En esta I Jornada de Víctimas del Terrorismo también intervino la hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA el 12 de julio de 1997. María del Mar Blanco se mostró muy crítica con la actual política antiterrorista del Gobierno de Zapatero: "negociar significa claudicar y justificar los objetivos de los terroristas. La paz nunca puede tener precio político".

Asimismo, la hermana de Miguel Ángel Blanco aseguró que nos encontramos "ante una nueva tregua electoral de ETA. Es mas de lo mismo para volver a las instituciones vascas, conseguir financiación para la actividad terrorista y recabar información". Calificó de "homenaje a las víctimas del terrorismo" el cambio político que se ha producido en el País Vasco con la llegada hace dos años a la Lehendakaritza del socialista Patxi López con el apoyo del PP.

Tomó también la palabra Jaime Mateu, víctima del terrorismo por partida doble: perdió a su padre, Francisco Mateu Cánoves, en un atentado de ETA en 1978 y, años después, la banda terrorista asesinaba a su hermano Ignacio, guardia civil. Mateu hizo un repaso de la actitud de los Gobiernos ante el terrorismo etarra, destacando "la postura cobarde que tuvo la UCD" en este asunto y pidió la dimisión del Ministro del Interior actual. Además, aseguró que para combatir el terrorismo, es preciso que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sigan aplicándose como hasta ahora; que no haya una negociación, "porque ello implica que haya vencedores y vencidos"; y que la sociedad apoye los movimientos de víctimas. Mateu finalizó diciendo que "no perdono, ni olvido pero no vivo con odio".

Por su parte, José Antonio Sáenz de Tejada relató cómo conoció la noticia de que ETA había asesinado a su hijo, el guardia civil Carlos Sáenz de Tejada, y a su compañero, Diego Salva en Mallorca el 30 de julio de 2009. Sáenz de Tejada, visiblemente emocionado ya que ayer se cumplían 20 meses de la muerte de su hijo, pidió que "si Dios existe, que den caza a los asesinos y que terminen con esta barbarie".

Eloy Morán, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, contó a los asistentes cómo se convirtió en víctima aquel fatídico día. Aseguró que "esos ataques no iban dirigidos solamente contra quienes viajaban en los trenes, sino también contra todos aquellos españoles que defienden los valores democráticos. Siete años después de la masacre del 11M, Morán mostró su indignación porque "aún no se ha hecho justicia, ni se ha puesto a quienes perpetraron la masacre en la cárcel", haciendo alusión también a las irregularidades cometidas en torno a la investigación.

La I Jornada "Víctimas del Terrorismo: Memoria, Dignidad y Justicia" continuará en la tarde de hoy en Burgos con una mesa redonda en la que tomarán parte, el Presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti; la portavoz de UPyD, Rosa Díez y el exsecretario general de los socialistas vascos y actual Presidente de la Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo Terreros.

El Supremo dice que ETA creó Sortu para volver a negociar con el Gobierno


MARÍA PERAL / Madrid/ El Mundo

El auto de la Sala del 61, que deniega la inscripción del nuevo partido, sostiene que «es ETA la que abre el escenario político» y es el «garante último del proceso»
La resolución, basada en cuatro documentos incautados a la banda, establece que «ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna» para la creación de Sortu
Según el Supremo, Zapatero embustero «ETA autoriza incluso a Batasuna a que denuncie sus propios atentados en un esquema acomodaticio» para poder pactar con Eusko Alkartasuna
«ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia», afirma el Tribunal Supremo en la resolución por la que no autoriza la inscripción de Sortu como partido.

La Sala del 61 utiliza una «esclarecedora y sólida» prueba directa y no meros indicios: cuatro documentos de ETA y tres de la ilegalizada Batasuna, entre otras pruebas que le permiten concluir que la banda terrorista diseñó en 2009 una estrategia para volver a la vida política e institucional, estrategia «que ha sido seguida por Batasuna».

«Nada impide», dice el Tribunal, que personas que formaron parte de partidos ilegalizados puedan formar un nuevo partido. El problema es que, en el caso de Sortu, «no se ha producido una ruptura radical e irreversible de ETA ni, sobre todo, auténtica».

De los cuatro textos de ETA que permiten al Supremo afirmar que Sortu es un intento de defraudar la ilegalización de Batasuna, el documento clave es el titulado Proceso democrático. Reflexión sobre la alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal Herria. Está fechado en agosto de 2009 y fue incautado en abril de 2010 en el despacho de la abogada Arantza Zulueta, encausada como miembro de ETA y una de las destacadas asistentes a la presentación de la nueva formación política en el Palacio Euskalduna, el pasado 7 de febrero.

De la importancia que el Supremo otorga a ese documento da fe el hecho de que le dedica 22 de las 217 páginas de la resolución, cuya redacción se debe al magistrado Carlos Lesmes. El contenido del auto fue visado ayer por la Sala del 61 y fue firmado por los magistrados.

ETA admite en Proceso democrático que la banda «muestra limitaciones para responder a la represión salvaje» y está «en un empate infinito» respecto al Estado. Al mismo tiempo, «la Izquierda Abertzale, como consecuencia de su ilegalización, ha mostrado debilitada su capacidad de influir», dice la banda terrorista.

Por ello, ETA plantea en el documento una nueva estrategia que pasa por una «dirección política para levantar los topes del Estado». «Ésa es, y no otra, la gran tarea de la Izquierda Abertzale», indica el documento de la banda.

La resolución judicial analiza detenidamente cómo la estrategia diseñada por ETA en Proceso democrático es -punto por punto, utilizando los mismos conceptos y hasta con párrafos similares- plasmada unos meses después en dos documentos de Batasuna, Clarificando la fase política y la estrategia, y Zutik Euskal Herria. Según los abogados de Sortu, esos dos textos de Batasuna reflejaron el debate interno celebrado entre noviembre de 2009 y febrero de 2010 por las bases de la izquierda abertzale, que habrían concluido con un abandono de la violencia como instrumento de acción política y una ruptura con ETA. Zutik Euskal Herria sería, así, la base ideológica de la que surge Sortu.

Lo alegado por los abogados de Sortu «no se corresponde con la realidad», afirma el Supremo. Y se basa no sólo en que los documentos de Batasuna «recogen la estructura» de la estrategia que ETA diseña en Proceso democrático, sino también en que los pasos que ha ido dando la organización terrorista en paralelo a la constitución del nuevo partido ponen de manifiesto que existe «un concierto permanente entre ETA y Batasuna». En esa clave se interpreta el «alto el fuego» declarado por la banda en enero de 2010 y la «satisfacción» con Zutik Euskal Herria que ETA ha mostrado en comunicados y entrevistas. «No parece que corresponda al terreno de la lógica que, si fuera Zutik el documento de ruptura con la violencia, la organización terrorista ETA muestre su satisfacción», señala el auto.

Al contrario. «Ninguna ruptura se ha producido ni con la violencia ni con ETA», afirma el Tribunal, y Zutik Euskal Herria, el documento germen de Sortu, refleja «una semejanza sustancial en la definición de fases o estaciones para llevar adelante lo que denominan el Proceso Democrático», que no es sino el plan para conseguir la «autodeterminación» del País Vasco y Navarra.

La primera fase del camino trazado por ETA en Proceso Democrático es «implementar los mínimos democráticos», concepto en el que incluyen el «ejercicio político normalizado», esto es, la legalización de la Izquierda Abertzale, «a los efectos de poder abrir un nuevo escenario de negociación».

Un nuevo «intento de negociación» para alcanzar un «acuerdo político amplio» con el Estado es, precisamente, la fase siguiente diseñada por ETA.

El Supremo destaca el contenido del documento de la banda -de 2009- según el cual «el Estado y ETA acordarían las condiciones que necesita el proceso. Ahí se situarían los mínimos democráticos (ejercicio político normalizado, interrupción de la represión salvaje, acuerdo de no ataque/arresto».

La Sala destaca que, en ese proceso, «la función de ETA es abrir el escenario político» y «tutelar los pasos que se van dando». «Sin abandonar la lucha armada», añade, «se concede a sí misma la facultad de adecuar esta lucha armada, en cada momento, al nivel y progreso de la lucha popular».

ETA «adapta la presión de la violencia, según el plan manifestado en sus documentos, al marco que necesita para acceder a las instituciones a través de la estrategia -sólo aparentemente desconectada de ETA- de una Izquierda Abertzale que lleva ocho años intentando superar su ilegalización», recuerda el Tribunal.

El 10 de enero, la banda declara un «alto el fuego» y el 7 de febrero destacadas personas de Batasuna presentan el nuevo movimiento político. «Hay un pleno entendimiento entre ETA y Batasuna para sacar adelante el proyecto que más les preocupa en este momento histórico, que no es otro que el de la legalización de esta última ante la proximidad de las elecciones».

A ese objetivo se subordina toda la estrategia y en esa clave se interpreta el rechazo a la violencia que ETA «autoriza» en otro de los documentos manejados por la Sala del 61. Earen proposamenaz II es otro texto incautado en el despacho de Zulueta en el que se analiza un posible acuerdo político con Eusko Alkartasuna. «La coalición [con EA] tiene que denunciar cualquier violación de los derechos humanos incluidas las ekintzas [acciones] de ETA». Para el Supremo, «la banda terrorista está dispuesta a hacer especiales concesiones, autorizando incluso a Batasuna a que denuncie los propios atentados de ETA, de donde podemos deducir que la denuncia de la violencia por parte de Batasuna -podríamos decir lo mismo de aquellas organizaciones sobre las que se proyecta- responde más a un esquema meramente acomodaticio o interesado según las circunstancias que de verdadera convicción».

Olor a caca


DAVID GISTAU / El Mundo

Zapatero habla como caminan los zombis, pero sin asustar. Ayer intentó convertir el vestigio plomizo de su verbo en un dardo narcótico para dormir faisanes. Y para demorar la sesión de control, a la que temí que no llegáramos todos por el recuerdo de aquella escena de Aterriza como puedas en la que un pasajero se rociaba gasolina y estaba dispuesto a quemarse con tal de no seguir soportando la tabarra de la ancianita sentada a su lado. Tan lastimosa fue la visión de un presidente convertido en un murmullo al que nadie atendía, que de su propia bancada brotó una voz agónica y sincera: «¡Qué pesado es este tío!». No haberle votado. Lo único entretenido ocurría en el pasillo, donde José Bono, camino del confesionario donde se hace besar el anillo, incorporó a Barreda al photocall de la sucesión. Sólo le falta posar con Chacón para tener en el bolsillo todos los boletos de la tómbola sucesoria, que él ya ha ganado pase lo que pase.

Por fin, la sesión de control arrancó, ya superada la hora del vermú. Y hasta Zapatero despertó para replicar con un timbre de rabia una apasionada intervención de Rosa Díez sobre recortes sociales, penurias de las clases medias y gozos de los ricos con tirantes rojos. Díez percutió en la mala conciencia de quien antaño acudía a las portadas de las revistas femeninas para decirse rojo como quien tensa bíceps morales, y por eso reaccionó como un Dorian Gray que acabara de descubrir la fealdad delatora de su retrato espiritual. Menos dificultades tuvo con Rajoy, quien todavía se resiste a entrar en el Faisán, aun cuando este escándalo se ha convertido en un asunto político principal. En el tercio de la muleta y la espada, el supuesto matador sigue delegando en la cuadrilla. Se diría que el PP concentra el fuego sólo sobre Rubalcaba para cobrarse su cabellera, y así deja limpio e intacto a quien, conviene recordarlo, era jefe de Gobierno y último responsable cuando el chivatazo. El Míster X de esta reminiscencia tardofelipista a la que sólo le faltan un Amedo choteándose y unos cuantos abrazos a la puerta de una cárcel. Por estos síntomas se nota que al presidente lo da Rajoy por amortizado, y que no va a desviar un solo esfuerzo en él.

Vamos con Rubalcaba. Estuvo nefasto ante Sáenz de Santamaría, que lo desarboló con un minucioso balance negativo de su vicepresidencia y con una imagen poderosa: «Exponente de final de ciclo». Otra cosa es que Rubalcaba sea un personaje proteico que ya ha sobrevivido a algún otro final de ciclo e incluso a la extinción de alguna especie. Pero, extraviado esta vez en la senda del humor, no supo responder sino con una referencia escatológica a sus propias descomposiciones intestinales: y creíamos que lo que olía era el chivatazo, pero se ve que no. Ante Gil Lázaro, híbrido de Catón y el cobrador del frac, que clavó una estaca al Gobierno que iba a ser el que merecía España, el vice sólo pudo intentar ligar a su destino el de cuatro cuerpos policiales diferentes y motejar de bazofia las pruebas de cargo políticas que pesan a su porvenir como una plomada al buzo. En eso estamos de acuerdo: lo que hemos ido sabiendo es una bazofia; de hecho, es la reducción del Estado a bazofia. Luego bla, bla, bla, que si la extrema derecha: contramedidas calcadas de cuando el GAL.

«Si el Gobierno negoció con ETA, lo denunciaré»


MIKEL SEGOVIA / Bilbao / El Mundo

Urkullu dice que las actas que elabora la banda «tienen un anverso y un reverso»

Zapatero embustero

Con ETA no se negocian cuestiones políticas y, si se hace, habrá que denunciarlo. La afirmación se vertió ayer en Sabin Etxea, la sede central del PNV, y la hizo su presidente, Iñigo Urkullu. El dirigente nacionalista llegó incluso a asegurar que actuará en caso de confirmarse que el Gobierno de Zapatero planteó acuerdos de carácter político a la banda: «Evidentemente que lo denunciaré». Para Urkullu, no cabe ninguna duda de que cualquier cuestión de este tipo compete en exclusiva a los partidos políticos y no a «otros agentes». Preguntado por el carácter que tuvo la negociación que, junto a EA y la izquierda abertzale, mantuvo su partido con ETA en 1998 y que dio lugar al Pacto de Lizarra, Urkullu evitó referirse a la misma. El dirigente jeltzale se limitó a asegurar que a él sólo le corresponde la responsabilidad del PNV de su tiempo.

Recordó que entonces, igual que ahora, la credibilidad de las actas de ETA centró el debate. Señaló que ahora, desde las filas del PSOE, se reclama la credibilidad que entonces ellos negaron al PNV cuando cuestionaron los documentos hechos públicos por la banda y en los que detallaba su análisis de las negociaciones. «Esa misma credibilidad se negó al PNV cuando dijimos que lo que publicaba ETA no era realmente lo que había sido». Sobre la veracidad o no de las actas etarras conocidas recientemente, el presidente del PNV prefirió «no entrar» a valorarlas ni a analizar si lo conocido hasta el momento es «la parte o el todo». Apuntó que las actas que suele elaborar ETA tienen «un anverso y un reverso».

Reconoció que el PNV sigue «con interés» todo lo relativo al caso Faisán y las negociaciones posteriores conocidas ahora y que habrían mantenido representantes del Gobierno y de la banda. Reiteró que en las mismas no se debieron plantear negociaciones de carácter político, que «sólo deben residir» en los acuerdos «entre partidos».

Aseguró que puede «suponer, sospechar o intuir» el papel desempeñado por cada una de las partes implicadas en los contactos que se mantuvieron tras el atentado de la T-4, pero evitó desvelarlo.

En relación a la reunión que el pasado lunes mantuvo con Zapatero en La Moncloa, Urkullu reconoció que volvió a trasladar al presidente del Ejecutivo la necesidad de legalizar Sortu, de modo que se pueda «garantizar» la participación de todas las sensibilidades en unas elecciones.

Por otro lado, la Asociación de Fiscales calificó ayer de «despreciables» los «aspectos vinculados con una actividad terrorista» que revelan las actas de ETA y denunció que su contenido permite apreciar la «instrumentalización política» del Ministerio Fiscal en casos relativos al etarra Jose Ignacio de Juana Chaos o el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.

Rubalcaba nombró negociador a Moscoso antes de ser ministro


M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid / El Mundo

Según declaró el socialista navarro ante el juez Ruz / Eguiguren admitió que «podría» haber habido 65 reuniones con los etarras
Alfredo Pérez Rubalcaba ya controlaba la negociación con ETA antes de acceder al Ministerio del Interior. Así se desprende de las declaraciones, ante el juez del chivatazo, del socialista navarro Javier Moscoso, que afirmó que el hoy vicepresidente primero le llamó para designarle negociador antes de acceder al Ministerio. A preguntas del juez Pablo Ruz sobre la reunión con ETA del 22 de junio de 2006, declara «que cuando le llamaron para confiarle la condición de negociador, lo hizo el Sr. Rubalcaba cuando aún no era ministro. Que le dijeron que la negociación comenzaría 4 ó 5 meses después».

También testificaron bajo secreto los otros dos negociadores con la banda, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez. A preguntas del juez, Eguiguren reconoció que «podría» haber habido 65 reuniones anteriores a la mantenida ese 22 de junio, que lleva la numeración 66 y en la que se habló de las detenciones de la red de extorsión y del chivatazo.

Los testigos tuvieron que explicar sus supuestas palabras a los negociadores etarras como parte de las diligencias reclamadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la llegada de la comisión rogatoria francesa, que incluía las actas con la versión de la banda.

Zapatero embustero Las declaraciones de Moscoso y Eguiguren coinciden en lo esencial: ellos mentían continuamente a ETA y viceversa. El más rotundo fue quien más ha insistido públicamente en defender la negociación. «Se trataba de engañar a ETA», dice Eguiguren en su declaración, sobre la que el juez ha levantado el secreto. «Si se le dijo eso [a ETA], fue otra de las grandes mentiras», añade cuando se le pregunta sobre si realmente el Gobierno había «tapado» que ETA seguía extorsionando.

Los testigos explican que la reunión en la que se habló de la operación contra la red del Faisán tuvo lugar el 22 de junio de 2006 en Ginebra y continuó al día siguiente por la mañana en Montreaux. Se hablaba en castellano, a veces en euskara, en inglés y en alguna ocasión en francés. Una variedad de lenguas que facilitaba las respuestas huidizas ante el juez: «Parece más bien una traducción deficiente del euskara»; «Las palabras escritas no quieren decir literalmente lo que consta escrito», dice Eguiguren.

Moscoso revela que su alias era Antonio, y Eguiguren explica que era Miguel. Josu Ternera era George. identificado también en las actas como EO. Unas actas, explican los negociadores, que no existían como tales. Sí era cierto que se tomaban algunas «notas» y que también lo hacían los mediadores del Centro Henri Dunant. «Sólo tomaron algunas notas porque no se permitía ningún instrumento que permitiera la reproducción mecanográfica o de otro tipo de lo que allí se hablara», declara Gómez Benítez. Requerido por el juez Ruz, el Gobierno ha respondido a la Audiencia Nacional que no tiene en su poder ningún acta. Es decir, que de momento no hay con qué contrastar los papeles de ETA.

Eguiguren y Moscoso -Gómez Benítez no estuvo en la reunión de junio- explicaron al juez que se enteraron por EL MUNDO de que el juez Grande-Marlaska investigaba el chivatazo y que decidieron aprovecharlo como baza en la reunión que iban a mantener horas después con Ternera.

El interrogatorio a Gómez Benítez fue el más largo y el más tenso, en particular cuando quiso eludir las preguntas de la Fiscalía sobre la identidad de los mediadores y etarras que participaron en las reuniones. Finalmente, el juez le excusó de darlos. En su declaración ante el instructor, el entonces abogado del juez Baltasar Garzón y del PSOE, dice que los etarras le presentaron en una reunión en septiembre de 2006 una lista de 58 detenciones que supuestamente incumplían lo pactado. La respuesta del vocal a ETA fue «que el Gobierno no tenía responsabilidad en ese tipo de detenciones», a las que los negociadores denominaban «judiciales».

«Me dijo que comenzaría 4 o 5 meses después»

El que fuera ministro de la Presidencia y fiscal general con el Gobierno de Felipe González tuvo un papel estelar en el llamado proceso de paz. Javier Moscoso se convirtió en uno de los interlocutores del Ejecutivo con ETA. En su declaración ante el juez Ruz asegura que cuando le llamaron para confiarle «la condición de negociador» «lo hizo el señor Rubalcaba cuando aún no era ministro». Moscoso aseguró que le dijeron que «la negociación comenzaría 4 o 5 meses después y que nunca antes de que el presidente hiciera público el comienzo del proceso con ETA».

El negociador relató a Ruz que Rubalcaba le dijo «que fuera a la reunión con el otro testigo protegido» [en referencia a Eguiguren] y dándole instrucciones de que debía ser corta y que «fueran a escuchar». Fue la primera cita a la que acudió.

Moscoso dijo ante el juez que desconocía «todo el proceso anterior». Aseguró que acudió a los encuentros que se celebraron los días 22 y 23 de mayo de 2006. «La primera reunión empezó muy tarde y al buscar periódicos españoles vieron la noticia de que el juez Marlaska había iniciado una investigación sobre un presunto 'soplo'»; cree que fue «el periódico EL MUNDO en la edición de ese día». Asegura que la reunión fue «muy tensa». El verbo recordar es uno de los más utilizados. A gran parte de las preguntas, el interlocutor del Gobierno responde con un «no recuerdo».

Rubalcaba, desde el primer momento, le hizo saber su deseo de que los negociadores «no tuvieran ninguna relación con la seguridad del Estado», ya que esa circunstancia había perjudicado procesos anteriores. Moscoso aseguró que nunca mantuvo contacto con mandos policiales. «La negociación ha ido por un lado y el aparato del Estado, por otro», señaló.

Sobre la posible existencia de actas, aseguró que «se tomaban notas, pero que en ningún caso acta como tal». Sostiene que en ningún momento eran «actas formales»

«Se mentía de forma descarada»

«Quiere hacer constar que [...] el declarante y otras personas intentan hacer todo lo que puedan para contribuir al diálogo, en muchas ocasiones mentir de forma descarada, como también hacía la otra parte. Que eso era asumido por las dos partes y que desde el principio la filosofía del proceso era intensificar la presión policial». Ésas son las palabras que el presidente del PSE quiso que antecedieran a un interrogatorio sobre el que tenía «reparos». En otro momento, dice que «quiere que conste que no seguían órdenes expresas del ministro, sino que era una negociación previa».

«Preguntado por S. Sª. si se trataba de la reunión numero 66 dentro del mismo proceso de diálogo con ETA -ya que así parece derivarse del propio título del acta-, contesta que podría ser ese número, ya que hubo una primera fase de prediálogo para fijar la hoja de ruta, una segunda entre el PSOE y ETA, donde estaría englobada esta reunión». Añade que asistió como miembro del PSE, y Moscoso del PSOE, y que «en esa reunión no había representantes del Gobierno».

«Preguntado por S. Sª. si se refieren a las 13 detenciones del día 20/06/2006 como 'un grave accidente' contesta que no recuerda una expresión similar. Que su papel era demostrar que los políticos no podían detener las actuaciones judiciales». Eguiguren tampoco recuerda que se dijera que «la Guardia Civil sólo obedece al duque de Ahumada» y cree «imposible que se dijera que esas órdenes [no detener] no se pueden dar por escrito». Cuando el fiscal le pregunta «si en algún momento se le dijo que habían cambiado al fiscal jefe de la Audiencia para favorecer el proceso» la respuesta es «que no se dijo».

Sobre si accedió a la carta de ETA para Gorburu -presidente del Gobierno- «contesta que acceso no, que sí hubo una carta en esas fechas» de la que «no vio su contenido», aunque sabe que era «anodina», recogía quejas de ETA y no mencionaba el Faisán.

«El Gobierno no es responsable de esas detenciones»

El juez Ruz preguntó al vocal del CGPJ Gómez Benítez sobre la reunión del 26 de septiembre de 2006, en la que los negociadores dicen, según las actas de ETA, cosas como «Marlaska nos superó» y «en todo caso no hay detención achacable al Gobierno» y que «se comenzó la etapa del alto el fuego de la peor manera, esto es Marlaska». Tras un «no creo haber dicho esas palabras», añade: «Mi intervención, y por eso al principio me identifiqué como abogado, fue intentar marcar el terreno de que el Gobierno no tenía ninguna responsabilidad en las detenciones que marcaban los jueces [...] las 58 detenciones que habían puesto sobre la mesa, salvo tres o cuatro, todas eran judiciales, y las que no eran judiciales se habían producido en controles accidentales de carretera».

La explicación al juez sobre otra frase recogida en las actas -«lo intentaremos [parar las detenciones] y en ocasiones lo conseguiremos, pero no siempre»- es que «cree que son unas malas notas de lo que allí se habló. [...] En ese contexto [evitar la ruptura del proceso] se puede haber referido en algún momento a que ojalá que no se produjeran tantos 'accidentes', pero no eso de parar las actuaciones en la Audiencia Nacional».

Cuando el fiscal le pregunta si estuvo presente Josu Ternera, Gómez Benítez responde que «prefiere no identificar» porque «no aporta nada a la investigación» y le pone a él en peligro «de muerte por atentado», añadiendo que uno de los tres etarras le dijo que «lo que le pasara a él le pasaría al declarante». El juez acepta su silencio.

El fiscal del caso también le pregunta «a quién debían dar cuenta a la finalización de las reuniones». «A nadie» responde, y añade «que su contacto era un agente de seguridad de la Guardia Civil por si había que dar alguna nota urgente y que eso sucedió en una de ellas pues hubo amenazas de muerte contra varias personas».

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El PP a Rubalcaba: «Las actas de ETA le ponen contra las cuerdas»

El vicepresidente dice que Gil Lázaro lleva al Congreso la «bazofia» de los etarras
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro volvieron a enfrentarse ayer en el Pleno del Congreso, una semana más, a costa del chivatazo que recibió en 2006 el presunto responsable del aparato de extorsión de ETA, advirtiéndole de que iba a ser detenido. Esta vez, con el añadido de que EL MUNDO ha publicado las actas de reuniones mantenidas por enviados del Gobierno de Zapatero con representantes de la organización terrorista vasca.

Como la pregunta sobre el caso Faisán era esperada, igual que cada miércoles, en cuanto Gil Lázaro se levantó en su escaño para formularla durante la sesión de control al Gobierno, se escucharon desde la bancada de los socialistas rumores y comentarios que el presidente de la Cámara, José Bono, tuvo que acallar.

El diputado Gil Lázaro, que desde hace un año pregunta cada miércoles a Rubalcaba por este caso, volvió a acusarle de intentar «tapar su responsabilidad política» en el chivatazo. Pero, en esta ocasión, añadió: «Las actas de ETA le ponen a usted contra las cuerdas».

El vicepresidente primero y ministro del Interior volvió a decir a ese diputado que cada semana trae al Congreso un «arsenal de infamias». Pero añadió algo más: «Hoy ha sumado las de ETA. Bazofia de ETA es lo que ha traído usted a esta Cámara», añadió Rubalcaba.

El debate entre ambos se desarrolló, textualmente, así:

- Ignacio Gil Lázaro: ¿Cómo valora que el fiscal pida la imputación por el chivatazo del que fue su director de la Policía?

- Alfredo Pérez Rubalcaba: No la valoro, porque no la ha pedido.

- I. G. L.: Señor ministro, es conocido en el ámbito procesal y en el ámbito de los medios de comunicación. El problema es que usted ha tratado de hacer ahora un nuevo truco, sacar de la Audiencia el chivatazo para tapar su responsabilidad política. Sin embargo, las actas de ETA le ponen a usted contra las cuerdas.

Diga usted si es cierto o no que trataron de evitar las detenciones del día 19 de junio, que pidieron excusas por ellas, que dijeron compartir la irritación de la banda, que dieron órdenes verbales para que no hubiera más detenciones, que ocultaron cartas de extorsión, que le ofrecieron a ETA dinero de todos los españoles, que hicieron cambios en el Gobierno y en la Fiscalía ad hoc y que, finalmente, dijeron que había que tapar el discurso real del fin del proceso porque el acuerdo político era posible y porque estaban dispuestos a sacar a los asesinos.

Mire usted, ¿damos nosotros fiabilidad a ETA? Usted avalará el contenido de las actas si elude dar explicaciones claras. Por lo demás, fueron ustedes, en un momento muy dramático, quienes dijeron que ETA mata, pero no engaña. ¿Acaso ya no le vale a usted, señor vicepresidente, esa sentencia?

Los españoles tienen derecho a saber si el Gobierno les mintió y se transgredió la ley. Este grupo parlamentario está hoy donde siempre estuvo, con las víctimas, con los jueces y con la Policía; y por eso algunos no pudieron poner al Estado de rodillas. Usted sigue estando también donde siempre ha estado, con la manipulación y con el engaño. España, señor vicepresidente, no se merece que alguien como usted se atrinchere en la mentira.

Aquí no hay más infamia que su silencio. Por eso, de una vez por todas diga la verdad, pida perdón a los españoles y márchese a su casa. Ante la evidencia acreditada del chivatazo y ante la ignominia de lo que dicen las actas de ETA, usted ya no tiene margen para más trucos, insultos, engaños, guasas ni evasivas.

- A. P. R.: Señor Gil Lázaro, al habitual arsenal de infamias que trae usted a esta Cámara, hoy ha sumado las de ETA. Bazofia de ETA es lo que ha traído usted a esta Cámara. Ustedes, que cada vez que ETA saca un comunicado dicen que es mentira, que es todo una falsedad, cuando aparecen unos documentos de ETA que pueden perjudicar al Gobierno, entonces sí, entonces es verdad y el Gobierno tiene que dar explicaciones, entonces es dogma de fe.

Usted sabe perfectamente que son documentos llenos de mentiras, de omisiones y de manipulaciones. Lo sabe usted perfectamente, pero quiere traer aquí este debate porque cree que le interesa. Ustedes, eso sí en nombre del Pacto Antiterrorista, son los únicos que a esta Cámara traen este tipo de debates, porque el resto de los grupos de la Cámara no. ¿Se ha planteado alguna vez por qué?

De las novedades procesales hay una que a usted no le interesa mencionar, y es que por la Audiencia Nacional han pasado los responsables de la Policía, de la Guardia Civil, de la Policía Autónoma Vasca y de la Policía francesa. Han sido preguntados por el juez si recibieron instrucciones del Gobierno de parar la lucha antiterrorista y han dicho: 'No, justamente al contrario, apretad más que nunca'. Eso han dicho ante la Audiencia. ¿Sabe por qué? Porque es lo que les dije yo, eso y solamente eso.

Y porque hicimos eso, evitamos que pasara en esta tregua lo que pasó en la tregua del año 1998. Por eso estamos hoy aquí, señor Gil Lázaro, por eso. Estamos hoy aquí por eso. Ustedes dialogaron con ETA, y ETA rompió el diálogo; nosotros también, y ETA también lo rompió, pero ahora las cosas son distintas porque ETA perdió política y policialmente la tregua por la acción, entre otras cosas, de este Gobierno. Por eso estamos al final del terrorismo y eso, señor Gil Lázaro, usted no debe olvidarlo nunca. Y ahora márchese a esas televisiones de extrema derecha y dígales… Sí, sí, sí, márchese usted a esas televisiones y dígales que la Policía española, la Guardia Civil española, la Ertzaintza y la Policía francesa han ido al juez a mentir para salvar la cara a este Gobierno y a este ministro. Dígaselo si se atreve, señor Gil Lázaro.

[El debate estuvo plagado de comentarios, rumores, protestas y aplausos procedentes de ambos grupos a favor o en contra de sus compañeros de partido.

Cuando terminó la intervención de Rubalcaba, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad dijo en voz alta: «¡Muy bien!». Los diputados socialistas premiaron al vicepresidente con un prolongado y caluroso aplauso.

miércoles, 30 de marzo de 2011

Federico Jiménez Losantos: "Rubalcaba irá a la cárcel y Zapatero le dará una palmadita"


"Como Felipe con Barrionuevo"

Jiménez Losantos comenta que debería pasar en España por el chivatazo. Sin embargo, teme que la justicia haga como con los GAL.

2011-03-30
Libertad Digital
esRadio

Federico Jiménez Losantos ha recordado en Es Noticia que "cuando Ansón regentaba el ABC inventó una fórmula para explicar el pánico de Felipe González a la cárcel por los GAL, lo llamó el horizonte penal de González".

Según el director de Es la Mañana... "El horizonte penal de Zapatero y Rubalcaba es mucho peor que el de González porque ha habido más muertos que en los GAL, los que ha matado ETA durante la negociación y en la T-4".

"Qué va a pasar", se pregunta Federico. "Depende, porque si en España hay justicia irán a la cárcel, si la justicia es como la de Felipe González, Rubalcaba irá a la cárcel y Zapatero le dará una palmadita en la espalda, lo que hizo Felipe con Barrionuevo".

El Gobierno dijo a Ruz que no tenía las actas de la negociación con ETA


RECLAMADAS POR EL INSTRUCTOR

Continúan saliendo datos del levantamiento de parte del sumario del caso Faisán.

Eguiguren, uno de los emisarios del Gobierno,

2011-03-30
Libertad Digital
ángela martialay

El Ministerio del Interior no aportó a la causa del chivatazo a la red de extorsión de ETA sus actas de negociación con la banda criminal porque, según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el Ejecutivo alegó que esos documentos no existían ya que emisores no tomaron notas por escrito de los encuentros con los terroristas. Por este motivo, el Gobierno dijo no podía entregarle al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

En el auto hecho público este martes donde se alza parte del secreto del sumario, el juez señalaba que había solicitado los datos del encuentro que tuvo lugar el 22 de junio de 2006 entre ETA y los tres emisario del Gobierno porque "su realidad, alcance y significado" es "preciso aclararlo y valorarlo" ya que "se considera pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la presente investigación en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados".

Dicha reunión se produjo dos días después de que la Policía detuviera a trece miembros de la red de extorsión de la banda criminal; los mismos etarras que no pudieron ser arrestados un mes y medio antes porque se frustró la operación en torno al establecimiento de Joseba Elosúa.

Para profundizar en esta línea de investigación, Ruz acordó la práctica de diversas diligencias enviadas a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En concreto, el magistrado preguntó si constaban en el Ministerio del Interior antecedentes o documentación relativos a la citada reunión, quiénes estuvieron presentes, si el Ejecutivo conservaba el acta o resumen alguno de dicho encuentro por parte del Gobierno, que facilitara la identidad de sus emisarios, informando al mismo tiempo de las responsabilidades públicas que hubieran tenido en el pasado.

Según publicó El Mundo, los encuentros entre delegaciones del Gobierno español y ETA se celebraban bajo la atenta mirada de un 'observador imparcial' del centro de mediadores suizo Henry Dunant para el Diálogo Humanitario, encargado de redactar las actas oficiales de cada reunión, en las que se incluían punto por punto todos los temas tratados en el encuentro, los participantes en el mismo y que incluían la firma de todos los presentes.

Concluido cada encuentro, los mediadores del centro llevaban las actas hasta un lugar seguro, sin facilitar copia de las mismas a los participantes. Las actas estarían guardadas bajo llave, "en rigurosa y sofisticada custodia", en una caja de seguridad de una entidad bancaria suiza.Tan ocultas por un acuerdo previo que ni siquiera un futuro gobierno del PP podría sacarlas de allí. Esta hipótesis verificaría que el Gobierno no tiene en su posesión las actas que el juez reclamó hasta en dos ocasiones.

Por otro lado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sí que identificó a sus interlocutores a los que posteriormente Ruz tomó declaración en calidad de testigos. Se trata de tres emisores autorizado por el Gobierno para negociar con la banda criminal: el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez y Javier Moscoso, exministro de Presidencia de Felipe González.

Además, en el marco de estas diligencias, el magistrado también interrogó a diversos mandos policiales del momento en el que se produjo el soplo. Según han señalado fuentes de la investigación, estos testigos negaron haber recibido presiones por parte del Gobierno para rebajar la intensidad en la lucha antiterrorista y reducir el número de detenciones a miembros de ETA.

Ruz investiga si detrás del chivatazo se cometieron dos delitos: uno, de revelación de secretos (penado con hasta tres años de prisión) y otro, de colaboración con banda armada (cuya condena máxima es diez años de cárcel según la legislación vigente).